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Por diversas irregularidades, rechazan cuenta pública de Pucheta, ex Alcalde priista de Mazatlán
Pese a que la Auditoría Superior del Estado aprobó el ejercicio del gasto de 2017, la mayoría de Morena y PT le dieron reversa y piden suspensión
José Alfredo Beltrán
14/07/2019
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Foto: Noroeste

CULIACÁN._ La mayoría de Morena y PT en la Comisión de Fiscalización dio un revés al informe de la Auditoría Superior del Estado sobre la cuenta pública de Mazatlán, correspondiente al año 2017.

Esto a pesar de que el órgano técnico fiscalizador emitió un dictamen favorable para el ex Alcalde Fernando Pucheta Sánchez.

El PRI, a través de su única representante en Fiscalización, Ana Cecilia Moreno Romero, emitió un voto en particular.

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El integrante restante, el panista Jorge Villalobos Seáñez, no asistió a la reunión.

La bancada del tricolor reprochó el “revanchismo político” con el que actúa la mayoría morenista y aseguró que esta comisión ya no tiene facultades para aprobar o rechazar informes de la Auditoría.

Sólo tiene atribuciones para emitir observaciones, conforme la última reforma constitucional, a decir de Sergio Jacobo Gutiérrez, líder de la bancada.

Pero los morenistas refutan este argumento.

En el reporte sobre esta Cuenta Pública, elaborado por la Comisión de Fiscalización, se detallan las irregularidades encontradas en el ejercicio de recursos por parte de la Comuna mazatleca.

En este caso, asienta la comisión encabezada por el morenista Marco Antonio Zazueta, la ASE emitió 99 resultados con observación, los cuales derivaron en cuatro recomendaciones, 95 promociones de responsabilidad administrativa y 17 pliegos de observaciones.

“Asimismo”, indica en el documento del que Noroeste tiene copia, “en la revisión practicada se determinó que los pliegos de observaciones, los cuales se toman como referente para medir el impacto en la fiscalización, ascienden a 7 millones 510 mil 276.60 pesos”.

Aunque en el mismo documento se admite que este monto observado “no necesariamente implica recuperaciones o daño a la Hacienda Pública del Estado”, según la ASE.

Y es que el periodo para realizar las aclaraciones vence hasta el 31 de octubre, de acuerdo con la última reforma legislativa en materia de fiscalización del gasto público.

La Comisión de Fiscalización cuestiona que la ASE “omite la presentación detallada de 148 resultados obtenidos sin observación y nueve resultados obtenidos con observación solventada”.

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Esta información, alude, fue presentada en la fracción XI Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas en el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017.

Otro de los señalamientos a la cuenta de Pucheta Sánchez es que se detectó “insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo, originando pasivos sin fuente de pago por importes de 33 millones 659 mil 569.03 pesos”.

La Comisión de Fiscalización puntualiza que las acciones realizadas por el Ayuntamiento de Mazatlán no ha permitido la implementación de un sistema de control interno integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua.

Y considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

“Esta Comisión”, se concluye en el documento, “no comparte la opinión de la Auditoría Superior sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por parte de la entidad fiscalizada”.

Y llama a corregir las irregularidades detectadas.

La cuenta pública de Mazatlán será “subida” al pleno la semana entrante.

Otras irregularidades detectadas

 

1. Pagos de sueldos y demás prestaciones laborales a directivos y empleados comisionados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán con recursos del Municipio.

2. Pagos en exceso del financiamiento a los partidos políticos, debido a que el cálculo lo realizaron con base a salarios mínimos debiendo ser con base a Unidades de Medida y Actualización.

3. Pagos de obras que no se encuentran concluidas ni operando.

4. Omiten aplicar las penas convencionales, por lo cual se determina que la obra no cumple ni satisface los objetivos para el que fue destinada.

5. Volúmenes de conceptos de obras pagados en exceso y no ejecutados.

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