Para que el Jueves Negro no se repita...

""

alopez@noroeste.com

Todos lo recordamos. Hace un año, un jueves cualquiera, un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública federal y coordinado con las fuerzas armadas, detuvo en el sector Tres Ríos de Culiacán a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Lo demás es historia: el Cártel de Sinaloa desplegó el terror y ahora ese día ha quedado marcado en la memoria colectiva de los culichis, los sinaloenses y los mexicanos como el “Jueves Negro”.

De hecho, llevamos toda la semana hablando desde el periodismo, cierta academia y la sociedad civil sobre las implicaciones simbólicas, sociales, políticas y culturales de ese día terrible. Rescatamos los archivos, los videos, las entrevistas. Buscamos testimonios y en un ejercicio de justicia narrativa y memoria histórica queremos que ese día no se olvide.

Le recomiendo la colaboración de Noria Research, el Mexico Violence Resource Project y la Revista Espejo: https://revistaespejo.com/inforgrafias/17-de-octubre-la-herida-quedo-abierta/; así como nuestro especial en Noroeste “El día que el narco fracturó Culiacán: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/jueves-negro-el-dia-que-el-narco-fracturo-a-culiacan-1211726 escrito por Abraham Sanz y Belem Angulo.

Pero algo más importante, buscamos aprender de esa experiencia con un objetivo muy claro: que el Jueves Negro no se repita, nunca más. Como reza el eslogan de la campaña de Iniciativa Sinaloa.

Soy un convencido de la necesidad de la memoria, de la importancia del reconocimiento de nuestra sostenida situación de atrocidad en Sinaloa (26 mil homicidios en 30 años) y de la construcción de paz a través del diálogo, la deliberación y la crítica.

Por eso he participado en varios ejercicios valiosos sobre el tema. Por ejemplo, con la organización Iniciativa Sinaloa firmamos un acuerdo de paz para desarrollar un proyecto de futuro en conjunto con las autoridades de seguridad; o con el grupo de jóvenes Global Shapers Hub Culiacán compartí espacio con líderes empresariales y ciudadanos que trabajan de tiempo completo en hacer de Sinaloa un lugar en paz para vivir como Coparmex, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y Construyendo Espacios para la Paz.

Lo celebro profundamente. Me parece que por fin en Sinaloa hemos dado el primer paso para pacificar nuestro estado: asumir desde la ciudadanía la responsabilidad de construir mejores condiciones de civilidad a través de estrategias colaborativas: la reinserción social, la dignificación de los policías, la observación y supervisión rigurosa de nuestras acciones y presupuestos de seguridad, la educación en cultura de paz, entre otros.

Pero mi entusiasmo es contenido. Al tiempo que veo una sociedad sinaloense dispuesta a darle la vuelta de tuerca correcta al Jueves Negro, me parece que nuestras autoridades y gobernantes se quedan atrás. Se queda atrás el Ejecutivo, se quedan atrás las fiscalías y se quedan atrás nuestros legisladores.

Sobre el Ejecutivo. De acuerdo con un informe de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa (CEAIV), los daños materiales del 17 de octubre de 2019 se valuaron pericialmente en 945 mil pesos, mismos que no han sido entregados por el Gobierno Estatal para su reparación a los afectados a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que debería contar con 10 millones de pesos aprobados en el presupuesto 2019.

Se entregaron solo 131 mil pesos para apoyo material, médico, funerario y sicológico, lo que demuestra que las víctimas de ese día no son prioridad para el gobierno estatal.

Sobre las fiscalías. Ese jueves se cometieron en Culiacán al menos 10 delitos: asesinato, robo de vehículo, privación de la libertad, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, evasión de presos, extorsión, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación, delincuencia organizada e, incluso, terrorismo.
Hasta ahora, todos permanecen impunes. No hay un solo detenido por los hechos del 17 de octubre y las carpetas de investigación se encuentran “en proceso de integración”. Como ha señalado Óscar Fidel González Mendívil, titular de la CEAIV, el día 24 de ese mismo mes, el Ministerio Público encargado por parte de la Fiscalía del Estado se declaró incompetente y remitió el expediente a la Fiscalía General.
Sobre los legisladores. Fuera de las típicas manifestaciones de indignación y posicionamientos mediáticos políticamente correctos pero inútiles, nuestros legisladores le han quedado a deber a los sinaloenses en el problema de fondo que posibilita situaciones críticas de violencia como la del Jueves Negro: el mercado ilegal de drogas.

No existe en Sinaloa, desde ningún partido político por más de “izquierda” que se presuman, la voluntad por proponer, discutir y aprobar una nueva legislación en materia de regulación de drogas. Si alguien ha pagado la factura social que el prohibicionismo y la guerra contra las drogas cobra, somos los sinaloenses. Solo con esas credenciales la política sinaloense debería adueñarse de ese debate y apuntalarlo a nivel nacional. Pero tristemente, esa discusión no da votos. Acaso los quita.

En suma, avanzamos en Sinaloa en una nueva comprensión y concepción narrativa de nuestras violencias, nos acercamos cada vez más a voces expertas internacionales y buscamos casos de éxito en diversos programas. Pero necesitamos que los poderes democráticos que nos representan se pongan a la altura en la realidad y atiendan a la evidencia para la toma de decisiones y el diseño de política pública.

Que la política de seguridad sea prioridad para el Gobierno del Estado en el presupuesto y no solo en el discurso, que las fiscalías reduzcan la impunidad casi absoluta que entregan como resultado y que nuestros legisladores empiecen a discutir los temas que más nos duelen y los traduzcan en nuevas leyes.
De lo contrario, nada nos garantiza que el “Jueves Negro” no se repita.