"Buscan pago por hectáreas afectadas"

"Buscan pago por hectáreas afectadas"
14/11/2015 09:35

    MAZATLÁN._ Aunque no han sacado las cuentas, puede haber cerca de 800 hectáreas afectadas, de categorías uso común, de caminos y forestal, sólo en cinco ejidos que pertenecen del lado de Durango, pero hay otras comunidades de Sinaloa que están a la espera que la autoridad se acerque para negociar por las hectáreas dañadas por la construcción de la súpercarretera Mazatlán-Durango. 

    Y mientras crece el rumor de que el Presidente Enrique Peña Nieto vendrá al límite de Sinaloa con Durango para inaugurar la súpercarretera y el puente con récord Guinness, ejidatarios de Durango, Sinaloa y Nayarit quieren llamar la atención y evitar que expropien sus tierras. 

    "Lo que queremos es llegar a un arreglo. Estamos exigiendo el pago, la indemnización de nuestras tierras que fueron afectadas", señaló Miguel Alvarado Huízar, del ejido Chavarría de Durango. 

    En una reunión con medios, ayer visitaron Mazatlán decenas de ejidatarios de los
     tres estados. 

    En Durango, la construcción de la súpercarretera abarcó hectáreas de los ejidos Pueblo Nuevo, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo, Comunidad de Chavarría y San Antonio, todos del municipio de Pueblo Nuevo. 

    "Hemos buscado acercamiento con autoridades, buscando alguna alternativa que nos puedan reparar el daño, sin llegar a la expropiación, hay otros procesos que se han dado en otras partes del País, como compras directas", mencionó Alvarado Huízar. 

    "Es un derecho que tenemos. Ellos quieren expropiarla, si nos las expropian van a pasar 20 ó 30 años y nunca nos las van a pagar, como han hecho otras veces. Nosotros no queremos que nos las expropien, que nos las paguen directamente al precio justo", agregó Juan Martín Camacho Osuna. 

    El comisariado de comunidad de Malpica, en Concordia, Sinaloa, recordó que las querían pagar a 40 centavos por metro. 

    En junio, recordaron, recibieron la resolución de un amparo a su favor, con que un juez ordenaba que se detuvieran construcciones, porque la autoridad estaba obligada a pagar. Ellos cedieron porque Gobierno del Estado de Durango empeñó la palabra para ayudar, pero aún no ha habido acertamiento.