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¿Quiénes son los sinaloenses que buscan ser Fiscal de la República?
En los 27 aspirantes que han sorteado el primer filtro, quedan sinaloenses con experiencia operativa, conocimientos de los procedimientos y de mucho activismo y sentido social
Noroeste / Redacción
11/01/2019
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Foto: Noroeste

En el camino para definir al próximo Fiscal General de la República, hay tres sinaloenses que pelearán con sus curriculums sortear el próximo filtro.

Uno tiene conocimiento y experiencia en casi todas las áreas operativas de las que se conforma la procuración de justicia, desde los procesos de investigación para daños por accidentes de tránsito hasta del crimen organizado.

Otra forma parte de la nueva generación de Ministerios Públicos, con una base sólida de procesos, y con experiencia en varios estados del país.

Mientras que el tercero, además de su experiencia como abogado privado, se ha convertido en unos e los activistas más participativos del país.

Josué Javier Ontiveros García, Mónica Cecilia Luna Barrientos y Luis Pérez de Acha son los sinaloenses que permanecen tras un primer filtro en el que participaron más de 50 ciudadanos.

Ellos, junto a otros 24 aspirantes, serán valorados por la Comisión de Justicia del Senado en la búsqueda por formar parte de los 10 candidatos finales que serán ratificados ante el pleno.

Comisión de justicia aprueba a 27 candidatos para Fiscal General; 10 serán los finalistas

El procedimiento continúa con la definición de una terna que elegirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador para enviarla al Senado, quien emitirá su consideración.

Según las versiones públicas de los currículums de los aspirantes, publicadas en la página web del Senado de la República, los aspirantes sinaloenses han comprobado una sólida preparación y experiencia para ocupar el cargo.

 

 

JOSUÉ JAVIER ONTIVEROS GARCÍA

Estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y tiene una maestría en derecho procesal penal.

Actualmente forma parte de la asesoría jurídica de la Fiscalía General de Sinaloa y académico del Instituto Estatal de Ciencias Penales.

Después de sus estudios, Ontiveros García comenzó como investigador de delitos de daños por accidentes de tránsito, formó parte del equipo de Averiguaciones Previas y luego como agente del Ministerio Público investigó delitos cometidos contra turistas.

A principios de los 2000 migró de la Procuraduría del estado a la delegación de la PGR en el Distrito Federal, en donde participó como investigador en unidades de cateo, arraigo, secuestro, delitos contra la salud hasta llegar a la de delincuencia organizada.

Migró a la zona norte del estado para participar con la delegación de la PGR en Sinaloa, en donde fue agente adscrito al juzgados séptimo, investigó delitos del fuero común federal y formó parte del Centro de Operaciones Estratégicas.

También participó para la PGR Sinaloa en Mazatlán, en donde estuvo adscripto a los juzgados octavo y décimo.

La experiencia de Ontiveros García recae en que formó parte de la transición del sistema tradicional al nuevo penal acusatorio. Fue fiscal titular del cuarto núcleo de investigación y supervisor de la unidad de atención inmediata para la transición del plan piloto.

Fue parte de de las agencias especializadas en política criminal, de registro marcario y propiedad intelecual industrial, participó en las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, en exhortos y asuntos relevantes, robo de vehículos y de armas de fuego y explosivos.

 

 

MÓNICA CECILIA LUNA BARRIENTOS

Es la otra aspirante sinaloense egresada de la Universidad Autóma de Sinaloa y tiene maestría en proceso penal, acusatorio y oral con énfasis en juicios orales. También tiene una especialidad en Criminología.

Su experiencia laboral comenzó como asistente y auxiliar de abogacía en despachos privados hasta llegar a ser litigante.

Fue actuario fiscal de recaudación en Culiacán a mediados de los 2000, notificadora ejecutora y encargada de oficialía de partes del SAT. En esa misma institución fue dictaminadora de amparos.

Mónica Cecilia migró del estado por primera vez para ser evaluadora de personal activo de la Auditoría Superior del Estado de México en Toluca.

Después viajó a Guadalajara, donde comenzó su carrera de investigación con la delegación Jalisco del Ministerio Público de la federación, en el área de amparos y procesos. Luego fue adscrita a la mesa investigadora.

Ese mismo cargo lo desempeñó años más tarde en Matehuala, en la delegación del MP de la Federación en San Luis Potosí.

En Sinaloa fue agente del Ministerio Público adscrita a los juzgados tercero, sexto y noveno.

En 2016, formó parte como agente del Ministerio Público en la mesa de sistema tradicional y luego en 2017 adscrita a los juzgados segundo, cuarto y quinto en materia de amparo y juicios federales.

En el 2018 inicio como Ministerio Público federal en la delegación de Baja California, adscrita a juzgados segundo, cuarto y quinto en materia de amparos, y finalizó en Sinaloa en noviembre de ese mismo año.

Actualmente es docente en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, en donde se desempeña como capacitadora de Ministerio Público, fuero común y policías y peritos.

 

 

LUIS MANUEL PÉREZ DE ACHA

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y posee un doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2008.

Entre 1980 y 1988 laboró de manera privada en cuatro despachos, antes de fundar el suyo.

En estos despachos se especializó en temas de amparo fiscal, materia y litigio fiscal y administrativo.

De 1988 a 1994, laboró como socio el despacho Gastélum, Esquer y Pérez de Archa, luego de 1995 a 2003 en el González Luna y Pérez de Acha, con especialidad penales fiscales y penales administrativos y de 2003 a la fecha participa en PDeA Abogados, un grupo especializado en materias constitucional, fiscal, penal-fiscal, y penal-administrativo.

Ha participado en organismos no gubernamentales desde 1997, primero con el Centro de Arbitraje de México, una institución especializada en la administración de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Del 2012 a la fecha, participó como asociado y Presidente en Justicia Justa AC, una asociación cuyo objetivo es el combate a la corrupción en el sector salud y desde el 2014 como asociado en Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C, un grupo que promueve acciones colectivas en términos de la legislación civil y que ha presentado diversas acciones colectivas en materia ambiental.

También como activista, desde el 2017 es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se manterdá hasta el 2021.

 

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