En EU declaran culpable de narco a Juan Orlando Hernández, ex Presidente de Honduras

Tras casi dos días de deliberaciones, un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, declaró culpable a Juan Orlando Hernández Alvarado, ex Presidente de Honduras, de tres cargos relacionados con el narcotráfico.

P. Kevin Castel, el juez que presidió el juicio contra Hernández Alvarado -que duró casi dos semanas-, recibió una nota del jurado en el que se informaba que habían llegado a un veredicto unánime contra el ex Presidente hondureño.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó tres cargos contra el ex Mandatario hondureño: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento, durante la conspiración de narcotráfico.

Hernández Alvarado podría ser sentenciado a un máximo de cadena perpetua, por cada uno de los cargos. Sin embargo, el ex Presidente hondureño rechazó todos los cargos y compareció durante el juicio como parte de su defensa.

Hernández Alvarado, de 55 años, fue señalado de conspirar con su Ejército y la Policía de Honduras para permitir que hasta 500 toneladas de cocaína ingresaran sin obstáculos a Estados Unidos, según lo narraron diversas agencias internacionales, flanqueado por sus abogados, momentos antes de que el juez convocara a las partes para escuchar el fallo.

Después, siguió el veredicto moviendo la cabeza con incredulidad, a medida que el portavoz del jurado respondía a cada una de las preguntas que formuló Castel, para establecer la culpabilidad del ex Mandatario hondureño.

”Soy inocente, díganselo al mundo, los amo”, dijo Hernández Alvarado, al abandonar la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dirigiéndose a sus familiares, entre ellas dos cuñadas, y los tres generales que vinieron a testificar a su favor durante el juicio.

Hernández Alvarado fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo, el 27 de enero de 2022 y extraditado a Estados Unidos, en abril de ese mismo año.

Antes de que el jurado comenzara a deliberar, el 7 de marzo, el juez Castel les explicó a los 12 miembros del jurado, qué significaba cada cargo y les enfatizó que la posible condena que podría recibir Hernández Alvarado, no debía considerarse en las discusiones.

El ex Presidente subió al estrado el 5 de marzo de 2024 y negó las acusaciones en su contra. En su relato afirmó que fue él quien le dijo a su hermano, el ex Diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, que se presentara ante las autoridades estadounidenses, que lo condenaron en marzo de 2021, a cadena perpetua.

Los abogados del ex Presidente le preguntaron por las supuestas reuniones y acuerdos con narcotraficantes, pero Hernández Alvarado afirmó que no prometió protección a narcotraficantes y negó haberse reunido con la mayoría de los miembros de los carteles Los Cachiros o Los Valle.

No obstante, Hernández Alvarado reconoció durante su testimonio en el juicio, que se pagó dinero del narcotráfico a prácticamente todos los partidos políticos de Honduras, pero él mismo negó haber aceptado sobornos .

Señaló que había visitado la Casa Blanca, en Washington D.C. y se había reunido con presidentes estadounidenses, además de que, según él, había colaborado en la guerra contra las drogas y que trabajó con Washington para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Un testigo aseguró que el hermano del ex Presidente hondureño acordó con Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” -entonces líder del Cártel de Sinaloa-, protección para una ruta de tráfico si Hernández Alvarado era elegido

Sin embargo, negó haber recibido un millón de dólares de “El Chapo” y del Cártel de Sinaloa. También agregó que jamás conoció al narcotraficante mexicano, ni a ningún miembro de su organización criminal.

También testificó que fue él quien pidió al Ministerio Público hondureño, que investigara a su hermano. Posteriormente, según declaró, instó a “Tony” a que se presentara ante las autoridades estadounidenses.

No obstante, consultado respecto a si eran cercanos, el ex Presidente hondureño resaltó la diferencia de edad con su hermano menor.

“Teníamos más de 10 años de diferencia, yo salí de mi casa a los 13 años para estudiar”, dijo.

El 7 de febrero de 2022, el Departamento de Estado reveló públicamente que había impuesto restricciones a la visa de Hernández Alvarado para entrar a dicho país, como parte de una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica.

Entonces, el ex Presidente de Honduras escribió una carta abierta, en la que dijo que se enteró por los medios de comunicación y las redes sociales, de la decisión del Gobierno de Estados Unidos.

Además, señaló que su Administración se enfrentó de manera valiente contra el crimen organizado en todas sus formas.

El ex Mandatario indicó, también, que durante su Gobierno se redujo en un 83 por ciento el tránsito de droga por Honduras, pasando de 87 por ciento antes de que asumiera el cargo en 2013, a solo el 4 por ciento en el 2020.

Hernández Alvarado enfatizó que le sorprendía que la decisión, según él, se basara en reportes de medios de comunicación, así como en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su Gobierno o tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

El Senador estadounidense Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió a principios de febrero de 2022, al Gobierno del Presidente Joe Biden, que le revocara la visa a Hernández Alvarado y lo designara como “importante traficante extranjero de narcóticos”, en virtud de la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos (Kingpin), lo que ilegaliza que las compañías e individuos estadounidenses hagan negocios con él.

El 30 de marzo del 2021, el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sentenció al ex Diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, hermano del entonces Presidente de Honduras, a cadena perpetua, más 30 años, por crímenes de narcotráfico y de recibir millones de dólares de sobornos recibidos por parte del crimen organizado.