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"Pide Senador a Comisión Permanente del Congreso rechazar consulta popular para planta de amoniaco en Topolobampo"

"Según Julen Rementería, legislador panista por Veracruz, desahogar dicha consulta ilegal en torno a la construcción de la nueva planta de fertilizantes de amoniaco, sería un durísimo golpe a la confianza de los inversionistas, lo cual se agravaría si el resultado de dicha consulta fuese precisamente en el sentido de cancelar la obra"

Julen Rementería del Puerto, Senador del Partido Acción Nacional, agendó un punto de acuerdo para que este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechace la consulta popular que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para determinar si se continúa o no la construcción de la planta de producción de amoniaco, que construiría la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en Topolobampo, Ahome, Sinaloa.

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza, por devenir ostensiblemente inconstitucional, el planteamiento formulado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita del 5 de agosto de 2020 a Sinaloa, de realizar una consulta popular para determinar la continuidad de la obra de infraestructura para la fabricación y almacenamiento de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa", se lee en el recurso.

Según el legislador panista por Veracruz, desahogar dicha consulta "ilegal" en torno a la construcción de la nueva planta de fertilizantes de amoniaco, sería un "durísimo" golpe a la confianza de los inversionistas,"lo cual se agravaría si el resultado de dicha consulta fuese precisamente en el sentido de cancelar la obra, tal como ha ocurrido con otros proyectos recientemente", indicó.

La obra en ejecución no puede ser materia de una consulta ciudadana ya que sería claramente inconstitucional, "porque a partir de la reforma constitucional en materia de consulta popular del 20 de diciembre de 2019, el artículo 35, fracción VIII, numeral Tercero, prohíbe expresamente someter a consulta popular obras de infraestructura en ejecución", explicó el Senador.

"No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta", indica el artículo 35 constitucional.

El 5 de agosto, de gira de trabajo por Sinaloa, el titular del Poder Ejecutivo federal propuso que el futuro de la planta de fertilizantes se decida través de una consulta ciudadana, ante las protestas que ha generado el proyecto, que tendría una inversión total de 5 mil millones de dólares y permitiría producir hasta 800 mil toneladas anuales de NH3.

Según la empresa GPO, el objetivo de la planta es disminuir los precios del fertilizante, el cual es un insumo indispensable para el campo. También generaría un beneficio económico a la entidad, al generar 2 mil empleos temporales y 300 permanentes en la comunidad de Topolobampo, además de que sería un detonador en la generación de trabajos indirectos.

Según lo dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en un comunicado, el proyecto fue aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), del propio Gobierno Federal.

Asimismo, indicó la COPARMEX, la tecnología y autorizaciones de la planta fueron avaladas por el prestigioso Centro Mario Molina, del Premio Nobel de Química. También cuenta con el visto bueno del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI ) y del Grupo Interinstitucional de Asesoría Técnica (GIAT).

Además, según el Sindicato Patronal, cumple con requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), y del Banco Mundial, en materia social y de medio ambiente. También es auditado de forma continua por entidades independientes por motivos de financiamiento.

Aunado a ella, la planta está localizada en una zona industrial, ya impactada por infraestructura de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Administración Portuaria Integral (API) de Topolobampo, indicó la COPARMEX.

Además, señaló el organismo empresarial, GPO anunció la implementación de 12 programas sociales en beneficio directo de la comunidad, entre estos: un laboratorio de larva de camarón; una comercializadora de camarón (para disminuir el coyotaje en detrimento del pescador); el saneamiento de la Bahía de Ohuira y del Maviri.

Asimismo, la empresa aseguró que brindará asesoría legal y administrativa a cooperativas y pescadores independientes. También mejorará la infraestructura urbana, escolar y deportiva de la comunidad; realizará brigadas médicas; otorgará becas escolares; y establecerá un programa de rescate de lenguas y tradiciones indígenas.

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