Exige ONU-DH a políticos compromiso con los desaparecidos ante las elecciones en México

En un año en el que se celebrarán elecciones federales y estatales, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió este martes a todos los actores políticos a asumir el compromiso de impulsar una política de Estado en materia de desaparición de personas que escuche con atención y respeto la voz de las víctimas.

El llamado se da en el contexto del sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El organismo de la ONU recordó que la aprobación de la Ley General fue un logro de las familias, que contó con notables niveles de deliberación y participación, y alcanzó un alto respaldo político.

Enfatizó en que gracias a la Ley y a la voluntad política de algunas autoridades se han dado importantes cambios en la atención de las desapariciones en México, por lo que la invitación es a que estos logros se expandan, consoliden y fortalezcan a nivel federal y local, sobre la base del principio de progresividad y no regresión.

“Las instituciones encargadas de la búsqueda de personas, la investigación penal y la atención a las víctimas deben afianzarse. La ONU-DH subraya la relevancia de contar con estructuras y equipos óptimos, capaces de amplificar y dar sostenibilidad a los esfuerzos realizados. Sin una institucionalidad robusta, la carga continuará recayendo indebidamente en las familias y algunos de los avances podrían revertirse o colocarse en riesgo”, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se necesitan instituciones especializadas

La ONU-DH detalló que para asegurar la implementación apropiada de la Ley General se requieren, por tanto, instituciones especializadas, con personal capacitado, sensible al tema, con estabilidad laboral, con las garantías indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones y sometido a ejercicios de rendición de cuentas sobre la base de parámetros objetivos.

“Además, debe ser dotado de los recursos necesarios, estar dispuesto a trabajar coordinadamente, contar con la voluntad de observar el principio de participación conjunta y entablar diálogos sustantivos con las víctimas”, añadió.

La ONU-DH pidió expedir el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el Reglamento de la Ley General y el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Resulta también apremiante que se garantice el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas. La ausencia o la falta de operación íntegra de dichos instrumentos establecidos en la Ley General ha socavado la viabilidad de localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables del delito”, señaló.

Dificultades en la búsqueda

El organismo internacional señaló que los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares materializan uno de sus variados y deleznables objetivos cuando también dificultan o imposibilitan su registro certero.

“El dolor que causa la desaparición de personas es inconmensurable, la magnitud de los casos perpetrados no debe serlo. Se trata de seres humanos que han sido desaparecidos y el Estado tiene la responsabilidad de documentarlo correctamente”, informó.

Recordó que desde 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al Estado mexicano reconocer la dimensión del problema como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación, y propuso la adopción de un registro nacional de personas desaparecidas, el cual fue posteriormente previsto en la Ley General.

Puntualizó en que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debe ser una fuente de certeza, cohesión, colaboración e impulso para la búsqueda.

Hizo un atento llamado para que todos los esfuerzos de actualización del Registro Nacional sean transparentes, cuenten con una metodología clara y del conocimiento público, se ajusten a la dispuesto en la Ley General y en los protocolos vigentes, se realicen con independencia, objetividad e imparcialidad.

También pidió que la actualización del registro sea liderada por las autoridades especializadas en la materia que aseguren la fiabilidad, completitud, integridad y protección de la información recabada, además de evitar la revictimización y garantizar la participación de las víctimas.