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Sedena reserva información de Santa Lucía por 5 años
El Presidente López Obrador lo justifica por los amparos
Noroeste / Redacción
10/10/2019 | 10:40 AM
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Foto: Noroeste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda la información relacionada con la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, será abierta a la ciudadanía cuando concluyan los litigios que han impedido que inicie la obra hasta el momento.

"Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía, lo que tiene que ver con el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos, increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear, entonces por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de amparos se abre", afirmó el mandatario nacional.

"No tenemos nada que ocultar, no somos igual a los conservadores, entonces, por eso es probable que se haya hecho la reserva en cuanto se terminara el juicio, pero la instrucción que se tiene es la de transparentar todo el proceso, nada más para que tengan una idea cómo son los conservadores, no son mis enemigos, si acaso mis adversarios", dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

Este mismo día, el diario Reforma publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) clasificó como información reservada, durante cinco años, todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del AISL, lo que implica documentos técnicos como: el plan maestro, proyecto ejecutivo, estudios de seguridad y aeronavegabilidad.

La resolución de la SEDENA de reservar dicha información, fue realizada por el Comité de Transparencia, integrado por los generales, de División, David Córdova y André Foullon, y, Brigadier, José Ramírez Zúñiga.

"Este Comité confirma y declara formalmente como información reservada la totalidad de la información relacionada con el proyecto de construcción de un aeropuerto mixto militar/civil de capacidad internacional, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, su interconexión con el AICM y reubicación de instalaciones militares, permaneciendo con tal carácter por el término de cinco años, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a la reserva", indica la resolución de la SEDENA del pasado 18 de septiembre.

El Comité confirmó la clasificación que había realizado la Dirección General de Ingenieros de Sedena, ante una solicitud para entregar "la versión más reciente del plan maestro" del AISL para aportarla como prueba en uno de los amparos que litiga el colectivo #NoMásDerroches.

Como antecedente, el Comité mencionó que el Consejo de Seguridad Nacional, en su primera sesión de este año, declaró como asunto de seguridad nacional lo relacionado con la construcción del AISL y también reservó toda la información.

El pasado 8 de octubre, el colectivo #NoMásDerroches solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver si se construirá o no el AISL, ante lo que llamó las presiones del presidente López Obrador, y la "irregularidad" en las decisiones de jueces y magistrados.

"En repetidas ocasiones, el presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con 'exhibir 'a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía", señaló el colectivo.

"Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México [...] A pesar de que [el juez Juan Carlos Guzmán Rosas] otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en 'nuevas' reflexiones jurídicas'", detalló el colectivo.

Este mismo día, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocó una suspensión definitiva otorgada previamente en atención a que la SEDENA, considera que el proyecto aeroportuario es una "instalación estratégica".

"En otras palabras, estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por 'seguridad nacional' a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social", cuestionó #NoMásDerroches.

"¿No debería considerarse de 'seguridad nacional' que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan 'estratégica' obra?", se cuestionó el colectivo.

Para #NoMásDerroches, la SCJN resolvería sobre un litigio que marcará la pauta de actuación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante cualquier otro proyecto de infraestructura cuestionable desde el punto de vista jurídico y potencialmente violatorio de los derechos humanos.

"Consideramos que el asunto es de importancia y trascendencia nacional, pues dará oportunidad a la SCJN de pronunciarse respecto a: si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales", indicó #NoMásDerroches.

"Si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez", abundó el colectivo.

"Y si debe permitirse el peligroso precedente de privilegiar la 'seguridad nacional' en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano", afirmó #NoMásDerroches.

Ayer lunes 7 de octubre, el colectivo presentó una solicitud de atracción ante la SCJN, para que conozca de las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes -radicada bajo el expediente 654/2019- y, en su momento, se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada este día.

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, revocó este martes 8 de octubre, una de siete suspensiones contra la construcción AISL, en el Estado de México, al declarar fundado lo promovido por la Sedena, con el argumento de que dicho proyecto es un tema de seguridad nacional.

Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, integrado por tres magistrados -y es la instancia final en materia de suspensión- revisará todas las resoluciones del juez Guzmán Rosas, quien concentra los más de 140 amparos contra la obra, y ha estado negando suspensiones en otros juicios de garantías del colectivo #Nomasderroches.

El pasado 4 de octubre, el mismo Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, negó al ciudadano José Arturo Hernández Buendía, la suspensión definitiva contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en el Estado de México.

Hernández Buendía había indicado como acto reclamado en su demandada de garantías interpuesta el pasado 29 de agosto -radicada en el expediente 1254/2019-, la omisión de realizar una evaluación de impacto social de la Base Aérea Militar número uno".

Asimismo, el juez Guzmán Rosas reiteró el exhorto a su homólogo Raúl García Camacho, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito con residencia en el municipio de Naucalpan, Estado de México, para que realice la inspección judicial en la base aérea, como solicitaron los representantes de los pueblos indígenas de Tecámac.

En el juicio de amparo 1248/2019, los quejosos ofrecieron como prueba una inspección judicial con el objetivo de demostrar que las autoridades iniciaron los trabajos de construcción con los daños "inminentes e irreparables" que se podrían ocasionar.

Sin embargo, el juez García Camacho se declaró impedido para realizar dicha inspección, bajo el argumento que "con los sentidos" no puede determinarse el momento en que inició la construcción y si la misma ha ocasionado algún daño "inminente o irreparable".

Guzmán Rosas había concedido en julio y agosto pasados, tres suspensiones definitivas para frenar la construcción del AISL, en la Base Aérea Militar homónima. Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, habría hecho "nuevas reflexiones y análisis".

El juzgador cambió su postura después de que el 29 de agosto pasado, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional -adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República-, aceptó una solicitud presentada un día antes por la Sedena, para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del país todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles.

El pasado 30 de julio, Guzmán Rosas había suspendido las obras en Santa Lucía con el argumento de que había riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos. No obstante, en una nueva sentencia dictada el 25 de septiembre, señala que se afectarían incluso órdenes para la defensa de la soberanía del país.

"Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional", argumentó Guzmán Rosas al negar otra suspensión en el amparo 1206/2019.

"De concederse la suspensión, se sigue el perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo", estableció el juez.

El juzgador abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito-, de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.

"Es improcedente otorgar la suspensión [alegando] el uso eficiente de los recursos públicos, porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio", señaló el juez.

El pasado 23 de septiembre, el colectivo #NoMásDerroches indicó que la Sedena solicitó al juez Guzmán Rosas invocar al "interés nacional" para que se revocaran las suspensiones definitivas otorgadas a partir de amparos y se apruebe el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

"Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el [Poder] Ejecutivo [Federal] decidió invocar 'el interés nacional' y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional", indicó el colectivo en un comunicado.

"Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos: Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica. Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Que pone en riesgo la 'protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República' al impedir la aplicación del Plan DN-III-E", dice el comunicado.

"El 23 de agosto el Presidente de la República declaró que 'vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional' y el 29 de agosto que 'Estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos… para tener a tiempo el nuevo aeropuerto", agregó #NoMásDerroches, que dijo: la solicitud de revocación es la "crónica de una maniobra anunciada".

"¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo?", se cuestionó el colectivo.

"¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la SEDENA como instalaciones estratégicas?", abundó #NoMásDerroches, para luego argumento que lo único que suspendió el Poder Judicial Federal (PJF) fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

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