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Testigos revelan falta de cálculos, estudios y supervisión en obras Tiburonario de Mazatlán
Durante la formalización de acusación contra Ulloa Miranda, ex jefe de Seguimiento Documental de Contratos de la SDUOP de Malova, la Fiscalía detalló al juez las irregularidades
José Abraham Sanz
07/11/2018 | 04:01 AM
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Foto: Noroeste

En menos de dos horas, agentes del Ministerio Público expusieron al juez de control y enjuiciamiento cómo se cree que José Luis Ulloa Miranda, ex funcionario de Obras Públicas de la administración de Mario López Valdez, en avalar y firmar licitaciones irregulares para la construcción del Tiburonario del Acuario Mazatlán.

Sin embargo, quedó en suspenso si Ulloa Miranda será procesado o no para enfrentar un posible juicio en su contra.

Esto debido a que, pese a las acusaciones de la Fiscalía por cometer el delito de ejercicio indebido de la función pública, la defensa solicitó el plazo máximo de 144 horas para recabar datos de prueba a su favor y así evitar el juicio.

Sin embargo, los datos que reveló la Fiscalía, respaldados en testimonios de ex funcionarios y compañeros, dejaron al descubierto irregularidades en la construcción del inmueble que sería un atractivo especial para Mazatlán y que colapsó 38 días después de su inauguración.

Los agentes señalaron que la investigación comenzó después de una demanda penal interpuesta por la Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mazatlán, luego del colapso del estanque principal del Tiburonario.

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Las investigaciones inmediatas señalaron que el estanque reventó se debió a una mala construcción.

Después de la obra contratada en 2010, dice uno de los testimonios de los exfuncionarios, “debido a la falta de cimentación de la obra, se vieron en la necesidad de realizar otras obras”.

Otro ex empleado de la Subsecretaría de Obra Pública de la administración anterior, señaló que cuando se licitó el inicio de la construcción de la tercera etapa del Tiburonario “no se contaba con cálculo estructural, sólo contaban con un croquis del armado del estanque y se solicitó una evaluación geotécnica y estructural para sustentar nuevos estudios de mecánica de suelo”.

Ahí dieron a conocer la empresa que realizó ese estudio complementaria.

Un ex funcionario más de la Subdirección de Programación y Contratos fue más claro y directo.

“Toda propuesta técnica-económica se entregaba al Comité de Recepción, conformado por el director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix (el otro ex funcionario acusado junto con Ulloa Miranda y quien ya fue vinculado a proceso), y que los expedientes eran resguardados en la dirección de este mismo”, leyó el agente del Ministerio Público.

“(Agregó) que él sabe que se autorizaron la obra a favor de Osuna y Osuna, pero que no se tuvo supervisión de las obras, ni de criterios técnicos, ni del proyecto y que incluso no se visitó la obra”.

Noroeste reveló, a través de la Unidad de Investigación InnDaga, cn el proyecto Un cardumen que 'colapsó' el Tiburonario de Mazatlán, que al menos 30 funcionarios participaron en el proceso para la contratación y construcción de una forma irregular.

De todos ellos, sólo dos habían estado bajo procesos de sanción, los panistas y ex alcaldes de Mazatlán Carlos Feltón González y Alejandro Higuera Osuna. Ahora se suman Sánchez Félix y Luis Ulloa Miranda, pero puede haber más, según señaló Félix Rivera.

 Además de Sánchez Félix y Ulloa Miranda, la Fiscalía sugiere a a dos responsables más

En la formulación de acusación de ayer, la Fiscalía reveló que además de Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo, y Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, hay dos ex funcionarios más de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la administración anterior que son coautores de avalar dos contratos irregulares.

Pese a que los agentes del Ministerio Público no revelaron los nombres, fueron señalados como responsables de avalar, con sus firmas, las actas de fallo de las licitaciones en las que las propuestas de las empresas ganadoras debieron desecharse por no cumplir con las bases y el reglamento de Obras Públicas.

 

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