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Tomateros mexicanos perderían hasta 450 mdd por impuestos y baja de 30 % en exportaciones a EU
Según la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, la imposición de la cuota compensatoria provoca un retroceso en la producción y en la exportación de la hortaliza, producto del cual sólo el 40 por ciento es para consumo nacional y el resto se envía al extranjero.
Carlos Álvarez
08/07/2019 | 8:00 PM
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Manuel Cázares Castro, vicepresidente del Comité del Sistema Producto Tomate Nacional, aseguró que según un cálculo hecho por la propia industria tomatera, que los productores mexicanos podrían llegar a pagar hasta 350 millones de dólares (mdd) anuales de impuestos, por la cuota compensatoria de 17.5 por ciento impuesta a las exportaciones de esta hortaliza hacia Estados Unidos, que aplica desde el pasado 7 de mayo.

"Verdaderamente estamos pasando por una situación muy crítica en el sector del tomate. Después del 7 de mayo ya no se dieron las exportaciones normales, bajaron alrededor del 32 por ciento", dijo Cázares Castro, entrevistado por el diario Reforma a dos meses de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) no renovó el Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate.

"Los abogados de Washington están armando otros expedientes con otras alternativas para volverlos a poner sobre la mesa antes de llegar a septiembre para ver si podemos volver a firmar el Acuerdo, que es lo que más nos conviene a las dos partes", dijo Cázares Castro, quien pidió al Gobierno mexicano apoyar más al sector tomatero con este asunto, porque, señaló, es un problema de interés nacional.

Los 350 mdd anuales por el pago de la cuota compensatoria se sumarían a las pérdidas de alrededor de 93 millones de dólares para los productores mexicanos, ya que las exportaciones de tomate disminuyeron en un 30 por ciento, según datos del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI), de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal.

Según la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la imposición de la cuota compensatoria provoca un retroceso en la producción y en la exportación de la hortaliza, producto del cual sólo el 40 por ciento es para consumo nacional y el resto se envía al extranjero.

De ello más del 99 por ciento del total de las exportaciones mexicanas de dicha hortaliza tienen como destino Estados Unidos. Los datos del SIAVI indican que durante mayo y junio de 2018 se registraron exportaciones de tomate rojo a territorio estadounidense por 311 millones de dólares.

Óscar Woltman de Vries, presidente del Consejo Nacional de la AMHPAC, dijo que las negociaciones continúan para lograr retirar la cuota compensatoria, pero que el Gobierno de Estados Unidos pretende ahora inspeccionar 100 por ciento de la carga de la hortaliza roja.

Esa petición, explicó el líder agrícola, estaba dentro de una "lista antigua de demandas" y ahora la retoman como medida de presión, sin embargo, de imponerla habría una larga fila de transporte de carga en la frontera durante horas e incluso días.

"Si me dicen vamos a revisar cada camión en un lapso de seis horas desde que llega a la frontera y aparece el inspector, pues no tendría problemas porque es un tiempo razonable para ambos lados, pero el problema sería si me dicen 72 horas", señaló el presidente de la AMHPAC.

La medida restaría tiempo de vida a la hortaliza fresca antes de llegar a los anaqueles de los establecimientos de venta en Estados Unidos. "Es un perecedero y, aunque esté dentro de un camión refrigerado, no lo puedes tener tres días parado", expuso Woltman de Vries.

Por su parte, el vicepresidente de Frutas y Hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Sergio Esquer Peiro, abundó que en temporada alta 80 mil toneladas diarias de tomate pasan por la frontera norte para llegar a los consumidores finales en EE.UU.

"Es prácticamente imposible y, aunque es un tipo de barrera no arancelaria, sigue siendo una barrera que va entorpecer [el flujo de la mercancía] y nos va quitar competitividad que es lo que menos quisiéramos", enfatizó el vicepresidente de la CNA, entrevistado por el mismo rotativo.

Esa nueva propuesta "opaca" la negociación que llevan con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para echar atrás la cuota compensatoria impuesta después de haber tomado la decisión de ponerle fin al acuerdo y reiniciado la investigación antidumping suspendida desde 1996, acentuó.

En México la industria tomatera da empleo directo de más de 400 mil trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría son migrantes y van acompañados de sus familias, con al menos un millón de labores adicionales en las actividades relacionadas con la cadena de soporte, logística y servicios, entre otras.

El pasado 7 de junio, Jennifer Choe Groves, jueza de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT, por sus siglas en ingles), rechazó un amparo de los productores de México, de suspender el pago de aranceles del 17.56 por ciento de las exportaciones mexicanas de tomate a dicho país.

