Rumbo a las elecciones de 2027, valdría la pena preguntarnos si tiene sentido invertir en elecciones que ya están definidas de antemano y si como país lo que requerimos es que ese recurso se invierta de mejor manera: no en unas elecciones onerosas sino en los propios poderes judiciales estatales, que en la mayoría de los casos están muy por debajo del presupuesto mínimo indispensable para sus actividades cotidianas.