Labastida, Aguilar, Malova, Rocha (y otros 12) obtuvieron 800 mdp en contratos y subsidios a empresas familiares

"Investigación de Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad revela cómo se beneficiaron estos políticos sinaloenses al amparo del poder"

En la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –entre ellos ex gobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han obtenido contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio, que les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares.

El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos, señala la investigación realizada en conjunto por las organizaciones no gubernamentales Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, firmada por Marlene León, Zorayda Gallegos y Silber Meza.

"En Sinaloa la clase política ha utilizado un mecanismo poco sofisticado pero eficaz: han creado empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares y han ganado contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia", indica el reportaje sobre personajes relacionados con casi todos los partidos: PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza.

También involucra a tres ex gobernadores de Sinaloa: Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez", señala la investigación.

LOS LABASTIDA: 14 MILLONES DE PESOS

El primero de ellos, mandatario estatal de 1987 a 1992, que junto a su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre, quien fue coordinador de Proyectos Estratégicos y secretario de Desarrollo Económico durante el sexenio de "Malova". Ambos pudieron haber incurrido en un conflicto de interés de hasta 14 millones de pesos.

En dicha trama pudo haber estado involucrado Marcos Augusto Bucio Mújica, quien fungió como coordinador de los delegados federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), con Labastida como titular de la misma.

Anteriormente dicho personaje había sido el secretario particular del ex candidato presidencial priista durante los seis años de su Gobierno estatal.

"Bucio volvió a la Sagarpa federal como oficial mayor en diciembre de 2012, justo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y coincidentemente en el periodo en que estuvo en el cargo, la empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida Ochoa, comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía", señaló Inicitiva Sinaloa y MCCI.

Mientras que en 2012 los apoyos para su empresa apenas alcanzaron los 822 mil 503 pesos, en 2013 –primer año de Bucio Mújica– estos se incrementaron a 1 millón 817 mil 249 pesos. En 2014 recibió una cantidad similar de 1 millón 822 mil 556 pesos, y, en 2015 Labastida Gómez de la Torre sumó 2 millones 994 mil 671 pesos.

"La buena racha para Labastida Gómez de la Torre acabó cuando Bucio dejó la Sagarpa [en septiembre del 2015] para irse de Cónsul a El Paso, Texas. En 2016, Agri 27 apenas sumó 152 mil 600 pesos en subsidios", abundó la investigación.

Bucio Mújica, quien es "amigo entrañable" de Labastida Ochoa, más tarde se vería involucrado en la investigación periodística "La Estafa Maestra", como uno de los funcionarios involucrados en la red de desvíos de recursos públicos cuando fungía como titular de la Oficialía Mayor de la Sagarpa. Sin embargo, en el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado subsecretario de Educación Pública federal.

"Los beneficios del poder a Labastida jr. no acaban con Sagarpa: mientras recibía apoyos del Gobierno federal también tenía otros ingresos: fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos (2011-2016) y más tarde como secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez (2016), y al mismo tiempo arrendó diversas bodegas a los gobiernos municipal y estatal en Sinaloa", abundó la investigación.

Sin carrera política, Labastida Gómez de la Torre llegó al Gobierno de Malova cuando su padre apoyó a López Valdez en la contienda a gobernador -incluso en contra de su partido, el PRI-, además que previamente habían sido compañeros de fórmula al Senado de la República.

Ante ello, Malova creó el cargo de coordinador de Proyectos Estratégico para el hijo de Labastida Ochoa, en el que duró cinco años. Durante los seis años que ocupó cargos públicos, Gómez de la Torre obtuvo 3 millones 933 mil 525 pesos por alquiler de bodegas, locales y edificios a la alcaldía de Culiacán y al Gobierno estatal, según los padrones de arrendamiento de dichos años.

Las rentas de inmuebles las realizó a través de Agri 27, una empresa que constituyó en julio de 2002 con su entonces familia política y donde él ha fungido la mayor parte del tiempo como presidente del consejo de administración, una compañía multifuncional que lo mismo se dedica a la producción y comercialización de productos agrícolas con subsidio público, que a la adquisición y enajenación de inmuebles a los Gobiernos de la entidad.

En 2013 la compañía se vio beneficiada con 66 mil 500 pesos para la reconversión de cultivos por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal. En 2014 recibió 1 millón y medio de pesos por incentivos a la producción agrícola de parte del gobierno federal.

