NOROESTE EXPLICA: El Caso Villarreal
Armando Villarreal Ibarra, acusado del desvío de 293 millones de pesos, buscó evitar el juicio a través de un acuerdo reparatorio por 2 millones de pesos aceptado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas del Estado y la Fiscalía Anticorrupción
La acusación contra Armando Villarreal Ibarra es el caso más relevante en materia de corrupción durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Acusado del desvío de 293 millones de pesos, el ex Tesorero de Mario López Valdez buscó evitar el juicio a través de un acuerdo reparatorio por 2 millones de pesos aceptado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, pero este fue negado por la Jueza Sara Bruna Quiñonez en un acto inédito.
¿Quienes son los acusados?
Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, no es el único acusado en el proceso judicial que lo identifica. Junto a él se les acusa también a Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería, y a José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja General, por la realización del desvío de recursos a través de 112 transferencias.
Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas.
Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería.
José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja General.
¿Quienes acusan?
La Unidad Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado con el apoyo de seis testigos y la Auditoría Superior del Estado.
¿De qué se les acusa?
Del desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales etiquetados para acciones específicas a cuatro cuentas del Gobierno estatal que se usaron en acciones diferentes durante el último semestre de 2016.
Los delitos específicos son:
- Ejercicio indebido del servicio público, que tiene un castigo de 2 a 7 años de prisión y de 30 a 300 días multa; y
- desempeño irregular de la función pública, cuya sanción va de 1 a 9 años de prisión y de 180 a 500 días de multa.
¿Qué medidas cautelares se impusieron?
Armando Villarreal y los otros dos funcionarios fueron vinculados a proceso el día 2 de abril de 2019 y como medidas cautelares se les impuso:
- el impedimento para salir del País sin el permiso del juez,
- acudir a firmar cada 15 días en la Unidad de Medidas Cautelares de Los Mochis;
- y el pago de una garantía económica de 500 mil pesos.
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¿A cuánto asciende el desvío?
En una primera instancia se les acusó por 293 millones de pesos, de los cuales fueron solventados por el Gobierno del Estado ya 32 millones de pesos, por lo que todavía restan en la acusación 260 millones de pesos.
¿Cuál fue la propuesta de acuerdo reparatorio y quienes la avalaron?
Inicialmente la Fiscalía presentó una acusación contra Villarreal en la que pedía 16 años de cárcel, 20 años de inhabilitación en el servicio público y la devolución de los 260 millones de pesos, pero la decisión después cambió y el 29 de enero de 2020 se propuso un acuerdo reparatorio muy distinto.
El acuerdo se conoció por primera vez en la audiencia preliminar del 29 de enero de 2020 y fue suscrito por el Gobierno estatal, vía el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte (quien de manera sorpresiva renunció días después) y la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo. El acuerdo fue rechazado y calificado por la jueza como “inmoral”.
Posteriormente, en la audiencia definitiva del 7 de febrero pasado, los abogados defensores, la fiscales adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y el representante del Gobierno del Estado, nuevamente propusieron el mismo trato para que los funcionarios fueran dejados de acusar: el pago de 2 millones de pesos, una disculpa pública, residir en el mismo lugar, no salir del País y firmar por seis meses.
¿Por qué se negó la propuesta de acuerdo reparatorio?
La jueza Quiñones Estrada justificó la negación de otorgar la suspensión condicional del proceso debido a que de los dos delitos que fueron acusados de cometer Villarreal y sus colaboradores: ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, uno de ellos agravado, superaban los cinco años de prisión en caso de ser hallados culpable.
¿En qué va el caso y qué sigue?
Tras la negativa definitiva de la Jueza Sara Bruna para aceptar el acuerdo reparatorio de 2 millones de pesos, los acusados pueden recurrir a la figura del amparo.
Al finalizar la última audiencia, el propio Armando Villarreal confirmó en entrevista que lo buscarían.
Este puede ser aceptado o negado por la jueza. En caso de ser negado los acusados irían a juicio.
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¿Y dónde quedó el dinero?
Durante la última audiencia, la Jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada recalcó que la situación en torno al trato le parecía “atípico”, puesto que la Auditoría de 2016, en donde hallaron estas irregularidades, no finalizó y tampoco la Fiscalía se la apropió, por lo que el destino final de los más de 260 millones de pesos desviados todavía no se conoce.
Se mencionó durante la audiencia de manera verbal que el dinero se usó para pagar salarios y aguinaldos de funcionarios y que dicha información se encontraba integrada en el expediente avalada por un peritaje no fiscal.
“Nos quedamos en el camino y no hallamos el peculado”, señaló la jueza y remató: “Nada más me han mostrado la punta del iceberg, porque no me han demostrado qué pasó con el dinero, a quiénes se destinó el dinero".
La versión de Villarreal
- “Quisiera dejar muy claro que el tema que nos tiene hoy en esta situación y ante esta dependencia o ante la justicia, no tiene nada que ver con robo, no tiene nada que ver con peculado, no tiene nada que ver con haber gastado el dinero del Gobierno en cosas personales, tiene que ver con explicar en qué se gastó y si se gastó se debió de haber gastado en eso”.
- Al final de la última audiencia, el mismo Villarreal tomó el micrófono y se dirigió a la jueza: “Respeto su decisión, a eso venimos, a respetar el proceso.”
GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL:
“No hay daño patrimonial, hay una reorientación o reubicación de recursos que se iban a destinar a una cosa, como eran fondos federales, y los metieron para pagar otra, entonces eso es lo que aparece en la sanción. Sin duda, eso no se debe de hacer, es claro, se debe de tener una sanción en ese sentido, pero no es un daño patrimonial, no hay un daño, no es peculado, no es dinero que se hayan llevado al bolsillo”.
FISCAL JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO:
“Nosotros no estamos generando esa propuesta, quien acusa es el Ministerio Público, la partes son las que determinan qué en conjunción pueden usar, dentro de los propios mecanismos que marcan la ley, para resolver un asunto sin llegar a la etapa de juicio".
JUAN CARLOS ESTRADA (PAN):
“Si la Fiscalía ya determinó que hay culpables en el tema de desvío de recursos, incluso se emite pues hasta una sentencia, yo creo que se tiene que cumplir y en ningún momento se tiene que negociar, el estado de derecho en Sinaloa ni en ningún estado del país está a negociación.
“Nos pone en alerta a todos porque Sinaloa no merece pacto de impunidad".
SILBER MEZA (Iniciativa Sinaloa):
“Ahí te puedes dar cuenta cómo la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía (General) del Estado que es autónoma por definición, pero todo indica que no es independiente, llega a un acuerdo en conjunto con el acusado, Armando Villarreal, y con los brazos más importantes del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas, ex Secretario ahora con su renuncia”.
COPARMEX:
“Mismo que también nos parece inmoral dado que no corresponde en absoluto ni guarda proporción alguna con las penas, multas y reparación del daño solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de nuestro Estado”.