"Presume Morena protección desde el Estado para Ernesto Echeverría y su red empresarial"

CULIACÁN.- Como 'inexplicable' consideró la fracción de Morena la actuación de instituciones del Estado de Sinaloa en el caso de corrupción de Ernesto Echeverría Aispuro.

La Diputada Cecilia Covarrubias González puso en entredicho la actuación de la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado en este expediente.

El cuestionamiento alcanzó asimismo a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

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La presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana puso de nuevo en la palestra este caso, a la luz de las sanciones por corrupción a ex funcionarios malovistas.

Recordó que en marzo del 2017, por iniciativa del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, la anterior 62 Legislatura elevó las penas de prisión para algunos de los delitos en los que incurren funcionarios.

"Pero de manera inexplicable", subrayó, "no lo hizo para el caso del enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, ni para castigar el desvío de recursos, tipificado como desempeño irregular de la función pública”.

La legisladora realizó un recuento de datos y momentos del escándalo que involucró al ex Secretario de Salud en el sexenio 2011-2016 que encabezó Mario López Valdez.

En noviembre de 2017, recordó, la Fiscalía informó de una orden de aprehensión contra Echeverría, señalado por la ASE de usar el sistema de salud a su cargo, para realizar operaciones que "beneficiaron económicamente a la red empresarial a la que pertenece".

Esto a través de contratos asignados por sumas que alcanzaron los 87 millones 200 mil pesos, detalló.

A pesar de eso, fustigó, el 31 de julio de 2018 la Fiscalía tuvo un trato preferencial hacia el ex funcionario, que aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos en los Servicios de Salud.

"La Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General, solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que permitió evitar prisión siempre y cuando se cumplieran medidas de reparación", puntualizó.

A su vez la ASE, añadió, aceptó que Echeverría cubriera en tres pagos 7 millones de pesos.

"No quedó claro bajo qué criterios la Fiscalía y la Auditoría se propusieran recuperar sólo el 50 por ciento del desvío, pero los abonos fueron terminados de pagar el 7 de febrero de este año y a partir de entonces el juez dio por terminado el caso", lamentó.

La Fiscalía, advirtió la morenista, renunció a su derecho de hacer uso del recurso de revisión.

Y calificó esta "política institucional" como "robe ahora y pague la mitad en abonos, siempre y cuando alguien se entere del robo".

"Lo menos que se debe a la sociedad es que se den explicaciones, aunque al parecer la Fiscalía, la Secretaría de Salud y hasta la Auditoría prefieren echar tierra al asunto", enfatizó.

Al tema, añadió, se sumó recién el órgano de transparencia, cuando la sociedad estaba punto de conocer "parte de la tejida telaraña de intereses de la corrupción en los desfiguros del caso Echeverría".

La actuación 'oscura' de la Ceaip

 El 27 de junio, citó, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ordenó que la Fiscalía que abriera el expediente, en respuesta a una solicitud de particulares.

La apertura del expediente en versión pública, destacó, fue posible con dos votos a favor y uno en contra del pleno de la Ceaip.

De origen, abundó, la Comisión actuó como debía, que libre Echeverría de toda culpa, no tenía sentido seguir escondiendo los papeles en los que aparece la acusación.

"Poco nos duró el gusto. En una extraña reunión plenaria del mismo órgano, realizada el 3 de julio, se resolvió de manera contraria a lo que ya había resuelto y determinó que siempre no debe saberse nada del único caso de corrupción que ha llegado a los tribunales, en el que el acusado sale hasta premiado", advirtió.

Para Covarrubias nada abona a la transparencia que el propio órgano con autoridad para obligar se libere esta información pública, permita que "se siga guardando en el archivo muerto".

En atención al principio de máxima publicidad, expuso, es necesario solicitarle a la Ceaip aclarar por qué dio reversa en el caso Echeverría.

"Que aclare a la sociedad cómo es que regresó al archivo de las reservas el caso que ya había resuelto que se hiciera público, sobre todo, cuando se trata de un caso de corrupción, en el que la sociedad tiene el pleno derecho a saber al haberse dispuesto indebidamente de millonarios recursos públicos", sostuvo.