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"Con metodología científica"

"Realizarán por primera vez un censo científico de desplazados en Sinaloa"

"La Universidad Autónoma de Occidente es la encargada de realizar el formato con el que se censará a las familias desplazadas en toda la entidad"

Tras una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Sinaloa se realizará por primera vez un censo con metodología científica para tener cifras oficiales de personas desplazadas por la violencia.

Un grupo interdisciplinario de la Universidad de Occidente realizará el formato con el cual se censarán a familias desplazadas por la violencia en toda la entidad, informó el Secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave.

"En el censo vamos a incluir qué tipo de necesidades tienen, hay personas que ya pudieron haberse regresado a su domicilio pero no tienen cómo salir adelante económicamente", dijo el funcionario.

"Es la única manera que vamos a poder establecer de manera bien clave y transparente qué necesidad tiene cada familia", agregó.

El 10 de octubre del 2017 la CNDH emitió una recomendación a diversas autoridades del Estado de Sinaloa por la violación a los derechos humanos de 2 mil 038 personas desplazadas por la violencia en el norte de la entidad.

En la recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó qué acciones debe implementar el Estado para las víctimas, entre ellos que las autoridades están obligadas a la reparación integral del daño.

Además deben brindar medios para que las víctimas puedan restablecer sus medios de subsistencia llevando a cabo un diagnóstico de la situación para que les den la atención médica y psicológica adecuada, según el documento.

En el cuestionario que aplicarán, no solamente contabilizarán cuántas personas son víctimas de desplazamiento obligado por la violencia, sino que también las autoridades buscarán tener un diagnóstico de las necesidades reales que tiene la población para la implementación de programas informó Ruelas Echave.

Será en el mes de febrero cuando las autoridades inicien acciones de apoyo a las víctimas, agregó.

 

Vivienda, necesidad prioritaria

 Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante de los desplazados del sur de Sinaloa, expresó que la vivienda es la necesidad generalizada de las víctimas de este delito.

"Toda esta gente que se vino dejó sus casas, dejó sus tierras, dejó sus animales y se vino a Mazatlán que es una ciudad con más oportunidades", dijo.

"Sí, efectivamente, se les ha apoyado con despensas, abanicos, cobijas que son cosas que sí se necesitan pero lo principal es la vivienda y proyectos productivos para que la gente empiece a trabajar”, agregó.

Para ello las autoridades ofertarán vivienda a través de los programas existentes de la Sedesol, comentó el funcionario.

"No podemos hablar de un programa exclusivo de vivienda porque se puede entender mal, no quiere decir que nomás le vamos a otorgar vivienda a las personas desplazadas, los compromisos del programa de vivienda abarca mucho más allá", comentó por su parte, Ruelas Echave.

Señaló que aunque no hubiera recursos exclusivos para víctimas por desplazamiento forzado, será a través de las reglas de operación como las autoridades buscarán brindar el apoyo en vivienda.

"Si no vienen etiquetados de manera exclusiva, nosotros tenemos la obligación de atenderlos a todos, nuestras reglas de operación que nosotros tenemos la facultad de publicar podrán establecer mecanismos que le den preferencia a víctimas del delito como son los desplazados", expresó.

Debes Leer:

Desplazamiento forzado en Sinaloa: igual a impunidad total

La recomendación

 

El 10 de octubre del 2017 la CNDH emitió una recomendación a diversas autoridades del Estado de Sinaloa por la violación a los derechos humanos de 2 mil 038 personas desplazadas por la violencia en el norte de la entidad.

Dicha cifra ya la hace oficial la Sedesol, además de 400 familias afectadas por la misma situación al sur de la entidad.

Entre otras cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó qué acciones debe implementar el Estado para las víctimas, entre ellos que las autoridades están obligadas a la reparación integral del daño.

 

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