"La línea inconclusa"

Una línea de investigación que quedó abierta en el caso de los tres jóvenes desaparecidos de Las Quintas podría esclarecer, después de casi dos décadas, la incógnita sobre el destino de sus cuerpos, los cuales habrían sido cremados clandestinamente en uno de los dos hornos que existían en 1996, uno de ellos del DIF Sinaloa 

CULIACÁN._ Después de 17 años, cuatro Gobernadores, siete Procuradores y siete investigadores especiales, aún hay una línea de investigación que pudiera ayudar a esclarecer el caso de la desaparición de los tres jóvenes de Las Quintas. 

Una declaración hecha por un funcionario en el año 2000 apunta a que los cuerpos de Abraham Hernández Picos, Jorge Cabada Hernández y Juan Emerio Hernández Argüelles fueron incinerados sin dejar huella, reveló en entrevista para Noroeste Ricardo Arnulfo Mendoza, ex fiscal especial del caso que conmocionó a la sociedad sinaloense en la década de los 90. 

Levantados por tres policías municipales según los expedientes integrados por dos ex fiscales entrevistados, los tres primos de Las Quintas desaparecieron la madrugada del 30 de junio de 1996 tras acudir a una fiesta en la casa del influyente empresario Rolando Andrade Mendoza. 

Sus cuerpos habrían sido cremados y de ello tuvo conocimiento un servidor público cuya declaración quedó asentada en las actuaciones de la averiguación previa que se integró en el segundo semestre del año 2000 con apoyo de la PGR, señaló Ricardo Arnulfo Mendoza. 

"A un funcionario importante que se le preguntó si dentro de su participación en el momento en que iban a ocurrir los hechos, había tenido conocimiento por algún medio de que los cuerpos de los jóvenes habían sido cremados, y dijo 'sí tuve conocimiento'. 

"Se giró un oficio a los investigadores para que informaran cuantos hornos crematorios había en la ciudad de Culiacán en la época en que sucedieron los hechos, informaron que había dos, el de la Moreh y el del DIF de (la colonia) Tierra Blanca".

¿Qué funcionario era?
"Ese dato sí me lo reservaría porque sería levantar mucha polémica cuando se trata de una línea de investigación", dice el ex fiscal. 

La línea quedó abierta y oculta en el expediente en poder de la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa. Pocos medios dieron a conocer el dato. 

El propio Mendoza decidió hacerse a un lado y dejar la fiscalía cuando empezó a ser presionado por el entonces Gobernador Renato Vega Alvarado, acusado de proteger a Rolando Andrade porque éste le habría financiado su campaña política con recursos de Carlos Cabal Peniche, acusa Abraham Hernández Picos, padre de uno de los desaparecidos. 

"Ahí quedó la línea. No sé qué tanto avanzó pero yo la preparé precisamente porque yo miraba que la otra línea podía tronar algún día por la falta de relación de los cuerpos con las personas que estábamos acusando. ¿Dónde quedaron los cuerpos? Yo sabía que si llegaba la sentencia de ellos (los acusados) y los cuerpos no aparecían, sabía que podrían salir libres", declaró el ex fiscal Mendoza. 

Afirmó que aunque él inició esta línea, renunció al caso cuando vio que resultaba peligroso continuar porque empezaba a tocar intereses políticos. El ex Gobernador Vega Alvarado lo presionó para que declinara, poniéndole límites a los apoyos que le daba para sus investigaciones. 

José Luis Zavala, predecesor de Mendoza en la fiscalía, dijo desconocer sobre la posible cremación de los cuerpos como línea de investigación inconclusa, pese a que cuando él encabezó el caso también tuvo conocimiento de esa posibilidad. 

José Luis Leyva Rochín, actual responsable de la fiscalía especial para las desapariciones forzadas, se negó a ser entrevistado sobre este caso.

EPN, la esperanza

Anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha generado grandes expectativas en la familia Hernández de Culiacán. 

Presentada el 27 de mayo de 2013, esta Unidad será la encargada de investigar los casos de unas 26 mil personas desaparecidas desde diciembre de 2006, en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Para el padre de Abraham Hernández, uno de los tres jóvenes desaparecidos, el anuncio de Peña Nieto abre una luz de esperanza para saber, por fin, donde quedaron su hijo y sobrinos. 

"Me ha despertado el 'gusanito' lo que Enrique Peña Nieto ha declarado a nivel federal respecto a las desapariciones; ¿mi caso entrará ahí? ¿me irán a apoyar?. Me recorre la idea de ir al Gobierno federal a exponer mi caso y encontrar a esa persona que tuviera la sensibilidad para decirnos dónde quedaron nuestros hijos", señala Abraham Hernández. 

Como cada año, los padres y familiares de los tres jóvenes desaparecidos recuerdan la impunidad que sigue marcando su caso, desde afuera de la casota de la familia Andrade ubicada en la colonia Las Quintas, sobre el bulevar El Dorado. 

Hasta hoy, cuatro Gobernadores de Sinaloa pueden sólo presumir la impunidad y corrupción que ha marcado este caso, donde según las indagatorias, los policías municipales José Luis Quiroz Ávila, Jorge Abel Félix Torres y Héctor Manuel Medina Inzunza, levantaron en la patrulla 023 a los primos. 

