"'Negocio del grupo gobernante': Asa Cristina Laurell"

CULIACÀN._ En Inglaterra, la sociedad empezó a exhibir y criticar las fallas de los proyectos de APP desde 20 años atrás. En México, la discusión inició hace 4 años. Y, en Sinaloa, tiene apenas 5 meses. 

Las experiencias internacionales de las Asociaciones Públicas Privadas fueron ignoradas por el ex Presidente Felipe Calderón, los gobernadores y los legisladores locales y federales, de los diferentes partidos políticos, sin excepción, cuando elaboraban la Ley de Asociación Público Privada. 

Desoyeron las alertas provenientes de otros países, sobre todo de Europa: Inglaterra, "el padre" de las APP, se firmaron contratos con tasas de interés de 3 a 4 veces mayores a las contratadas por el Gobierno, lo que disparó su deuda; España erogó recursos públicos para rescatar empresas en bancarrota; y en Grecia, "contribuyeron a la quiebra del País". 

En noviembre de 2010, Asa Cristina Laurell, ex Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, egresada de las escuelas de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Lund, en Suecia, y de la Universidad de California, en Estados Unidos, desde el Congreso de la Unión advirtió de las presiones financieras que enfrentaría México en el futuro si se aprobaba la nueva figura de inversión. 

La escucharon, pero los legisladores no cambiaron su postura. 

A pesar del tropiezo, ella levanta la voz, otra vez, desde otro auditorio. De visita en Culiacán ayer, participó en el foro Salud en Sinaloa, Hospitales APP. Retos, Riesgos y Oportunidades que organizaron tres legisladores, grupos empresariales y ciudadanos. 

De cara al auditorio, la doctora de origen sueco que presume su cabellera dorada, ojos azules y una piel con arrugas que bien hablan de su experiencia, dice lo que otros prefieren callar: de los costos, de las fallas, de las irregularidades, del tráfico de influencias, en los contratos APP.

El negocio
En México, los contratos APP han beneficiado a los empresarios afínes al Gobernante en turno, exhibe Asa Cristina.
 
Y ejemplifica que la Ley de APP nació en diciembre de 2011, tras la presión de Calderón Hinojosa a los legisladores, pues debía legalizar las obras que adjudicó. 

"Se aprueba la Ley APP en diciembre de 2011, por una presión muy fuerte de Calderón y de un grupo de gobernadores porque ellos querían legalizar las obras que habían hecho bajo ese esquema. Por ejemplo, el Estado de México movió a sus diputados. No necesito decir quién era el Gobernador del Estado de México (el hoy Presidente Enrique Peña Nieto)", dice. 

Con la modificación de las normas estatales, los empresarios adquirieron el derecho a reclamar los ingresos de las arcas gubernamentales, desde los impuestos hasta las participaciones federales, expone. 

Las constructoras más beneficiadas pertenecen al grupo salinista, dice. Y en el sector salud, las consentidas son GIA, de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari; Marhnos Construcciones, de la familia Servitje, relacionada a los gobiernos panistas; y Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, y constructor de la "casa blanca" de la Primera Dama, Angélica Rivera. 

Y detalla la adjudicación de los proyectos. 

"Hay que hablar con la verdad, creo yo. Esos contratos han sido concedidos a empresas extranjeras, o socio del Gobierno en turno. El del Bajío que fue el primero lo dieron a Acciona que es una empresa española. El Bicentenario lo dieron a Marhnos... (en este caso), se decía que debía de tener experiencia en construcción de hospitales, pero no tenía experiencia en hospitales, tenía en hoteles...", compara. 

"El tercero que es Ixtapaluca lo ganó Gerard Rivero, que ustedes también tienen el mismo ganador aquí. Y el de Zumpango, que es en el Estado de México, ganó Hinojosa Cantú, que se ha hecho muy famoso en los últimos meses, o sea, Higa", prosigue. 

Pese a las crisis nacional e internacional, la figura legal que fusiona capital privado y público continúa en expansión: aterriza en ciudades indistintas, apuesta a sectores productivos diferentes e invierte en cantidades millonarias, sin restricciones. 

