"Crimen de Jorge Aguirre: 11 años de letargo de impunidad"

José Manuel Salas

Las promesas de seguir investigando para "levantar" de su parálisis el caso del crimen del abogado y luchador social, así como el compromiso de la Procuraduría General de Justicia de seguir indagando ha dado su "veredicto final": el homicidio quedará en el olvido y sumido en el fracaso 

CULIACÁN._Once años han transcurrido, dos gobernadores, cuatro procuradores, ningún resultado. Jorge Aguirre Meza sigue esperando todavía la justicia y la sociedad una señal de que el caso no se hunda más en el olvido.
El tiempo ha sido testigo del fracaso de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el caso que con el paso de los años ha traído a su familia, a la defensa de los derechos humanos y a la sociedad el trago amargo de la impunidad.
Considerado como uno de los mayores tropiezos de la PGJE en los casos de alto impacto social en Sinaloa, el crimen del abogado Jorge Aguirre Meza, ocurrido el 27 de enero de 1997, ha quedado registrado en la historia negra de Procuraduría por la forma obsoleta, arcaica y maquinada en que se condujeron las investigaciones.
En el desespero por acallar la presión social y a la exigencia de esclarecer el caso, la PGJE cometió múltiples abusos y deficiencias que condujeron al caso al fracaso.
En la investigación se descubrieron múltiples irregularidades que a la postre fueron herramientas jurídicas para derribar lo poco que la autoridad logró realiza: privación ilegal de la libertad contra los acusados que fueron sujetos a tortura física y sicológica, acusaciones sin fundamento, invento de pruebas, declaraciones falsas, testigos comprados y una línea institucional para insistir en una sola hipótesis que se basó en testigos anónimos.
Han transcurrido 132 meses, 6 mil 985 días. La esperanza de que el caso se esclarezca se ha apagado pues el supuesto autor intelectual, Víctor Manuel Contreras Espinoza, "La Tamalera", sentenciado en un penal federal por delitos de delincuencia organizada logró quitarse de encima la única orden de aprehensión que existía en el caso, al recurrir a los tribunales y acreditar la nulidad de los elementos aportados por la Procuraduría estatal.

Callejón de la muerte
A las 20:15 horas del 27 de enero de 1999, luego de dar clases en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Navolato, Jorge Aguirre Meza, recién designado Regidor por el PRD, regresaba a su domicilio ubicado en Cerrada Macario Gaxiola, calle que ahora lleva su nombre, en el Centro de Navolato.
En su camioneta Dodge Ram, verde, Aguirre ingresaba por el callejón, siendo seguido por un Stratus gris, con vidrios polarizados.
Un testigo declaró ante el Ministerio Público que por la ventana de su domicilio, vio a dos sujetos vestidos de negro y con pasamontañas que corrían detrás de la unidad del abogado.
Uno de los sujetos que portaba un rifle AK-47, golpeaba la ventanilla del lado del conductor, gritándole a Aguirre: "bájate, bájate".
El segundo individuo brincó por una mufa y se paró donde en callejón forma una "L", para luego efectuar dos disparos al aire, mientras que Aguirre trataba de evadir al tipo armado dándole a su camioneta hacia adelante y atrás.
El paso del callejón sin salida fue obstruido por el automóvil gris, por lo que Aguirre aceleró la camioneta hacia su casa, pero el segundo individuo disparó en múltiples ocasiones, para luego huir en el Stratus a marcha acelerada.
Minutos después, Aguirre Meza fue declarado muerto en la sala de urgencias del IMSS de Navolato, a donde fue trasladado con múltiples heridas en su cuerpo.

¿Amenazas cumplidas?
La agencia segunda del Ministerio Público inició la averiguación previa 206/1999, la cual a principios de marzo de 1999 fue asignada al fiscal especial Jorge Valdez Fierro, quien luego de ser coordinador de órdenes de aprehensión y Subdirector de la Policía Ministerial del Estado, durante la administración del procurador Gilberto Higuera Bernal, fue asesinado el 7 de febrero de 2007 cuando se dirigía a su trabajo, ya que en ese tiempo fue designado como titular de la Unidad Modelo de Investigación Policial.
El entonces Gobernador, Juan Millán Lizárraga, a unos días de haber asumido el cargo, declaró que con el asesinato de Aguirre Meza, la delincuencia "lo estaba calando".
La única línea de investigación se centró en las supuestas amenazas que Víctor Manuel Contreras Espinoza, "La Tamalera", había hecho a Aguirre Meza, quien hasta 1997 fungió como Director de la Policía Municipal de Navolato.
Aguirre encabezó un operativo y fue el responsable de haberlo arrestado la tarde del 2 de noviembre de 1997 en el panteón de Altata, cuando festejaba el Día de Muertos efectuado disparos con armas de fuego.
"La Tamalera" fue capturado junto con el entonces comandante de la Policía Judicial del Estado, Juan Emilio Yee Compeán, Gabriel Tiburcio García, "El Bucho"; Armando Quiñónez Valenzuela, "El Becerro"; y Jesús Ramón Torres Navarro, "El Chuletas".
Contreras Espinoza ofreció a Aguirre y a sus agentes 500 mil pesos para que los dejara en libertad, pero no aceptaron el soborno.
Ya en las celdas de la Cárcel Municipal de Navolato, Contreras Espinoza amenazó de nuevo a Aguirre Meza, a quien se dirigía como "pinche rengo", a la vez que le advertía que lo iba a matar y que se lo iba a chingar.
Tras 4 meses de prisión, el 6 de marzo de 1998, Contreras Espinoza obtuvo su libertad y semanas después Aguirre Meza empezó a recibir amenazas de muerte anónimas que se cumplieron la noche del 27 de enero de 1999.

