Cuauhtémoc Ramos Escobar
De nueva cuenta se suscitan en Mazatlán los bloqueos de taxistas en contra de las unidades de Atamsa por la disputa del pasaje de turistas que se transportan de la zona hotelera al aeropuerto.
Y sobre este asunto, que parece no tener solución, el Gobierno del estado se mantiene al margen y su mediación no va más allá de atenuar el problema mediante la firma de acuerdos entre las organizaciones, al margen de la ley.
Sin embargo, es necesario anotar que después de tantos encuentros jamás se ha llegado a soluciones que dejen conformes a las partes.
Atamsa y otras empresas turísticas trabajan conforme a lo que la ley les otorga y los taxistas se oponen a que las unidades de dichas organizaciones se lleven el pasaje de una zona de la que, supuestamente, no están autorizados para hacerlo.
El problema, que data de muchos años, ha trascendido varias administraciones del Gobierno del estado y los tres últimos gobernantes en sus tiempos respectivos no han sido suficientes para resolverlo.
Después de Renato Vega y Juan Millán, le corresponde a Jesús Aguilar encararlo, pero en el transcurso de los tres años que lleva al frente del gobierno, su participación, al igual que las de sus antecesores, ha caído en el fracaso.
Sin embargo, las condiciones demuestran que existe una falta de interés por encontrar una solución oficial definitiva y lejos de proponérselo a lo único que llegan es a atemperar las disputas, cuando estas alcanzan el mayor nivel de enfrentamientos.
Pero acaso, se pregunta, ¿no existe una solución posible o todas las propuestas caen por su propio peso por estar fuera del marco legal? Mucho se ha dicho que han sido los dos últimos gobernadores los que propiamente se han encargado de aplazar las soluciones, por favorecer a los sindicatos de taxistas en contra de los derechos que Atamsa reclama.
Y aunque ello es evidente por la filiación de las organizaciones sindicales adheridas a los sectores del PRI, esto se refuerza con los hechos de que tanto Juan Millán como Jesús Aguilar son de filiación cetemista, y la organización de taxistas de mayor peso en Mazatlán pertenece precisamente a la CTM.
Por lo tanto, se nota la parcialidad gubernamental que las otras partes metidas en el conflicto acusan en su perjuicio, y se percibe que el hecho de no encontrar soluciones como los empresarios del transporte turístico reclaman es porque no se aplica la ley como es debido.
A ello habrá que anotarle también que a las organizaciones sindicales de taxistas poco les queda de esa esencia social y los permisionarios titulares de las concesiones que el Gobierno les otorga, en su gran proporción, las rentan a los trabajadores.
Lo que resulta que en el gremio de los taxistas son más los chamberos que los permisionarios dueños de los vehículos los que se dedican a prestar el servicio en usufructo de las concesiones o en otros casos las disfrutan como rentas.
Por otra parte, se entiende, que la falta de justicia y la no aplicación de la ley han sido las causas principales del desorden que existe en el transporte turístico de Mazatlán desde hace mucho tiempo.
Y como ya es costumbre, las autoridades eluden siempre la solución, dándole largas al asunto.
El aplazamiento constante para encarar con seriedad el problema transportista que se registra en cada temporada lo demuestra y pone en evidencia lo incompetente que es el gobierno en este asunto tan conflictivo.
Demuestra también su falta de interés para encontrar soluciones que terminen con las disputas de las organizaciones encargadas de prestar el servicio.
Aunque los años transcurridos hasta ahora han pasado en balde así seguirán los que vienen si no ponen un alto al desenfreno de bloqueos de unidades.
La opinión recurrente es que a las autoridades del transporte no les interesa que se atropelle el derecho y se menoscabe el servicio que demandan los turistas cada vez que nos visitan.
Y a todas luces se ve la irresponsabilidad del gobierno por la nula entereza y la falta de energía como responsables para encontrarle solución al conflicto que surge por la prestación de un mejor servicio, y que a los que se preocupan por dar lo mejor con mejores unidades al demandante los bloquean, como es la costumbre, y les secuestran a los turistas que no sin asombro se ven obligados a cambiarse a otras unidades.
En ese sentido no puede negarse que el gobierno le abona a la anarquía y da motivos para que los transportistas se reserven el derecho de actuar por encima de la ley.
Lo que en este asunto si el gobierno, con criterio socarrón, persiste y campantemente se aparta de sus obligaciones para mediar y resolver el conflicto transportista, esto seguirá pasando y no sin visos de rebasar los límites que hasta ahora no han pasado de las ofensas verbales.
En el conflicto transportista de Mazatlán al gobierno le sucede lo que en el cuento del gato: "que cuando no está, los ratones hacen de las suyas", a sabiendas de que no les va a pasar absolutamente nada.
Así, todos medran sin riesgos, porque se les permite que aniden los intereses extralegales, anteponiendo los acuerdos entre las partes y haciendo a un lado la aplicación de la ley y anteponiéndose al principio del estado de derecho.
En los tres sexenios últimos de gobierno no ha habido solución posible, ni los mandatarios han tenido la capacidad suficiente para enfrentar a las organizaciones y obligarlas a que cumplan con las disposiciones legales del caso.
En tanto, Mazatlán padece las consecuencias y no avanza en la prestación de un servicio que demerita su calidad como destino para los visitantes nacionales y extranjeros.
En reiteradas ocasiones los gobernantes reconocen que Mazatlán es uno de los destinos turísticos más importantes del País, y le apuestan a su desarrollo, impulsando nuevas inversiones para la creación de una mayor infraestructura.
Sin embargo, lo mucho que en ese plano reconocen, al no encontrar una solución al servicio del transporte, se reducen las posibilidades de un desarrollo equilibrado ante la negación de enfrentar el problema con decisión.
Veredes pues
cosas veredes.
