"Política y cuentas públicas en Sinaloa"

‘...El dinero público debería ser sagrado y al margen de los colores partidarios, cuando estas cosas suceden, tanto la ASE como el Congreso del Estado, deben garantizar la más amplia investigación para deslindar responsabilidades y evitar la fuga de dinero público y la impunidad’

Mi cargo está a consideración del Congreso del Estado, he actuado conforme a la ley -afirmó Emma Guadalupe Félix, la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego de que fueron rechazadas por la Comisión de Fiscalización, porque se solventaron sin haber cubierto todas las observaciones que la misma ASE impuso.

Esto exhibe dos tipos de problemas que hay que separar para extraer una conclusión de ambas: el jurídico y el político. La ASE es la instancia constitucional y reglamentaria que tiene el encargo de revisar y dictaminar las cuentas públicas; mientras el Congreso del Estado, igualmente está entre sus competencias revisar, observar y votarlas en el pleno -hasta 2017 era el propio Congreso el que se encargaba de esta tarea técnico-político y eso es parte del debate público.

Ambas instituciones, como se puede apreciar, cumplen funciones distintas pero complementarias y deberían crear un círculo virtuoso en beneficio de la transparencia y la correcta rendición de cuentas de los entes fiscalizables.

Inédito, histórico: ¡Revés a las cuentas públicas de los 18 alcaldes de Sinaloa!

La Comisión de Fiscalización que preside el morenista Marco Antonio Zazueta, por mayoría ha decidido rechazarlas por considerar que en ellas hay fundadas inconsistencias que ameritan una revisión más a fondo y en caso de que haya delitos que perseguir, ponerlas en manos Fiscalía General del Estado y/o vicefiscalía anticorrupción, para que se investigue y aplique sanciones en caso de que se demuestre la presunción de que una fuerte cantidad de recursos públicos terminaron en otro lado distinto al que tenía presupuestado.

Esto abrió un debate sonoro sobre las competencias de una y otra institución. Por ejemplo, Sergio Jacobo, coordinador de la fracción priista asevera con vehemencia que no hay nada fuera de la ley y que la ASE ha actuado conforme a derecho además que el Congreso del Estado no tiene competencias y que aquella es autónoma y profesional en sus funciones de ley.

Y le asiste razón, pero triste papel sería el de un Congreso del Estado que en materia de cuentas públicas se reduzca a ventanilla de partes o peor, mero refrendador con su voto lo que llega desde un órgano autónomo dejando impune los desvíos y robos al erario.

Ahí, es donde la razón política se impone a la razón jurídica, la dignidad a la sumisión, lo que debería llevar a un punto de acuerdo en lo sustantivo. Y es que el dinero público debería ser sagrado y al margen de los colores partidarios, cuando estas cosas suceden, tanto la ASE como el Congreso del Estado, deben garantizar la más amplia investigación para deslindar responsabilidades y evitar la fuga de dinero público y la impunidad.

La lucha contra la corrupción es tarea de las instituciones y estamos viviendo un nuevo tiempo que ya tiene en la ex secretaria Rosario Robles, aun con todas las dudas procedimentales, una muestra de que puede llegar el castigo contra todos aquellos que hacen uso indebido por acción u omisión de los recursos públicos.

Ciertamente la ley, es la ley, pero puede ser rediseñada y en tanto, hay que recordar una larga historia de acuerdos políticos en nuestra vida parlamentaria y democrática, que facilita la cosas cuando el espíritu de justicia se ve acotado por una ley que no favorece valores sustantivos como son la transparencia y la rendición de cuentas, y más cuando no facilita el castigo de quien incurre en este tipo de delitos.

Entonces, estamos viendo que se polarizan las posiciones de los diputados porque evidentemente hay un interés político, los castigos no son en abstracto, sino para personas con nombre y apellido que en caso de ser sancionados penalmente o con una inhabilitación para ejercer un cargo público simplemente quedan fuera de la política.

El caso más escandaloso son la no aprobación de las cuentas del gobernador y el más emblemático las de Jesús Valdés, hoy dirigente estatal del PRI, y en 2017 Alcalde del municipio Culiacán, y es él quien tiene el mayor número de observaciones sobre el manejo de los recursos públicos y aunque se diga otra cosa, se trata de evitar que lo alcancen las sanciones de ley porque salpica a su formación política.

Que el desenlace, habrá de terminar beneficiando a los diputados que se pronuncien por ir al fondo en esta rendición de cuentas que hoy son motivo de discordia se da por descontado. El tema de la lucha contra la corrupción en la esfera pública está en el ADN de la nueva ciudadanía. Ve con buenos ojos que cualquier indicio se combata independientemente del nivel de gobierno y quien sea el funcionario público.

Y lo deberían tener claro, los diputados del PRI y el PAN, que han sido los partidos más castigados electoralmente por este tipo de estrategias y omisiones, cuando por su salud deberían ser los principales adalides de lucha contra la corrupción, pues con ello recuperarían algo de la confianza perdida y los votos que se les han ido.

Eso lo tienen claro los diputados morenistas, aunque sean titubeantes en el caso de sus alcaldes que amenazan medios y periodistas, que desde el primer momento deberían haberlos llamado al Congreso del Estado y conminados públicamente para corregir su comportamiento que nos remite al pasado, ese pasado que queremos dejar atrás y que parecería estar también en estos “protagonistas del cambio”.

Ya veremos además el desempeño de los mismos diputados cuando revisen las cuentas de esos alcaldes de su fórmula, caracterizados por su gasto y beneficios de la sociedad.

En definitiva, el problema de las cuentas públicas hoy en stand by no se resuelven negando competencias al Congreso del Estado, tampoco vetándolas y menos desacreditando a un partido, sino a través del diálogo franco y con clara perspectiva de que llegó el momento de hacer valer la política como instrumento de mejora de la vida pública.