"Se trae la Auditora de Sinaloa cartera nacional"

CULIACÁN._ Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora Superior del Estado, fue nombrada integrante del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización para el periodo 2019-2021.

De acuerdo con un boletín de la ASE, la designación de la titular del órgano de fiscalización del Poder Legislativo se dio durante la primera Reunión de 2019 del comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización.

Este sistema nacional es encabezado por David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, e Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública.

El Comité Rector del SNF está integrado por la ASF, la SFP y siete miembros rotatorios: las auditorías superiores de Sinaloa, Campeche, Guerrero.

Asimismo por el órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Chiapas, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca y la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas.

Según el comunicado durante la reunión, el Auditor de la Federación, David Colmenares Páramo, recalcó la importancia y responsabilidad que tienen los integrantes del Comité Rector del SNF, en la encomienda de coadyuvar, de manera efectiva y patente, en el correcto ejercicio de los recursos públicos.

“En cada grupo de trabajo, al igual que en las tareas de cada uno de nosotros, tenemos que llevar el Sistema Nacional de Fiscalización al límite de nuestras competencias, tanto para restaurar la confianza ciudadana y el desarrollo democrático, como para maximizar el nivel técnico que estamos habilitados para lograr, con corresponsabilidad y coordinación”, expresó.

Al término de este evento, dio inicio la primera Reunión Plenaria de 2019 del Sistema Nacional de Fiscalización.

En este marco se definieron las principales directrices y líneas de acción para el SNF.

Entre estas líneas destacan las de fortalecer la profesionalización del SNF, interacción con el Sistema Nacional Anticorrupción, participación ciudadana y contraloría social, políticas de integridad y de conflicto de interés en el sector público, entre otras.