"Chuy Toño no se investiga en Sinaloa por nexos con narcotráfico, pero sí por tortura"

CULIACÁN._ El Fiscal Juan José Ríos Estavillo descartó que el ex comandante de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, sea investigado en Sinaloa por nexos con personajes del crimen organizado, sin embargo confirmó que sí hay una investigación en la que se le señala de participar con su equipo en actos de tortura.

El nombre de Aguilar Íñiguez resaltó hace unos días en una audiencia del juicio en los Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera, cuando el hijo de Ismael “Mayo” Zambada lo señaló que haber recibido dinero de parte de su padre por protección.

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“Nosotros no tenemos ninguna investigación al respecto, salvo las derivadas por los procesos que correspondieron a las recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Estatal como por la Comisión Nacional, particularmente en materia de tortura, pero no circunscribe de manera específica a ciertos temas que van más allá de lo que implica el caso de tortura”, señaló.

Ríos Estavillo aclaró que aunque la Fiscalía General del Estado que él dirige no tiene competencia para indagar propiamente este caso, sí estará abierta a brindar la información que se necesite en caso de que la autoridad competente la requiera.

“Lo que corresponde a otras, en relación a los señalamientos expresados, no son competencia de la Fiscalía Estatal, pero estaremos muy atentos a cualquier consideración que haga cualquier autoridad en petición de información al respecto”, dijo.

“En consecuencia, en relación a estos temas mediáticos que hay en relación al comandante, nosotros no tenemos ninguna investigación”.

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Ríos Estavillo explicó que pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos que él mismo dirigió hace unos años, emitió varias recomendaciones por tortura contra la Policía Ministerial, el caso es sólo uno: el de Yesenia Armenta Graciano, acusada de planear el asesinato de su marido Aflredo Cuén Ojeda en 2012.

La recomendación fue emitida por la CEDH en 2014, una vez que organizaciones no gubernamentales apoyaron el llamado de Armenta Graciano.

Pese a la evidencia, la entonces PGJE no aceptó la recomendación, por lo que la agraviada solicitó una impugnación de esta decisión ante la Comisión Nacional, que a su vez emitió la recomendación final.

“En la recomendación que emitimos nosotros en la Comisión Estatal, hicimos algunos señalamientos y la Comisión Nacional determinó algunos señalamientos que corresponden a la identificación de algunas personas (participantes)”, recordó Ríos Estavillo. 

Armenta Graciano salió libre en junio de 2016 porque un juez determinó que había evidencia suficiente para determinar que fue torturada por elementos del grupo Águila 1, de la Unidad Modelo de Investigación Policial.

Pero antes, ella solicitó ayuda de organismos no gubernamentales, como expertos independientes del Centro Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.