"Los hilos del poder"

Cuauhtémoc Ramos Escobar

El Gobernador Jesús Aguilar Padilla al referirse a la intervención policíaca para disolver el plantón de comuneros en las instalaciones de la Presa Picachos el lunes 13, precisó que no hubo ningún desalojo: "lo que se hizo, únicamente, fue permitir el paso a los vehículos y maquinaria para trabajar en el cierre del túnel de desvío", así lo calificó.
No obstante el empleo de la fuerza pública, para desplazar de la Picachos a los comuneros procedentes de las comunidades afectadas, el mandatario señaló que esta se dio a solicitud de la Comisión Nacional del Agua, en la que participó la Policía Federal Preventiva, y la Policía Estatal solamente fue de respaldo.
Se entiende que esta fue una determinación obligada para ejercer un acto de autoridad que se sustentó en la revocación del amparo interpuesto por los comuneros para suspender cualquier acción de las autoridades.
Al explicar que de no cerrar a tiempo el túnel, el mandatario estatal dijo que se corría el riesgo del rompimiento de la cortina y el desbordamiento de 320 millones de metros cúbicos de agua que, en cuestión de segundos, inundarían todos los pueblos desde el Recodo hasta Villa Unión, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
Esos eran los riesgos, manifestó, después de precisar que el proceso de construcción de la Presa Picachos "había llegado a su fin", y añadió que "era necesario cerrar el túnel de desvío, y fue lo que se realizó justamente".
Sobre las implicaciones de la protesta Aguilar puntualizó: "vamos poniendo en contexto las cosas", y por principio, dijo que "no hubo ningún desalojo".
En cambio explicó que "hay dos líneas muy claras: la presa se empezó a construir con la autorización y la anuencia de todos los comuneros, como consta en las actas legalmente instaladas y validadas de cada una de las asambleas en un acuerdo, considerando que la presa es una obra de infraestructura que vendrá a impulsar el desarrollo del sur y a garantizar el agua potable suficiente, de calidad, para el puerto de Mazatlán como destino turístico".
Y reiteró que la Comisión Nacional del Agua, "técnicamente definió que había que cerrar el túnel de desvío y para hacer esa maniobra era necesario retirar la obstaculización de vehículos y algunas personas, que fue lo que hizo la Policía Federal Preventiva auxiliada por la Policía Estatal Preventiva."
El Gobernador habló de otras líneas paralelas, "que son las obras sociales, de infraestructura, vivienda y demás servicios que el Gobierno del Estado está obligado a dotar a aquellos que tendrán que cambiar de domicilio por la edificación de la presa, a los poblados que ya se construyeron".
Puntualizando que en eso no hay variantes, porque "este es un proceso que está en marcha, en el que mi Gobierno se solidariza y tiene una obligación con cada una de las familias, para hacer los caminos, carreteras, la construcción de los poblados, la energía eléctrica y demás obras necesarias".
Pero lo comuneros temen que no les cumplan en el tiempo y la forma como los pactaron.
En respuesta el Gobernador manifestó que todos y cada uno de los compromisos expuestos con los comuneros de los poblados de Mazatlán y Concordia serán cumplidos porque son ellos los que más requieren del apoyo de su Gobierno.
Asimismo, Aguilar Padilla comentó que su Gobierno ha ido más allá de las obligaciones iniciales consagradas en los convenios, porque considera traumático para la gente cambiarse de un poblado, donde nació y donde está todo su arraigo, a otro donde tendrá una serie de demandas inmediatas, mediatas y en el largo plazo.
Y al hacer un recuento de las comunidades anteriormente desplazadas por las edificaciones de las presas Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y la López Mateos del Varejonal, señaló que tanto en Juan José Ríos como en El Tamarindo, se responde a la demanda social a la que sus pobladores tienen todo el derecho de mejorar sus condiciones de vida, como es el caso de los desplazados por la Picachos en estos momentos.
En referencia al amparo interpuesto por los comuneros para la suspensión de las obras de la Picachos, el mandatario señaló que no existe ninguna violación, debido a que fue revocado por el Juez Octavo de Distrito, Ruperto Triana Martínez, que en el expediente 709/2009 ordenó la suspensión definitiva solicitada por los demandantes en contra de los actos de las autoridades.
Sin embargo, indicó que eso no cancela la obra social que el Gobierno tiene la obligación moral, ética y legal de construir porque los reubicados tienen toda su solidaridad.
Pero se pregunta, ¿bajo esas circunstancias en qué condiciones quedan los desplazados de sus lugares de origen, al ser revocado el amparo interpuesto por el juzgado de distrito? ¿Desistir en su protesta y esperar, por cuánto tiempo, para que sus demandas sean cumplidas?
Lo único cierto es que en apego a la determinación del tribunal no podrán paralizar las obras so pena de castigo, y quedan condicionados a proseguir con las negociaciones en las mesas del diálogo abiertas por el Gobierno para encontrar soluciones al conflicto.
Sin que esto, en ningún sentido signifique una amenaza velada porque no la es ante cualesquier acto de rebeldía punible, lo más importante es que deba de prevalecer el diálogo para evitar rompimientos que a nada bueno conducen, sin importar de donde procedan quienes los alienten.
El fallo de la autoridad judicial está dado.

Veredes pues… cosas veredes.