Línea 'curva'
El extinto Jorge Valdez Fierro fue designado como fiscal especial del caso, que para sustentar las acusaciones basó la investigación en un testigo "clave": un joven estudiante que posteriormente se convirtió en agente de la Policía Ministerial del Estado, José Rolando Cordero Pacheco.
Cordero Pacheco ayudó a "reforzar" la única línea de investigación que se siguió y que se centró en una supuesta venganza de "La Tamalera" contra Aguirre ya que este último lo arrestó y consignó ante la PGR por la posesión de armas de fuego en el panteón de Altata.
Con testigos anónimos, los agentes investigadores elaboraron un parte policial en el que señalaban que los autores intelectuales del crimen eran Víctor Manuel Contreras Espinoza, "La Tamalera"; y Rafael Ureta León.
Los "informantes anónimos" supuestamente afirmaron también que los autores materiales eran Juan Emilio Yee Compeán, Óscar Valentín Sánchez Espinoza, una persona de nombre "Geovanny", otros dos sujetos de aspecto sureño y un agente de la extinta Policía Federal de Caminos de nombre Hugo Palazuelos, quien fue hallado ejecutado el 24 de diciembre de 1999 en las cribas de Culiacancito.
Los elementos sirvieron para detener a Juan Emilio Yee Compeán y a otra persona identificada como Rafael Ureta León; ambos fueron retenidos el 27 de febrero de 2000 e incomunicados y torturados durante 3 días, para después ser consignados al Juez penal de Navolato.
Platón López Gámez, en ese entonces Juez de Navolato, dictó auto de formal prisión a los supuestos asesinos el 6 de marzo de 2000 y concedió órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Contreras Espinoza, "La Tamalera"; y contra Óscar Valentín Sánchez Espinoza.
Una semana después, el expediente fue radicado al Juzgado cuarto penal de Culiacán.
Óscar Valentín Sánchez Espinoza, uno de los involucrados, logró el amparo de un juez para que se eliminara la orden de arresto que había en su contra.

Víctima de sus inconsistencias
En Sinaloa, el proceso continuó contra los dos acusados del crimen, quienes durante 2 años y 4 meses pelearon en los tribunales y argumentaron que en el expediente había evidentes y suficientes pruebas de haber sido torturados, presionados para declarar y afectados en sus garantías individuales.
Los indiciados insistían en que había "línea" para acusarlos, y el 17 de diciembre de 2001 el Juez cuarto del ramo penal les dictó sentencia condenatoria de 12 años, 10 meses y 24 horas de prisión, además al pago de la reparación del daño moral por un monto de 17 mil 820 pesos.
La defensa de ambos interpuso el recurso de revisión, turnándose el caso a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, que luego de analizarlo, resolvió el 28 de junio de 2002 revocar dicha sentencia condenatoria y ordenó la inmediata libertad de Yee Compeán y Ureta León.
La absolución emitida por los magistrados en el toca penal 746/2001 fue en definitiva, la PGJE no pudo hacer ya nada por continuar con las acusaciones: el caso fracasó sin remedio.

El último eslabón... perdido
Vinculado por las autoridades federales con el Cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael "El Mayo" Zambada, Víctor Manuel Contreras Espinoza fue apresado el martes 17 de febrero de 2003 luego de enfrentarse a balazos contra la Policía Municipal de San Luis Río Colorado.
Con el nombre de Benito Ortega Alvarado o Juan Navarro, "La Tamalera", fue arrestado junto con otros seis individuos que posteriormente fueron trasladados al penal de máxima seguridad de La Palma, Estado de México.
Fue acusado de los delitos de Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de mariguana y lavado de dinero, purgando actualmente una condena de 17 años de prisión y 400 días multa.
Durante su encierro en la capital del país, los recursos legales para evadir la justicia sinaloense finalmente le favorecieron ya que en el año 2005 el Cuarto Tribunal Colegiado del XII Circuito con sede en Mazatlán, ordenó cancelar y anular la orden de aprehensión que existía en contra de Contreras Espinoza, el último implicado en el hecho.
La cancelación del mandamiento judicial se apagaron las esperanzas de procesar a "La Tamalera" por el crimen de Aguirre Meza por ser el último de los involucrados en deslindarse de responsabilidad y sin existir ya otra instancia para revocar la resolución.
A más de una década de cometido el crimen del luchador social, las nuevas autoridades de la Procuraduría General de Justicia han olvidado el caso, lo han dejado que se hunda en el letargo de la impunidad, han desatendido e incumplido sus propias promesas de "reforzar" la investigación, han olvidado su compromiso social de robustecer las líneas de investigación que no se explotaron y han mentido en forma sistemática de que el caso no quedará impune.



Silencio oficial

La Procuraduría General de Justicia del Estado prefirió el silencio cómplice antes que admitir que el caso ha permanecido sin ningún cambio desde hace años.
Jesús Martín Robles Armenta, Subprocurador Regional de la Zona Centro, se rehusó a hablar del caso, pese al compromiso previo de dar un informe sobre el seguimiento al caso Aguirre Meza.
Fuentes cercanas a la PGJE revelaron que el expediente relativo al crimen de Jorge Aguirre sigue archivado en la dirección de control de procesos y considerado como caso perdido debido a que lejos de realizarse diligencias para continuar las pesquisas, desde hace más de 2 años ni siquiera se ha tocado el expediente.


Las causas del fracaso

Seguir sólo una "línea" de investigación
Manipular a testigos para sustentar la hipótesis
Falsedad de declaraciones de testigos
Invención de testimonios en partes informativos
Privación de la libertad e incomunicación a los acusados
Tortura física y sicológica a los detenidos
Fallas en la coordinación interinstitucional con PGJE de Baja California
Débil seguimiento procesal en los juzgados penales