"Obstaculiza PGJE derechos humanos"

Guadalupe Martínez

La CNDH exhortó al Gobernador Jesús Aguilar Padilla, a través de una recomendación, a que realice un llamado de atención al Procurador General de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, para que no siga obstaculizando los trabajos y funciones de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos.
Lo anterior, debido a la negativa del Procurador de aceptar la recomendación 22/07 emitida por la CEDHS sobre la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de los abogados Noé Alberto Martínez Peñuelas y Jesús Alberto López Uriarte, durante la investigación del homicidio del funcionario de la UAS, Enrique Ávila Castro.
El ex director de Asuntos Jurídicos de la universidad fue localizado asesinado el 22 de junio de 2005 debajo del puente del río Piaxtla. En un principio se presumió un suicidio, pero después se descubrió que fue "levantado" y asesinado.
Tras dos años del crimen, la mañana del 18 de abril de 2007 agentes de la UMIP detuvieron sin una orden judicial a Martínez Peñuelas y López Uriarte. Ambos fueron llevados a la mencionada corporación para desahogar diligencias de la averiguación previa CLN/DAP/009/2005.
Por estos hechos, ese mismo día, Jesús Manuel Martínez Peñuelas, hermano de unos de los detenidos, interpuso una denuncia ante la CEDHS, por lo cual personal de esta dependencia se trasladó al edificio de la UMIP donde les negaron el acceso y también que se encontraran los detenidos.
La CEDHS, después de haber realizado las investigaciones correspondientes, resolvió que se habían violado los derechos humanos de los investigados, al tenerlos privados de su libertad por más de ocho horas sin un mandamiento judicial.
El 29 de mayo de 2007 la CEDHS emitió la recomendación 22/07 al Procurador para que ordenara a la Unidad de Asuntos Internos y Contraloría que iniciara una investigación contra cuatro ministerios públicos y ocho agentes de la UMIP que participaron en la mencionada averiguación previa.
Cárdenas Fonseca rechazó la recomendación el 12 de junio del mismo año, la cual fue impugnada por Martínez Peñuelas ante la CNDH que inició el expediente 2007/264/4/RI.


Los implicados

CEDH y CNDH le puso nombre a los involucrados en la recomendación:

MINISTERIOS PÚBLICOS

Ángela García Sánchez
Armando Figueroa Torres
Armando Guerrero Barraza
José Manuel Carvajal Gómez

AGENTES DE LA UMIP

Julio César Acosta Pérez
Jorge Luis Retamoza García
José Evarardo Amarillas Álvarez
Mariano Cruz Rivera
Pedro Luis Alvarado Gutiérrez
Oswaldo Ortega Sánchez
Carlos Tomás Gutiérrez Valdez
Ricardo Miranda Gámez

Lo que dice la ley

El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que la recomendación de la CNDH tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, para que dentro de sus atribuciones apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.


15
días hábiles tiene el Gobernador para dar respuesta