Reitera general de la Sedena ante juez que contrataron el software Pegasus desde 2011

El general Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reiteró ante un juez federal que la dependencia militar contrató el software Pegasus del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013, aunque dijo desconocer si esta contratación se realizó por parte del Centro Militar de Inteligencia (CMI) o alguna otra área específica del Ejército, al rendir su testimonio en el juicio que se libra por el espionaje que sufrió la periodista Carmen Aristegui.

“En un oficio di respuesta a un requerimiento del agente del Ministerio Público Federal (Daniel Braulio Díaz, titular de la Unidad B de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) respecto a que si la Sedena había adquirido el sistema Pegasus. Efectivamente se adquirió ese sistema de junio de 2011 a agosto de 2013”, dijo el general ante Luis Benítez Alcántara, juez de control constituido en tribunal de enjuiciamiento.

Sin embargo, aseguró que se trata de información ya publicada por parte de la Sedena desde el año 2022, cuando a través de un comunicado negó el uso de este software durante la presente administración y el espionaje a periodistas y activistas.

En dicho comunicado de octubre de 2022, la Sedena aseguró que este software “fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Pegasus y el Centro Militar de Inteligencia de Sedena

El general brigadier también dijo desconocer si este software fue adquirido por el Centro Militar de Inteligencia (CMI) o alguna otra área encargada de la adquisición del sistema para intervenir comunicaciones privadas.

“No conozco alguna área que tenga la Secretaría para esa función”, respondió el general a pregunta del abogado Edgardo Calderon, asesor jurídico de la periodista Carmen Aristegui.

No obstante, un reportaje publicado por la revista Proceso en marzo de 2023 reveló que el CMI, una dependencia secreta de la Defensa Nacional que realiza actividades de espionaje ilegales, ha incrementado su número de efectivos durante el sexenio actual, al pasar de 293 militares en diciembre de 2018 a 619 en agosto de 2021.

La investigación periodística, respaldada por diversos documentos filtrados por Guacamaya, dio cuenta que este CMI fue identificado como el operador del “servicio de monitoreo remoto de inteligencia”.

El pasado 4 de diciembre, el juez federal Benítez Alcántara ordenó al general Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, comparecer como testigo en el juicio por el espionaje de Pegasus de manera presencial.

De esta forma rechazó la solicitud de la defensa de Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH y acusado de intervenir en las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui, para interrogar por vía remota al general brigadier en Justicia Militar.

“El testigo no está dentro de las excepciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para rendir testimonio a través de medios audiovisuales. Además, tiene el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, eso no es justificación para no acudir a rendir su testimonio en forma presencial”, señaló el juez.

García Rivera enfrenta este juicio por el delito de intervención de comunicaciones privadas, llevado a cabo presuntamente con el software Pegasus, en agravio de la periodista Carmen Aristegui.

Fiscalía se desiste de testimonios de Harfuch y otros 30 funcionarios

Previo al arranque del testimonio del general brigadier Bonilla Muñoz, la Fiscalía General de la República hizo oficial su decisión de desistirse de interrogar en calidad de testigo a Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y otros 30 funcionarios que habían sido llamados a testificar durante el juicio por el caso Pegasus.

Así lo dio a conocer el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la FEADLE, que presentó los desistimientos ante el juez Benítez Alcántara, con lo que quedaron fuera 31 de las 82 comparecencias que habían sido programadas para la totalidad del juicio.

Desde el arranque del juicio, la FGR declaró que analizaba excluir a Omar García Harfuch y otros personajes como testigos durante el primer juicio que se lleva a cabo en México por el espionaje con el software Pegasus, al considerar que ya contestaron lo que tenían que contestar a través de algunos oficios que ya están incluidos en la carpeta de investigación.

Este jueves, el fiscal Pérez del Pozo señaló que la razón para desistirse de llamar a declarar a los funcionarios es porque consideraron que hacerlo resultaría “redundante”, pues en su mayoría los llamaron a declarar sobre la compra y renovación del software Pegasus en la Fiscalía, lo que ya ha quedado acreditado con otros testimonios presentados en días anteriores.

De esta forma, la Fiscalía también se desistió de interrogar a Gustavo Salas Chávez, quien fue subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y actualmente es fiscal de Sonora; Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, quien fuera administrador de Pegasus con la extinta Procuraduría General de la República y el general Inocente Fermín Montealegre, también responsable de Pegasus en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la PGR.