"Firmas"

"La economía moral de Sinaloa"
06/11/2015

    Ana Luz Ruelas

    La naturaleza de nuestra economía regional todavía es un misterio que no terminamos de comprender, y los economistas necesitan esforzarse más para explicarlo.
    Tanto INEGI como Banamex reportan que su tasa de crecimiento es de las menores del país, y el segundo ubicó a Sinaloa en 2007 en el lugar 28 nacional. ¿Qué pasa?
    Nuestra base económica es agroexportadora y de servicios, sin sectores de alta rentabilidad, manteniéndose mediocre. Pero junto a ello, existe una deficiente contabilidad del PIB, que fue identificado por el Centro de Estudios de la Globalización y el Desarrollo Regional de la UAS.
    Según este Centro, si bien Sinaloa es lugar 17 en contribución al PIB nacional, con 2 por ciento, su coeficiente de ahorro bancario (CAB), que relaciona los depósitos en la banca como porcentaje del PIB, sorprendentemente es el sexto más alto del país, igual que Nuevo León y por arriba de Querétaro y Puebla, economías ostensiblemente más fuertes.
    También argumenta, que en 2007 su CAB indicaría correlativamente un PIB estatal de 20 mil 126 millones de dólares y no de 17 mil 056 (18 por ciento superior), como se infiere con datos de INEGI. Esto se explicaría por el lavado de dinero y el narcotráfico. ¿De dónde más pudiera venir?

    Dueños de Sinaloa
    Nuestro modelo de desarrollo viene conformando una élite empresarial que según el mundillo de las revistas de negocios, emula al grupo Monterrey. Se identifican como los cinco empresarios más influyentes a Enrique y Agustín Coppel, Juan Manuel Ley, Eustaquio de Nicolás y Ernesto Echevarría. Luego, cinco empresas sinaloenses aparecen entre las 500 de Expansión: Coppel, Grupo Viz, Homex, Almacenes Zaragoza, Grupo Ceres, Cid Mega Resort. Las tres primeras con ventas de miles de millones de pesos anuales. Y existe una docena de firmas que le siguen los pasos. Esto es positivo en la medida que practiquen un capitalismo moderno.
    Propietarios y ejecutivos prominentes de estas grandes empresas irrumpen en el gobierno estatal y local, entremezclándose con la clase política, embonando la dinámica de sus corporaciones con los órganos públicos, creando ambientes propicios para sus operaciones mercantiles, que recuerda al viejo concepto marxista de capitalismo monopolista de estado.
    Esto entraña también un sesgo ideológico. Sus intereses e ideas, terminan imponiéndose desde los aparatos del Estado y los medios, como lo moralmente bueno para nuestra economía, la competitividad, sustentabilidad, desarrollo urbano, política cultural, seguridad pública, educación, por encima incluso de opiniones expertas y la mayoría. Para evitar conflictos políticos, como es hoy el asunto energético en el país, tal economía moral requiere de democracia, pluralidad, tolerancia, vigencia del estado de derecho, transparencia y rendición de cuentas.
    José Ignacio de Nicolás, de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Jesús Vizcarra, Alcalde de Culiacán, por ejemplo, a pesar de sus buenas obras, no son filántropos profesionales. Retirarse de las tareas diarias de Vizur no significa que a Vizcarra le sean ajenos sus negocios, pero alardea de altruismo como si fuera un rico bíblico al que Cristo le recomendó dejar todo y seguirlo, que no es el caso. Desde el estado, el bien se hace al amparo de la ley.

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