En total, la empresa de Labastida Gómez de la Torre obtuvo más de 14 millones de pesos de los gobiernos municipal, estatal y federal, por la prestación de servicios de arrendamientos y como beneficiaria de subsidios durante los seis años en que trabajó en la administración de "Malova".

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JESÚS AGUILAR PADILLA: 5 MILLONES 500 MIL PESOS

Jesús Aguilar Padilla, gobernador sinaloense de 2005 al 2010, pudo haber incurrido en irregularidades por hasta 5 millones 500 mil pesos, según la citada investigación, que señaló, además, que mayo de 2015 el ex mandatario era entonces subsecretario de Agricultura federal y realizó la modificación de su declaración patrimonial en la plataforma Declaranet, en la cual no quiso revelar que una empresa de su hijo, Jesús Alberto Aguilar Camacho, era beneficiada de la dependencia que él lideraba.

"El 4 de noviembre de 2011 el joven Aguilar Camacho fundó la empresa Agrícola Namisa SPR de RL junto con su tío Roberto Aguilar Padilla y ocho accionistas más.

Antes de que su padre fuera subsecretario de Agricultura, en 2012, su compañía obtuvo cinco fondos de 'Procampo para vivir mejor', pero cuando Jesús Aguilar Padilla llegó a la dependencia su suerte cambió: aumentaron sus ingresos en casi cinco veces, de 65 mil 965 pesos en 2012 a 475 mil 641 en 2013, entre ellos un fondo por 300 mil pesos para la siembra de frijol", abundó la investigación.

"Todo iba viento en popa: él tenía su empresa que durante el primer año de su padre en un puesto clave de Sagarpa se vio fuertemente beneficiada, pero algo pasó que el 13 de diciembre de 2013 Aguilar Camacho decidió dejar la compañía. El joven vendió sus acciones, sin embargo en la compañía se mantuvo su tío Roberto Aguilar Padilla y otros familiares que siguieron recibiendo el apoyo federal", indica el reportaje elaborado por Iniciativa Sinaloa y MCCI.

Jesús Aguilar Padilla, ex Gobernador de Sinaloa.

Sin embargo, Aguilar Camacho seguía bajando recursos de la dependencia donde su padre mantenía una influencia de subsecretario de Estado ,y se dedicaba a la siembra agrícola mientras también trabajaba en el Gobierno Federal, primero en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 2013 y 2014, luego pasó en marzo del 2015 a la Financiera Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde permaneció hasta enero del 2019.

En 2006, en el segundo año de la administración estatal de Aguilar Padilla, la empresa Sinaloa Constructora, propiedad de su hermano Agustín Jaime Aguilar Padilla, se vio beneficiada cuando firmó con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, un contrato por casi un millón y medio de pesos para la construcción de una guardería para el Sindicato de Trabajadores del Estado.

Asimismo, la Comisión Constructora de Sinaloa (Cocosin) también contrató a dicha compañía por servicios de arrendamiento de maquinaría, por más de 3 millones de pesos en 2006.

Al solicitar los contratos de los arrendamientos el gobierno respondió que éstos no existían, pero PARTE DE LA INFORMACIÓN PUDO SER RESCATADA DE LOS ARCHIVOS DIGITALES del sitio oficial del gobierno de Sinaloa.

En total, mientras Jesús Aguilar Padilla ocupó puestos de alta decisión en lo local y en lo federal, su hijo y sus hermanos recibieron más de 5 millones y medio de pesos de dinero público.

MARIO LÓPEZ VALDEZ: 38 MILLONES 646 MIL PESOS

Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa de 2011 a 2016, pudo haber recibido hasta 38 millones 646 mil pesos en presuntas irregularidades, ya que tan sólo su cadena de ferreterías fue beneficiada con compras que sumaron casi 35 mdp por parte de dependencias municipales y paramunicipales, así como las juntas de agua locales, durante la administración de Malova.

"La ferretería abrió su primera sucursal en 1984 con un inventario de 3 mil pesos, y entre sus primeros clientes dentro del gobierno tuvo en 2002 a la Secretaría de Administración y Finanzas con una pequeña compra de 527 pesos. En 2003 el monto fue de 51 mil 547 pesos", dice la investigación, que recuerda que esos años Malova era Alcalde de Ahome.

"Las compras por parte de los gobiernos municipales y del estatal fueron mínimas entre 2002 y 2012, con un promedio anual de 352 mil 250 pesos, pero se dispararon de 2013 a 2016, justo cuando [López Valdez] ya fungía como gobernador de Sinaloa, con un promedio anual de 8 millones 692 mil 832 pesos", abunda la investigación.