El amparo fue presentado el pasado 20 de mayo por productores y exportadores de Sinaloa, Baja California y Sonora -agrupados en la MHPAC y el CNA- ante las Cortes estadounidenses. El próximo 3 noviembre se espera una resolución final de parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos.

"Si bien la Corte reconoce disrupciones potenciales al mercado del tomate fresco y las cadenas de suministro, alegadas por los demandantes, se concluye que su evidencia no satisface el elevado estándar necesario para demostrar un daño irreparable", afirmó Choe Groves.

La jueza detalló que la suspensión solicitada por los productores mexicanos tenía por objetivo detener nuevamente la investigación antidumping retomada por el DOC, y frenar el cobro de depósitos en efectivo o fianzas en las aduanas por las que pasa el tomate.

Sin embargo, dichas acciones están previstas en la legislación estadounidense, por lo que sólo en casos excepcionales podrían ser suspendidas por orden judicial. Además, la jueza tampoco encontró que conceder la suspensión solicitada pudiera ser favorable al interés del público.

La USCIT, con sede en Nueva York, es un tribunal cuyas resoluciones son revisables por una Corte Federal de Apelaciones con sede en Washington, que tiene jurisdicción sobre este tipo de casos.

El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró mantener un "estrecho" contacto con los productores y exportadores de tomate mexicanos, así como sus representantes legales, para brindarles todo el apoyo posible ante las autoridades de Estados Unidos por la negociación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate.

"La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Embajada de México en EU, se mantiene en estrecho contacto con los productores, exportadores y sus representantes legales para brindarles todo el apoyo posible ante las autoridades de ese país, toda vez que se trata de un acuerdo entre el Gobierno de EU y la industria tomatera mexicana", expresó la SRE en un comunicado.

La Cancillería señaló que las negociaciones de los tomateros mexicanos con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, han sido "complejas", y que, además, han aceptado un alto nivel de control e información en la frontera norte, impuesto por la propia institución estadounidense.

Sin embargo, México no puede aceptar las condiciones extremas adicionales propuestas, incluida la inspección en la frontera de 100 por ciento de las cargas en tránsito, lo cual conllevaría retrasos de hasta tres días. La parte mexicana tampoco puede asumir el compromiso de que sus contratos de venta en EE.UU. no admitirán rembolso por producto dañado, lo cual haría muy difícil firmar contratos de compra, indicó la SRE.

Ese mismo día, la Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA, por sus siglas en inglés) pugnó porque se resuelva un nuevo Acuerdo de Suspensión del Tomate para proteger los empleos en Estados Unidos, prevenir la escasez de producto y una mayor alza en los precios para los consumidores de ese país.

El organismo dijo que desde que la cuota compensatoria entró en vigor el 7 de mayo, las compañías individuales estadounidenses han acumulado más de 100 mil dólares en impuestos para tratar de atender a sus clientes, cuya cadena de suministro se vio interrumpida.

"Los costos de los impuestos del 17.56 por ciento son sólo una barrera, junto con los depósitos en efectivo obligatorios y la naturaleza punitiva de los requisitos de Comercio, que perjudican a los importadores estadounidenses multigeneracionales cuyos medios de vida dependen de este negocio", abundó la FPAA.

Muchas empresas de distribución de alimentos de Estados Unidos ya han perdido numerosos contratos con clientes y proveedores, aseguró. "Se están acumulando derechos punitivos que ascenderán a millones de dólares que serán efectivamente pagados por el público estadounidense", indicó la Asociación.

"Se están interrumpiendo las cadenas de suministro debido a la falta de una resolución con los consumidores encontrando que sus tomates favoritos madurados han salido de algunos supermercados", advirtió el presidente de la FPAA, Lance Jungmeyer, en un comunicado.

La Asociación reprochó que los productores de Florida hayan rechazado la propuesta más reciente que los tomateros mexicanos hicieron el pasado miércoles 22 de mayo para llegar a un nuevo Acuerdo de Suspensión. "Una solución oportuna a un nuevo Acuerdo de Suspensión de Tomate es lo mejor para los compradores estadounidenses y las compañías involucradas en la venta de esta hortaliza", defendió la FPAA.

Esto no sólo beneficiará a los importadores, sino también a los minoristas, mayoristas, compañías de transporte, proveedores de servicios de alimentos y cualquier otra industria que trabaje con el industria del tomate, añadió la Asociación en su comunicado.

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