En cuatro años, han conseguido financiar, construir y administrar infraestructura y ofrecer servicios públicos: carreteras, transporte, hospitales, escuelas, cárceles, procesamiento de basura y residuos, tratamiento de agua, y hasta investigación cientifica, enuncia. 

"Y la cesión de los ingresos a cambio de los servicios prestados", subraya. 

--¿Y cómo podría explicar el modelo, porque sabemos que hay licitaciones públicas...?
--Bueno, hay muchas maneras en cómo las licitaciones pueden estar amañadas. Y, bueno, yo no puedo en cada caso decir cómo ha estado. Lo que llama la atención. Yo le iba a dar el caso de una compañía que ha donado mucho dinero a la campaña del PAN. Y le dieron el contrato, a pesar de que no tenía la experiencia en la construcción de hospitales. Otra cosa que le puedo decir es que generalmente en las licitaciones hay un costo, pero luego hay ampliación de contratos... Lo que significa que hay más dinero involucrado.

"...Hay múltiples ejemplos de corrupción y tráfico de influencias. Y como no tenemos una supervisión, y como no tenemos contralores independientes; entonces, no hay una intervención que permita corregir este tipo de problemas", explica.
　
'Los elefantes blancos'
Con cifras exhibidas en diapositivas, Asa Cristina expone que los proyectos de nosocomios APP en México registran sobreprecios en la construcción y equipamiento. 

Con el gasto que se hará en los 4 hospitales mencionados, se habrían creado 8 más, asegura. 

"El sobreprecio en construcción y equipamiento del hospital, el sobreprecio calculado que hacemos nosotros, para el erario público ha sido del 50 por ciento. Y eso corresponde a 12 mil millones de pesos, con los cuales se podría haber construido 12 hospitales regionales de alta especialidad", analiza. 

El proyecto más costoso corresponde al Hospital de Zumpango. El Gobierno del Estado de México le compró a Grupo Higa cada cama por 65.3 millones de pesos. En el mercado real, el precio era de 7 millones de pesos, compara. 

Y la especialista también expone los casos de Sinaloa. En Culiacán, el Gobierno estatal prevé adquirir a Prodemex, del magnate Olegario Vázquez Raña, cada cama a 51.8 millones de pesos, mientras que el costo real oscila entre 21.2 y 9.1 millones de pesos. 

En Mazatlán, comprará a Gerard Rivero cada cama a 45.3 millones de pesos; siendo su costo inferior, entre 22.1 y 8.4 millones de pesos. 

Además, las desarrolladoras no cumplieron con los plazos fijados para la edificación y equipamiento de los inmuebles, exhibe. 

"Hubo irregularidades no sancionadas en todos los contratos", expone. "Por ejemplo, en el Bajío no entregaron en 3 años el sistema de cómputo. Y el costo que tenía el desarrollador de no entregarlo, no era nada... Le convenía al desarrollador pagar la pena, y no instalar el sistema". 

"También ha habido modificaciones a los contratos por fallas en el diseño: 'ay, es que se nos olvidó el estacionamiento'", ironiza.
"Desafortunadamente, esos hospitales han resultado ser 'elefantes blancos', y no están cumpliendo con su función social que es la prestación de servicios... Lo patético de los APP's es que su prestación de servicios realmente ha sido muy baja".

-- ¿Cuál ha sido la empresa que más ha incumplido?
--En el caso de Ixtapaluca, donde tenían mucha prisa por inaugurar fue la de Gerard Rivero, que tiene GIA.

-- Usted habla que las sanciones (aplicadas) son mínimas, ¿por qué pasa?
--En primer lugar, un Gobierno no debe de recibir obras incompletas. Y hay observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en ese sentido. Pero no ha pasado ningún castigo a nadie. 

"...Hay múltiples ejemplos de corrupción y tráfico de influencias. Y como no tenemos una supervisión, y como no tenemos contralores independientes; entonces, no hay una intervención que permita corregir este tipo de problemas".
Asa Cristina Laurell
Ex Secretaria de Salud del Gobierno del DF