"¿Por qué los sindicatos de juntas de agua potable esconden información pública?"

Su origen es de lucha social, pero su contexto histórico también es de control y opacidad, ése es el antecedente de los sindicatos. En Sinaloa, al menos, los 12 vigentes en los organismos de agua potable operan a su modo: se resisten a revelar sus estructuras operativas, los movimientos financieros, salarios, bonos, y cualquier otro “estímulo” que reciben.

Por años los sindicatos no fueron observado en el Estado, pero desde 2016 ya son sujetos obligados, obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa a facilitar a la sociedad información, incluso, el uso y destino de los recursos públicos, porque las cuotas que ingresan por sus agremiados tienen origen en dinero público, son parte del presupuesto de egresos de los Gobiernos municipales.

Noroeste realizó un ejercicio con los 12 sindicatos vigentes en los organismos operadores de agua potable y alcantarillado en municipios del Estado, a través de la plataforma Infomex se les solicitó revelar su estructura interna, número de agremiados, visión, misión, valores, los ingresos por cuotas, y cómo se fiscalizan estas aportaciones.

Sin embargo, sólo tres de 12 respondieron casi todo; nueve evadieron la solicitud.

Los sindicatos que respondieron en tiempo fueron los de Culiacán y Badiraguato que opera en conjunto con Salvador Alvarado; los omisos son Mazatlán, Elota, Angostura, Navolato, Rosario, Mocorito, Concordia, Guasave, y Sinaloa de Leyva.

A cada uno se les envió la misma solicitud de información, se les pidió revelar también nombres y plaza base de cada uno de sus comisionados en Consejos o mesas directivas; salarios mensuales de ellos, los procesos para renovar dirigencias, estructura interna, incluso las direcciones en Internet del sindicato donde los ciudadanos pueden consultarlos.

Sin embargo, en lo general, cumplieron tres de 12.

A pesar de su resistencia, los sindicatos están obligados. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Artículo 103, establece que las autoridades locales deben mantener pública la información de estas organizaciones, entre número de socios, plaza, estatutos, actas de asamblea, y contratos colectivos que incluyan tabulador de salarios.

En el caso de los propios sindicatos, que ejerzan recursos públicos, el Artículo 104 de la misma Ley, los obliga a actualizar y mantener disponible contratos, convenios, directorio, padrón, relación de recursos públicos, en especie, donativos, y el ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Pero esto no lo cumple ninguno de los 12 sindicatos que operan desde los organismos de agua potable de Sinaloa.

Los cumplidos

En el caso de los sindicatos de Culiacán y Badiraguato-Salvador Alvarado, aunque respondieron la mayoría de los datos solicitados, omitieron detalles de la operaciónm de su estructura financiera, uso y destino de cuotas.

El Sindicado de Culiacán respondió que fue fundado en 1968, reveló misión, visión, y valores; su padrón de 531 socios, lo que representa en 41 por ciento de la nómina de la Jumapac. Incluso reveló que los agremiados tienen derecho a suministro de agua sin consto alguno y toma domiciliaria.

Es decir los sindicalizados de Jumapam no pagan consumo de agua potable.

De su estructura informó que está integrado por un secretario general y seis adjuntos; que las aportaciones son voluntarias y que se fiscalizan ellos mismos a través de la Comisión de Hacienda y Glosa.

Entre los beneficios que tiene los agremiados es que la autoridad debe apoyarlos con lentes, becas, bonos por puntualidad, uniformes, canasta básica, zapatos; también tienen derecho a gratificaciones decenales, estímulos (no precisados) y bonos por productividad.

A cambio deben cumplir con sus cuotas, incluso extraordinarias y todas las que acuerden las asambleas. Lo que se reservó fue los salarios de sus comisionados.

En el caso del Sindicato de Badiraguato-Salvador Alvarado informó que opera desde 1985 con una plantilla de 128 trabajadores, equivale al 80 por ciento de la nómina, es decir, mantiene el control interno y se rige por una mesa directiva integrada por 25 miembros.

Reveló también su Comité Ejecutivo, pero con sueldos desproporcionados según el cargo.

Por ejemplo, indica que el Secretario General percibe 387 pesos al mes, mientras que el suplente gana casi el doble, 664 pesos. En la Comisión de Previsión Social el presidente percibe 273 pesos, pero la vocal 382 pesos al mes. Los salarios no corresponden con la jerarquía.

Los omisos

En el caso de los sindicatos de organismos de agua de Angostura, Navolato, Rosario, Mocorito, Concordia, Guasave, y Sinaloa de Leyva no revelaron su funcionamiento. Simplemente no respondieron. El Sindicato de Angostura apenas tiene público su reglamento interno; el de Mazatlán y Elota su información abierta es parcial.

Al margen de su omisión, Noroeste buscó la información en los portales oficiales de cada sindicato y delos ayuntamientos donde operan, pero la coincidencia es que la mayoría no tiene públicos esos datos en Internet, y otros apenas revelan lo básico.

En el caso de Navolato, Rosario, Mocorito, Concordia, Guasave, y Sinaloa de Leyva los sindicatos de organismos operadores de agua potable no tienen información disponible ni en páginas propias, ni a través de portales de los Gobiernos municipales.

Elota y Mazatlán tienen datos abiertos, pero parciales. En Elota el sindicato sí revela su estructura, tiene portal propio, pero de la nómina, por ejemplo, sólo deja ver datos del primer semestre de 2018, no así los salarios de sus comisionados.

En Mazatlán el Sindicato mantiene público el padrón de socios, directorio del Comité Ejecitivo, Contrato Colectivo, pero si requiere buscar información curricular de los trabajadores no es posible, el vínculo está visible, pero no disponible.

Así operan los sindicatos: bajo resistencia.

Multas hasta de 120 mil pesos

La presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, Rosy Lizárraga Félix, reconoció que los sindicatos son los más opacos del Estado, igual que los partidos políticos a la hora de rendir cuentas del uso de recursos públicos y sus estructuras.

Aseguró que está por concluir un diagnóstico de cumplimiento de los sindicatos de Sinaloa y los que no acaten la Ley de transparentar su información podrán recibir medidas de apremio y sanciones económicas que irán de los 12 a los 120 mil pesos.

“Y sería en contra del servidor público responsable de generar la información y de que esté en línea... importante aclarar que los cambios de Gobierno no eximen, la responsabilidad persiste. En el caso de los sindicatos es un cumplimiento muy pobre de la mayoría”, agregó.

Antes de llegar a esta medida se les otorgarán 15 días hábiles para cumplir, precisó.

La realidad, dijo, es que la resistencia persiste, los sindicatos están renuentes.

Y precisamente todos los sindicatos de organismos operadores de agua potable de Sinaloa están en la lista de la Ceaip como los sujetos obligados incumplidos en 2017. Ninguno abrió información completa y suficiente por ningún canal..

¿Un ciudadano qué le puede preguntar a un sindicato?

Le puede preguntar cuánto es lo que recibe de recursos público, en el caso de la Junta municipal y cómo ejerce ese recurso, que se traduce en salarios, en gasto corriente del Sindicato o en algún beneficio para afiliados. Eso se tiene que transparentar por Ley.

Y para la Ceaip ese es el gran reto: abrir a los sindicatos con la Ley en la mano.

SINDICATOS CUMPLIDOS

Culiacán

Badiraguato-Salvador Alvarado

SINDICATOS OMISOS

Angostura

Navolato

Rosario

Mocorito

Concordia

Guasave

Sinaloa de Leyva

Elota

Mazatlán