Con testigos, fiscales buscan 'hundir' a María Alejandra Gil Álvarez, ex funcionaria de Salud
"Una perito contable de la Fiscalía General del Estado aseguró haber revisado el caso para emitir una opinión técnica y un dictamen pericial contable sobre el contrato que realizó Servicios de Salud con la empresa Herramientas Médica, SA de CV"
En el segundo día de juicio oral contra la ex directora administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, María Alejandra Gil Álvarez, los fiscales llevaron a tres testigos clave para reforzar su acusación de haber contratado y pagado, de manera irregular, un contrato de servicios por 18 millones de pesos.
Los testigos son una testigo que firmó una cotización de una empresa a la que no pertenecía, una perito contable que detalló la manera en que se cometió la irregularidad y funcionaria de alto rango en la Auditoría Superior del Estado que mostró las pólizas de cheque que se pagaron de manera ilegal y que suman 14.7 millones de pesos.
Una perito contable de la Fiscalía General del Estado aseguró haber revisado el caso para emitir una opinión técnica y un dictamen pericial contable sobre el contrato que realizó Servicios de Salud con la empresa Herramientas Médica, SA de CV, por 18 millones de pesos por los servicios de imagenología.
El resultado de esto es una de las bases para acusar a Gil Álvarez.
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La especialista explicó que el procedimiento por el cuál se firmó el contrato no fue el adecuado, puesto que no se apegaron a los lineamientos, lo que señala la Ley de Adquisiciones, el reglamento de la propia ley y y el anexo presupuesto de egresos de 2016.
“No se realizó apegado a la lineamientos establecidos en la ley, derivado que se realizó con adjudicación directa, mediante un documento de excepción de licitación pública... pero no se halló la investigación de mercado, no se llevaron a cabo para conocer las condiciones del mercado”, detalló la testigo ante la juez. En conclusión, no cumplen con lo criterios establecidos”.
“En ningún momento se analizaron los costos de por qué cuesta más comprar, no se dice cuánto costaba una máquina, ni tampoco el costo del mantenimiento o los gastos de operación; no anexaron cuántos proveedores se revisaron para señalar que éste era el mejor”.
También dijo que tras revisar el cargo que ocupaba Gil Álvarez en la Secretaría, podía confirmar que ella era responsable y tenía la facultad de firmar contratos.
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Gil Álvarez, quien llegó una hora antes del inicio de la audiencia, vestida con falda larga de colores claros y un saco sastre negro, por momentos demostró su desesperación, como cuando el fiscal preguntó a una titubeante perito contable si conocía su media filiación.
“Si quieres me pongo de pie”, gritó la imputada y se puso de pie en su lugar.
“No es necesario señora, puede sentarse”, le dijo la juez.
La segunda testigo fue una contadora que reveló haber firmado, como testigo, una cotización de una empresa la cual no conocía, mientras que la tercera, una jefa de departamento en la Auditoría Superior del Estado, encargada de fiscalizar entes estatales, hizo una presentación detallada del contrato que firmó Gil Álvarez, junto con el secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, y el ex director de Servicios Médicos, Jaime Otáñez García.
El juicio oral continuará este lunes con las entrevistas a seis testigos de la defensa.
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