En septiembre de 2015, cuando los periódicos Noroeste y Ríodoce ventilaron las primeras compras hechas por el Gobierno local a la ferretería, el entonces Gobernador descartó que se estuviera favoreciendo a su negocio.

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"Nadie puede asegurar que las Malova se han aprovechado o enriquecido con mi llegada al Gobierno", declaró.

Desde 2002 que Malova ingresó al servicio público –primero como alcalde (2002-2004), después como secretario de Planeación y Desarrollo en el Gobierno estatal (2004-2006), posteriormente como senador (2006-2009) y finalmente como gobernador (2011-2016)–, su cadena de ferreterías ha logrado vender a gobiernos municipales y estatales diversos productos, en pequeñas compras que suman más de 38 millones 646 mil pesos, indicó MCCI e Iniciativa Sinaloa.

OTROS PERSONAJES

Además de los ex gobernadores, según la investigación, estarían involucrados otros personajes políticos de la entidad, como, por ejemplo, el empresario Mario Ímaz López, líder estatal del "pequeño" partido político Movimiento Ciudadano (MC) desde 2010, del que, además, fue diputado local de 2013 al 2016, quien habría cometido irregularidades por hasta 7 millones 134 mil pesos.

"Mario Ímaz López es el líder del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa desde el 2010, y mientras dirigió las campañas del instituto político tres de sus empresas [Ímaz México S. A de C. V.; Kamara S.A. de C.V.; y Vertical Vision] fueron contratadas para proveer de artículos de publicidad al partido, tanto a nivel estatal como federal", asegura la investigación.

Señalan a Ímaz de hacer negocios con el MC

Mario Ímaz López, dirigente de Movimiento Ciudadano.

Otro personaje es Misael Sánchez Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista Mexicano, quien también fue diputado local en Sinaloa, y que pudo haber incurrido en un conflicto de interés por hasta 1 millón 198 mil pesos, cuando su empresa Grupo Somika facturó dicha cantidad a ese instituto político entre 2009 y 2013, a través de "asesorías en materia política" y de "engargolar documentos", entre otros servicios.

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Misael Sánchez Sánchez, ex Diputado local por el PVEM.

Además está Alfonso Inzunza Montoya, Alcalde de Salvador Alvarado (Guamúchil), entre 2005 y 2007, además de diputado federal por el Distrito 3 (que comprende los municipios de Angostura, Culiacán, Salvador Alvarado y Navolato), de 2012 al 2013, y quien, según la investigación, pudo haber incurrido en irregularidades por hasta 277 millones 762 mil pesos.

"En su periodo como legislador etiquetó recursos para diversas obras en Sinaloa que se financiaron con fondos federales y estatales por más de 46 millones de pesos y fueron desarrolladas por Morada S. A. de C.V., una empresa que él fundó en 1981 con cuatro socios más, y que el 17 de febrero de 2012, seis meses antes de asumir el cargo como legislador, vendió las acciones a sus hijos Alfonso y Rodrigo Inzunza Lagunas", indica MCCI e Iniciativa Sinaloa.

"Antes de que Inzunza entrara como diputado federal, la empresa familiar solo había recibido cuatro contratos de fondos federales por un total de 3 millones 616 mil pesos, según registros públicos que aparecen en Compranet. Una vez que asumió el cargo como diputado federal, tan sólo en 2013 la compañía recibió fondos federales por 13 millones 211 mil 970 pesos", abunda la investigación.

Alfonso Inzunza Montoya, Alcalde de Salvador Alvarado.

"En los presupuestos de egresos de diciembre de 2013, 2014 y 2015, discutidos y analizados en la Cámara de Diputados, el priista votó a favor de la repartición de los recursos que irían destinados a diversas obras públicas en Sinaloa, como la modernización de caminos rurales en la localidad de San Ignacio, tramos de pavimentación y la construcción de una cancha de fútbol en Culiacán, así como en la edificación de la biblioteca municipal de Navolato. Todos estos contratos los ganó la empresa dirigida por su hijo", señala el reportaje.

"Además, entre 2005 y 2007, Inzunza fue alcalde de Salvador Alvarado y durante ese tiempo también fue contratista del Gobierno estatal. En esos tres años, la Secretaría de Obras Públicas le encargó cuatro obras por 2 millones 220 mil 849 pesos a través de su compañía Morada, dos de ellas fueron por adjudicación directa y las otras dos por invitación restringida", señala MCCI e Iniciativa Sinaloa.

