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Por ningún motivo se debe negar derecho a educación de niños de familias desplazadas: SEPyC
La SEPyC instruyó a directores, subdirectores y jefes del departamento de educación básica a otorgar el servicio educativo a todos los niños y adolescentes que no puedan estudiar en sus lugares de origen a causa de la inseguridad
Sibely Cañedo
15/09/2019
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Foto: Noroeste

MAZATLÁN._ Por ningún motivo se les deberá negar o condicionar el derecho a la educación a hijos de familias desplazadas por la violencia, advierte la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa.

A través de una circular a directores, subdirectores y jefes del departamento de educación básica, la SEPyC instruye a otorgar el servicio educativo a todos los niños y adolescentes que no puedan estudiar en sus lugares de origen a causa de la inseguridad, debido a hechos violentos que se han suscitado principalmente en pueblos serranos del sur del estado.

“Todas las escuelas de educación básica deberán de flexibilizar sus requisitos de cupo e inscripción para recibir y atender a los alumnos que se encuentren en esta situación y que deseen iniciar o continuar sus estudios en cualquiera de los niveles educativos”, se establece en el documento, firmado por el subsecretario César Quevedo Inzunza el pasado 5 de septiembre, unos días después del inicio del ciclo escolar 2019-2020.

En estos casos —apunta la misiva— la inscripción deberá realizarse aunque los estudiantes no cuenten de momento con actas de nacimiento, boletas o certificados de estudios anteriores, entre otros documentos requeridos.

Incluso, abre la posibilidad de abrir nuevos grupos en caso de ser necesario y la asignación de maestros para satisfacer esta demanda emergente. Y de no contar con la infraestructura suficiente, se deberá gestionar el funcionamiento temporal del turno vespertino.

“La SEPyC normativamente tiene prohibido el condicionamiento del ingreso (inscripción) y la entrega de documentos oficiales (constancias, certificados o boletas de calificaciones, etc) por la exigencia del pago de cuotas, cualquiera que sea su origen o concepto”, reitera la dependencia.

En cuanto a los éxodos forzados de población, el más reciente se registró esta semana en la comunidad minera de La Rastra, en los altos del municipio de Rosario, donde al menos 30 familias solicitaron resguardo del Ejército para salir de su pueblo y evitar quedar entre el fuego cruzado de pugnas entre bandas delincuenciales.

De acuerdo con el último corte del censo de la Secretaría de Desarrollo Social, hay en Sinaloa por lo menos mil 547 familias desplazadas a causa de la violencia, la mayoría ha migrado desde 2008 de las zonas serranas a las principales ciudades del estado o a las cabeceras municipales. En el sur, se ha documentado la presencia de 572 familias en esta condición, 547 en el norte y 407 en la zona centro.

 

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