Gobierno es el principal agresor de mujeres periodistas y activistas, revela estudio de Iniciativa Sinaloa

CULIACÁN._ Autoridades gubernamentales son los principales agresores de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en Sinaloa, en un 48 por ciento y 45 por ciento, respectivamente, reveló el estudio Policy Paper Mujeres que Luchan, de la organización Iniciativa Sinaloa.

La investigación realizada por Iliana Padilla, Lucía Mimiaga y Valia Monreal, advirtió que de 25 periodistas encuestadas, el 36 por ciento fue agredida por colegas del gremio, y que el 45 por ciento de 20 defensoras encuestadas, también fue agredida en el mismo sentido.

Este viernes, Iniciativa Sinaloa presentó el estudio en Casa Riveros de la ciudad de Culiacán, donde una de las autoras, Iliana Padilla, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explicó que hay diferencias violencias que viven las mujeres: sistémicas, estructurales y culturales, las cuales no están aisladas y más bien se relacionan y convergen.

“Muchas periodistas, sobre todo aquellas que trabajan en municipios más pequeños, nos hablan de que han recibido amenazas y actos de intimidación por sujetos armados o por sujetos que se presentan que forman parte de la delincuencia pero esto les ha sucedido cuando dan seguimiento a controversias que tienen que ver con temas políticos” expresó la académica.

Otro hallazgo del estudio, dijo la autora, fue la violencia que viven las mujeres desde los medios de comunicación, casos en los que periodistas han sido despedidas por estar embarazadas, acoso sexual, falta de protocolos de seguridad y para dar atención a denuncias por acoso sexual.

Ante los resultados, las autoras realizaron una serie de propuestas para autoridades gubernamentales y la sociedad civil, entre ellas, el reconocimiento público del Gobierno de Sinaloa sobre las afectaciones que ha causado el discurso de descrédito a la labor periodística, impulsar una red de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, incluir en la Ley 3 de 3 las agresiones a periodistas y defensoras para que agresores no puedan obtener candidaturas a puestos de elección popular, talleres para el diseño de protocolos de prevención y atención a riesgos en las empresas de comunicación, un sistema de vigilancia para proteger a periodistas en Sinaloa durante los procesos electorales, fortalecer el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa para reformar el proceso de selección de la persona titular del Instituto e incrementar los recursos financieros y humanos del mismo.

“Vamos viendo poco a poco como las violencias se van sumando y por desgracia llega un momento que las mismas activistas lo refieren y las periodistas, se normaliza, se llega a normalizar demasiado, y así se está viviendo día a día” manifestó Lucía Mimiaga.

Durante la presentación, la periodista y editora de Noroeste, Karen Bravo, quien fungió como comentarista del estudio, enfatizó que el factor género incrementa la vulnerabilidad de mujeres periodistas a ser víctimas de violencias físicas, asesinatos, amenazas, violencias familiares y violencia sexual, inclusive ser agredidas por colegas reporteros como expusieron testimonios.

“Esta periodista contó cómo se dio cuenta que era motivo de burlas y acosos por colegas hombres y que estos motes incluso traspasaron de manera que no sólo se supiera en el gremio, sino que se lo contaron a agentes externos, incluyendo a las fuentes”.

En ese sentido, la activista Priscila Salas, del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas, recordó aquella ocasión en que organizó un tendedero acosadores sexuales en el Palacio de Gobierno.

“A mí lo que más me sorprendió fue precisamente descubrir que muchas de las periodistas tenían muy pocos recursos para defenderse, y no nada más recursos empresariales o personales, sino también que los organismos nacionales e internacionales que están dedicados a la defensa de periodistas no habían contemplado defender a las mujeres periodistas del acoso de los colegas” declaró.

Asimismo, hubo participaciones de mujeres rastreadoras como Rosa Neriz, del colectivo Sabuesos Guerreras; Alma Rosa Rojo Medina, de Voces Unidas por la Vida; y Martha Vega Ruiz, del Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977, que se pronunciaron por un gremio de buscadoras de personas desaparecidas más unido.

Para conocer el estudio completo, las personas pueden acceder al portal de Internet iniciativasinaloa.org.mx/