"Una de ellas por más de un millón de pesos fue para realizarse en el municipio que él gobernaba como presidente municipal. La obra consistió en construir un centro de cómputo y un aula en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente en Guamúchil", abunda el reportaje.

Además está Rubén Rocha Moya, ex coordinador de asesores del entonces Gobernador Jesús Aguilar Padilla y del actual mandatario Quirino Ordaz Coppel, quien podría, siempre según la investigación, haber incurrido en irregularidades por hasta 64 millones 660 mil pesos, a través de la constructora Chocosa, propiedad de su hijo Rubén Rocha Ruiz.

"El hijo del morenista, tiene una constructora llamada Chocosa que constituyó en mayo de 2009 con su hermano Ricardo y que a los ocho meses de haberse conformado recibió un primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por 292 mil 320 pesos para realizar un estudio de proyecto para la construcción de un tramo carretero, justo cuando su padre fungía como jefe de asesores del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla.

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En marzo de 2010, el último año de Rocha Moya en el gabinete estatal, la firma de su hijo recibió tres contratos más que sumaron 1 millón 403 mil 178 pesos", afirma la investigación.

"Entre 2013 y 2016, Rocha Moya fue subdirector de capacitación del ISSSTE. En 2017 se integró al Gobierno entrante de Quirino Ordaz Coppel como jefe de asesores y ese año la constructora de su hijo obtuvo cuatro contratos con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 6 millones 781 mil 782 pesos", abunda MCCI e Inicitiva Sinaloa sobre el actual senador de la República por Morena, donde funge como presidente de la Comisión de Educación.

El reportaje también menciona entre los personajes que podrían haber incurrido en un conflicto de interés o en irregularidades a Jorge Iván Villalobos Seañez, diputado federal de representación proporcional de 2012 al 2015, así como diputado local de 2018 a 2021.

Jorge Iván Villalobos Seañez, Diputado local por el PAN.

Además de Jesús Alfonso Ibarra Ramos, diputado local del 2016 al 2018. También a Óscar Javier Valdez López, regidor en el Ayuntamiento de Culiacán de 2011 a 2013, y diputado local del 2013 al 2016.

Asimismo, a Aarón Rivas Loaiza, diputado local de 2010 a 2012, y alcalde de la capital sinaloense de 2012 a 2013.

Otros son José Menchaca, diputado local de 2013 a 2016; aunado a Silvino Zavala Araujo, ex líder de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Sinaloa, además de diputado local de 2016 a 2018. También a Francisco Miguel Retamoza, director de Obras y Servicios Públicos en Guasave (2017-2018).

Silvino Zavala Araujo, ex Diputado local.

Por último, a Antonio Humberto Vega Gaxiola, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal (2005-2010), y titular de la Auditoría Superior del Estado, del 2014 al 2016.

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Según MCCI e Iniciativa Sinaloa, para este reportaje se solicitó a las secretarías, dependencias e instancia legislativas donde laboraron los 16 servidores públicos mencionados en este texto, cualquier manifestación de posible conflicto de interés que hayan hecho los funcionarios.

"Sin embargo, a nivel local y estatal ninguno reportó ante los órganos internos de control o contralorías algún conflicto de interés, mientras que a nivel federal, en el caso de dos funcionarios que presentaron sus declaraciones patrimoniales ante Declaranet, manifestaron en el apartado de conflicto de interés que no estaban de acuerdo en publicitar estos datos", señala la investigación.

"Los personajes que aparecen en este reportaje fueron el resultado de una búsqueda sistemática realizada por los equipos de Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se elaboró una lista de los gobernadores, alcaldes, diputados y senadores que han representado al estado en la última década y se les buscaron empresas a sus nombres o de algún familiar directo en el Registro Público del Comercio", indica.

"Una vez que se obtuvo un listado preliminar con unos 50 personajes se hizo una nueva selección de los políticos que a través de estas sociedades tuvieran contratos con la administración pública. Tras este cruce se obtuvieron unos 30 personajes que con sus compañías habían sido proveedores, arrendatarios o contratistas del gobierno", señala.

MCCI e iniciativa Sinaloa detallaron que el último paso de la investigación fue verificar que los contratos se hubiesen otorgado mientras el servidor público tenía un cargo con poder de decisión que pudiera influir en la adjudicación de los contratos.

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Operación Desfalco Sinaloa, La ordeña del erario