"Sentencian a Gil Álvarez a 4 años de prisión... pero saldría libre con fianza de 10 mil pesos"

"Además, la sentencia también incluye una multa de 17 mil 529.60 pesos y la inhabilitación de ocupar un cargo público por cuatro años después de cumplir su pena"

La ex directora administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, María Alejandra Gil Álvarez, fue sentenciada a pasar cuatro años de prisión por gestionar y avalar un contrato irregular por 18 millones de pesos y pagar de manera ilegal más de 14.7 millones de pesos.

Sin embargo, este miércoles la jueza le otorgó una suspensión condicional de la pena, a cambio del pago de una fianza de 10 mil pesos, además de que no tuvo oportunidad de exigirle una reparación del daño, debido a que la Fiscalía General del Estado no pudo acreditar una cantidad base para ello.

Además de los cuatro años de cárcel, la sentencia también incluye una multa de 17 mil 529.60 pesos y la inhabilitación de ocupar un cargo público por cuatro años después de cumplir su pena.

Luego del juicio oral contra Gil Álvarez -la última de tres imputados iniciales por este hecho-, detectado por la Auditoría Superior del Estado en 2016, este miércoles comenzó la audiencia de sentencia e individualización de la pena y reparación del daño sólo por el delito de desempeño irregular de la función pública, luego de que la imputada fue absuelta por el delito de ejercicio indebido del servicio público antes de conocerse culpable.

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La semana pasada, ya la jueza había declarado culpable a la ex funcionaria, pero estaba pendiente por definir la pena.

Desde el principio de la audiencia de este miércoles, tanto la Fiscalía y los abogados defensores de Gil Álvarez -estuvieron los cinco que han participado en este proceso a lo largo de dos años- acordaron en que se aplicara una pena mínima para la ex funcionaria, además de que se contemplaran en la pena la condición de género y de adulto mayor, debido a que Gil Álvarez tiene 70 años.

También solicitaron que se tomara en cuenta que no ha sido acusada de cometer delitos antes.

Después de una hora de alegatos finales y dos de receso, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada aclaró que resultaba inatendible tomar en cuenta las condiciones de género y edad, debido a que por la circunstancias penales y el delito no lo acreditaban.

“Yo no considero que pertenezca a un grupo que requiera un trato preferenciado”, señaló.

Originalmente, la Fiscalía solicitó un castigo reducido al mínimo, sólo con el agravante de que el delito lo cometió de manera reiterada, de 5 años y 6 meses de prisión y el pago de 7 millones 775 mil 554.70 pesos como reparación del daño.

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Luego la defensa alegó que consideraban que la pena mínima que debía obtener su defendida era sólo un año y 6 meses, y que se desechara la reparación del daño, debido a que la Fiscalía no pudo comprobar en dónde estaba el daño ocasionado ni siquiera una cantidad base para exigirlo, puesto que la documentación de los pagos contaban con facturas para respaldarlos.

Quiñónez Estrada determinó que Gil Álvarez, por su capacidad, preparación y experiencia como profesionista estaba consciente de que cometía un ilícito contra un bien “de trascendencia y valor público”, como los recursos de los Servicios de Salud de Sinaloa, con un grado de afectación “de trascendencia, pues afectó el desarrollo de la función pública”.

Que sabía que no debía realizar esos pagos “y no obstante lo hizo”, que “aprovechó sus estatus en la dirección administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa”, pues “los cheques estaban a su alcance”.

Aprovechó, continuó la juez, los medios materiales, tecnológicos y humanos del propio organismo para cometer el ilícito, los mismos medios que ahora sirvieron para exponerla como coautora.

Gil Álvarez escuchó la sentencia cruzada de brazos, recargada en el respaldo a su silla. Escuchó atentamente y con gesto de seriedad.

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“Es todo, su señoría”, dijo al final de la audiencia, cuando la jueza le dio el uso de la voz.

Gil Álvarez salió del Centro de Justicia y prometió hablar con los medios en breve. Se fue abrazada de familiares y amistades. El gesto general fue de aprobación por la pena y la sentencia.

A partir del próximo 20 de abril, como se había decretado la primera fecha de regreso a las actividades normales por la contingencia, correrán 10 días entre los que los abogados defensores podrán solicitar una apelación por la decisión de la jueza.

Los abogados defensores señalaron que aún no deciden si apelarán esta decisión, y se dirigían, desde estos momentos a tener una reunión para definir las futuras acciones.

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