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VIOLENCIA EN SINALOA
Piden medidas cautelares para familias amenazadas en Pánuco
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos urge al Gobernador a actuar para pacificar la sierra de Concordia y atender a las personas desplazadas forzadamente
Sibely Cañedo
31/05/2018
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Foto: Noroeste

Medidas de protección urgentes, exige la Comisión de Defensa de los Derechos en Sinaloa (CDDHS) para las siete familias que denunciaron amenazas de un grupo armado en el pueblo minero de Pánuco, Concordia, a las que se dio de plazo hasta el martes para abandonar el lugar.

La recomendación de medidas cautelares fue entregada al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel; al Congreso del Estado, y al Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, a quienes se les reclama atender a los desplazados de la sierra de Concordia, que se ha convertido en una zona inestable por la violencia desde mediados del año pasado.

“En primer lugar se pide que las siete famiias amenazadas sean puestas en un lugar seguro y con todas las garantías que establecen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y la Ley de Atención y Protección a Víctimas (del estado de Sinaloa)”, indicó Óscar Loza ochoa, presidente de la CDDHS, una organización de la sociedad civil especializada en la defensoría de grupos vulnerables.

En el documento, se instruye a las autoridades a implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los pobladores de esa región, donde se temen nuevos desplazamientos forzados a raíz del asesinato de cuatro personas el 22 de mayo pasado, en un camino rumbo a Pánuco.

Sin embargo, versiones recogidas en las comunidades apuntan a que fueron por lo menos doce las víctimas mortales en este caso, reportó el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), que ha realizado una labor de acompañamiento de los desplazados provenientes de esta zona.

Ante esta grave situación de inseguridad, la CDDHS llama al Gobernador a elaborar y ejecutar un programa de acción para pacificar esta región, así como brindar asistencia a todas las víctimas del desplazamiento forzado.

El MASS estima que, de julio de 2017 a la fecha, cerca de 350 familias han tenido que dejar sus hogares y perder su patrimonio debido a las disputas entre bandas delictivas. La mayoría se han asentado en el municipio de Mazatlán, sobre todo en la sindicatura de Villa Unión.

En su informe anual, la CDDHS advirtió: “que era una irresponsabilidad convocar a los desplazados a regresar a sus lugares de origen si no había condiciones para ello y tomando en cuenta los antecedentes señalados”.

Aun así, la mayoría había regresado a comunidades afectadas como Chirimoyos, La Petaca, Santa Lucía, Potrerillos, El Batel, El Cuatantal y otras más, sin contar con las garantías de seguridad y sin que la causa de los éxodos forzados hubiera desaparecido.

El activista Miguel Jardines, integrante del MASS, señaló que la presencia del Ejército debe ser permanente en este punto geográfico porque, de lo contrario, no se va a poder ofrecer condiciones para el retorno seguro de las familias.

Por el momento, se desconoce si las familias amenazadas ya lograron ponerse a salvo, aunque se dio a conocer que pidieron apoyo a la Tercera Región Militar y a la partida militar ubicada en la cabecera del municipio de Concordia.

 

 

PARA SABER:

¿QUÉ DICEN LOS PRINCIPIOS RECTORES?

Emitidos en 1998, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos es un un conjunto de 33 principios promulgados por la Organización de las Naciones Unidas, que sirven como guía para los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil sobre la prevención y atención de las personas desplazadas forzadamente, así como en el momento del retorno, reubicación o reintegración de las víctimas. Entre otros principios, el Principio 3, dicta:

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

 

 

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