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VIOLENCIA EN SINALOA
Víctimas olvidadas: la marca de la guerra en Sinaloa
Advierten rezago en reparación y atención a víctimas de la violencia en Sinaloa; con lentitud avanzan instituciones mientras los deudos se resignan al abandono y a la impunidad, advierte la CDDHS
Sibely Cañedo
29/05/2018
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Foto: Noroeste

Desde la fase más reciente de la guerra contra el narcotráfico, declarada por el ex presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, han muerto asesinadas más de 15 mil personas en Sinaloa, de acuerdo a los registros de defunciones por homicidios del Inegi. La cifra incluye hombres, mujeres y niños. Civiles sin ninguna relación con el crimen organizado.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) estima que más de 37 mil han sido desplazados de manera forzada de sus comunidades y cerca de 3 mil engrosan la lista de desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hasta el año pasado.

Mientras los números rojos se acumulan, al igual que el sufrimiento de miles de familias, se agranda el rezago en reparación y atención a las víctimas.

“La mayoría se ha resignado al abandono y a la falta de justicia”, sostiene Óscar Loza Ochoa, presidente de la CDDHS, activista desde la década de los setenta.

A pesar de algunos avances en materia legislativa a nivel federal, en el estado aún no se ha creado la comisión de atención a víctimas, ni la comisión local de búsqueda de desaparecidos, en tanto las propuestas de ley para atención de desplazados se han guardado en la “congeladora”.

La más reciente fue presentada el 8 de noviembre por el diputado Marcial Liparoli, del PRI. En junio de 2015 hubo otra del diputado Ramón Lucas Lizárraga. Antes, en 2012, la CDDHS emitió una recomendación para instruir al Gobierno del Estado a atacar y prevenir esta problemática.

“En lo único que hay un avance es en la unidad de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, aunque apenas se está por nombrar un coordinador y espero que también el consejo, pero eso ha sido por la fuerte presión de un sector de la sociedad”, acotó Loza Ochoa, quien ha formado parte del proceso de este mecanismo, cuya formación se aceleró a raíz del asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017.

 

 

Una minoría recibe atención de la CEAV

En contraste con las cifras señaladas, la delegación estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha atendido 785 personas, quienes han sido blanco de distintos delitos de manera directa o indirecta, respondió la dependencia a Noroeste tras una solicitud de transparencia.

La CEAV se creó luego de la aprobación de la Ley General de Víctimas, en abril de 2012. Fue también por presiones de la sociedad civil, ante el aumento de los hechos violentos derivados de la acción de grupos dedicados al tráfico de drogas y a la incursión del Ejército en labores de seguridad pública.

La nueva legislación obligó al Estado mexicano a crear un fondo para reparar a quienes hayan padecido los efectos de la inseguridad. Se estableció la obligación de homologar el marco jurídico en los estados, así como de constituir comisiones locales.

Se han destinado casi 3 mil 900 millones de pesos para la protección y apoyo de 6 mil 565 víctimas a nivel nacional, en los últimos seis años. El grupo mayoritario lo conforman familiares de desaparecidos con mil 412 casos. En tanto, el delito de homicidio motiva la atención de 938 ciudadanos; y el secuestro, 625. Entre los estados más afectados figuran los que cuentan con fuerte presencia del narcotráfico, como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Guerrero y Sinaloa.

La CEAV delegación Sinaloa no informó sobre el presupuesto ejercido, argumentando que ese dato no recae en su competencia. Sin embargo, reportó que de las 785 personas que ha asistido, en 137 casos ha sido por desapariciones forzadas, 87 por privación ilegal de la libertad, 55 por homicidio doloso y 18 por secuestro, entre otras causas.

Aunque no especificó qué tipo de ayuda brinda, la ley en la materia establece que los beneficiarios tienen derecho a una atención integral, asesoría jurídica, psicológica y médica. El desplazamiento forzado no está tipificado como un delito por lo que no aparece en las estadísticas.

 

 

Sigue Sinaloa sin comisión estatal para víctimas

El 1 de noviembre se publicó la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, aún no se ha lanzado la convocatoria para conformar la respectiva comisión estatal.

Para Óscar Loza Ochoa es un tema de voluntad: “Los legisladores actúan de acuerdo a sus prioridades y, al parecer, esto no lo es para ellos, ¿qué les costaría lanzar una convocatoria, como sí lo están haciendo en otros temas, donde la sociedad está insiste e insite?...”

El diputado Joel Salomón Avitia, presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, dijo que el órgano legislativo ha trabajado en actualizar el marco jurídico e invitó a los colectivos que vean un rezago a acercarse para actuar en conjunto.

“En lo que han trabajado los congresos locales es en homologar la legislacion estatal, aquí en Sinaloa está la iniciativa publicada en noviembre de 2017, lo que hace falta es la aplicación efectiva de las leyes vigentes, porque si tú revisas hay mucha materia para exigir la protección a las víctimas y muchas dependencias están involucradas”, expresó.

A diferencia de una delegación, como la que opera actualmente, la Ley señala que la Comisión de Atención Integral a Víctimas debe integrar a organizaciones de la sociedad civil y garantizar la representación directa de los ciudadanos en el diseño e implementación de políticas públicas.

 

 

Pendiente, la comisión local de búsqueda

Luego de la promulgación de la Ley de Desapariciones Forzadas el 17 de noviembre de 2017, se estableció como plazo el 16 de abril para la conformación de comisiones locales de búsqueda en los estados, para actuar en coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda, que ya fue constituido al igual que el Consejo Nacional.

La sinaloense Mirna Nereida Medina, fundadora del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, es miembro de este consejo y habla de la importancia de que se formalice la comisión local, que operaría con un coordinador o coordinadora y la integración de asociaciones civiles y familiares de las personas desparecidas.

“Es muy urgente que aquí en el estado y en todos los estados se formen las comisiones locales, entonces las convocatorias no han salido, y lo más preocupante es que en algunas partes ya lo están haciendo sin tomar en cuenta a las familias”, declaró.

Adelantó que en los próximos días, sostendrán una reunión con el Consejo Nacional para analizar la vía en que se instale la comisión estatal, que podría ser a través de un decreto del gobernador, con el fin de agilizar el proceso.

En tanto, el presidente de la CDDHS comentó que es preocupante que los grupos de la sociedad civil emprendan la búsqueda sin apoyo del Estado, pues representa riesgos.

“Es algo en lo que tendrá que trabajar la comisión local que se forme”, alertó.

En el mismo sentido, consideró que es urgente asignar más presupuesto y personal a las labores de búsqueda, pero sobre todo contar con una adecuada planeación y rigor científico durante las pesquisas.

En tanto, sentenció, los deudos se resignan: “son los ciudadanos que resultan ideales para la autoridad porque el que no se mueve, el que ya no dice nada, pues es un asunto resuelto”.

 

 

13,117

Las personas fueron asesinadas de 2007 a 2016, según registros del Inegi de defunciones por homicidio

 

 

1,996

 

Los asesinatos van durante la gestión del actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel, según la Fiscalía

 

 

15,083

Los asesinatos que suman desde la guerra contra el narcotráfico hasta la fecha, según los datos disponibles

 

 

$3,849'378,257.27

 

El presupuesto que se ha ejercido en la CEAV desde 2012 hasta lo que va de 2018

 

 

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