Al ex Procurador Amado Zambada Sentíes y al propio ex Gobernador Renato Vega Alvarado se les acusó de propiciar la impunidad al no investigar en serio. 

De entre los pocos datos que hasta ahora se saben de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es que contará con un banco de datos y estará integrada por un primer grupo de 12 agentes del ministerio Público que se encargarán de investigar cerca de 26 mil casos como el de la familia Hernández de Culiacán.

Hornos sin vigilancia
La cremación clandestina de los tres jóvenes de Las Quintas se habría sumado a otros ocurridos en los hornos que operan en Culiacán, y los cuales carecen de vigilancia de parte de las autoridades, coinciden el ex fiscal Ricardo Arnulfo Mendoza y el activista en Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa. 

Fundador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Sinaloa, Loza Ochoa advirtió que la falta de regulación de esos espacios es preocupante en un estado donde se registran frecuentes desapariciones forzadas. 

"Debe establecerse un protocolo para la cremación de cadáveres. Urge porque creo que deben haberse cometido muchos delitos más aparte de asesinar a personas escondiendo los restos de esa manera", señaló. 

La Procuraduría de Justicia de Sinaloa y la Secretaría de Salud deben llegar a un acuerdo con las empresas que manejan esos servicios para que no enciendan los crematorios sin presencia de la autoridad o la autorización directa de un familiar de la víctima. 

"Que sólo se cremen cuerpos humanos a solicitud de la familia, no a solicitud de un desconocido", pidió Ricardo Arnulfo Mendoza. 

Aunque hay miles de casos en México plagados de corrupción, vicios e intereses políticos y empresariales en México, en el caso de los desaparecidos de Las Quintas de Culiacán hace falta agotar la línea de la posible cremación a partir de las declaraciones registradas en los expedientes el año 2000, y que a la fecha han sido inexploradas públicamente, añade Mendoza. 

Desaparición forzada
La desaparición forzada no está tipificada como delito en Sinaloa. El caso de los tres jóvenes de Las Quintas, sin embargo, encuadra en este delito por las características que tiene, según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:
1 Hubo intervención del Estado
2 La autoridad niega estar vinculada con los hechos
3 Escaso o nulo interés de las autoridades para detener a los responsables
7 investigadores, 0 condenas

Desde 1996, siete investigadores han estado a cargo del caso de los jóvenes desaparecidos de Las Quintas, sin que a la fecha se hayan logrado sentencias condenatorias:
1 Inés Leyva Castro
2 Gilberto Morán Cortés (+)
3 José Luis Zavala Beltrán, como sub Procurador de la Zona Centro
4 Ricardo Arnulfo Mendoza
5 José Antonio Sainz León
6 Gilberto Lizárraga
7 José Luis Leyva Rochín, responsable de la fiscalía especial para las desapariciones forzadas de la PGJ de Sinaloa

Procuradores que no han dado resultados en el caso
Roberto Pérez Jacobo
Amado Zambada Sentíes
Gilberto Higuera Bernal
Ramón de Jesús Castro Atondo
Oscar Fidel González Mendívil
Luis Antonio Cárdenas Fonseca
Alfredo Higuera Bernal
Marco Antonio Higuera Gómez 

Gobernadores omisos
Renato Vega Alvarado (+)
Juan S. Millán
Jesús Aguilar Padilla
Mario López Valdez, actual Gobernador de Sinaloa 

Una fiesta, la desaparición y ningún detenido
Una riña entre Cristian Paúl Álvarez -amigo de los primos Hernández- y Rommel Andrade Almada -hijo de Rolando Andrade Mendoza- provocó que los guardias de seguridad del empresario intervinieran y más tarde participaran en la desaparición de los tres jóvenes, según investigaciones del caso. 

El pleito se suscitó en medio de una fiesta en la casa de los Andrade, donde se festejaba el cumpleaños de la hija del empresario, Helga Andrade Almada, con quien Cristian quería una relación de noviazgo. Los tres jóvenes desaparecieron luego de salir del festejo. 

Como fiscal especial del caso, José Luis Zavala Beltrán actuó para que se giraran 11 órdenes de aprehensión, pero ante una apelación de la PGJ de Sinaloa se autorizaron sólo cinco, una de ellas en contra de Rommel Andrade Almada, hijo del empresario Rolando Andrade Mendoza. 

También se solicitaron órdenes de aprehensión contra los elementos de seguridad de la familia Andrade, Arcadio Solís Pacheco, Rosario Gutiérrez Orfila y los hermanos David y Jaziel Villarreal Toca, éstos últimos dos capturados en enero de 1999 en Roma, Texas. Todos ellos negaron su relación con los hechos. 

Los hermanos Villarreal Toca presentaron un amparo y, en 2001, los magistrados de una sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación radicada en Mazatlán declinaron proceder en contra de los acusados y después de eso quedaron nulas las órdenes de aprehensión. 

Ambos fueron liberados y los oficios judiciales cancelados por falta de pruebas. Hasta hoy el responsable anda suelto