"Presa Picachos: Entre la frustración y la esperanza"
Adrián García Cortés
'Sí, había hambre en Quiviquinta; las milpas amarillearon antes del jiloteo y el agua hizo charcas en la raíz de las matas; el agua de las nubes y el agua llovida de los ojos en las lágrimas'.
EL DIOSERO, Francisco Rojas González, FCE, 1952
De que la historia se repite dan fe quienes estudian el acontecer social. El caso de los comuneros desplazados por la presa Picachos es uno que confirma el dicho. Porque a fuerza de experiencias vividas en el estado, mismas ocasionadas en otras entidades del país, los actores de la infraestructura hidráulica no aprenden a conducir sus proyectos, ocasionando con ello trastornos sociales y políticos que lastiman las relaciones de gobierno y gobernados.
La presa Picachos forma parte de un gran proyecto hidráulico sobre los ríos Presidio y Baluarte, como detonador del desarrollo económico, social, turístico y humano del sur de Sinaloa. Desde hace más de 30 años se había estado demandando, a la par que el centro y el norte acumulaban embalses colocando a Sinaloa entre los estados mayormente irrigados y que más ríos ha podido proveer para convertirlo en el granero de la República.
Añadido a lo anterior, se suman, asimismo los proyectos sureños de la autopista Durango-Mazatlán y del Centro integralmente Planeado de Teacapán, que pretende competir con el Cancún de Quintana Roo, y que, indudablemente, cambiará la fisonomía total de esa porción sureña.
Llegó la hora del sur con promesas mil
Es indudable que la conclusión de la presa posibilitará el abasto y la calidad del agua a colonias populares, zona hotelera, consumo industrial y portuario de Mazatlán, y que transformará el rostro de la sierra, la planicie y la costa desde Mármol hasta el río de Las Cañas. Se prevé un riego seguro de 22 mil 500 hectáreas, que convertidas en huertos de todo tipo de frutas y legumbres, serán como un virtual paraíso en la producción de frutas y comestibles verdes. Nadie discute que en el futuro, las antiguas tierras de los totorames, serán las mayores generadoras de recursos económicos y de una calidad de vida quizás hasta ahora no imaginada.
Pero con ser tan prometedores tales proyectos, hay un espacio humano no ponderado por sus actores, mismo que, ultrajado de primeras acciones, han propiciado agravios y frustraciones, como si en el haber de aquellas hubiese la intención, como ocurría en las grandes ceremonias rituales de los aztecas, de sacrificar a seres humanos para el regocijo de los dioses.
Tradicionalmente las grandes obras hidráulicas eran factura de los gobiernos federales; instituciones técnicas muy respetadas y de gran visión hacían los proyectos y los realizaban, incluso hasta para darle habitación y nueva vida a los desplazados de sus tierras porque las invadirían las aguas. No faltaban problemas de reubicación, de ajustes en los niveles de vida y trabajo de los desplazados, sobre todo, los derivados de una radical transformación de sus ocupaciones, formas de organización e incursión a un medio semiurbano que extremaba el ritmo rural que antes vivían.
El doloroso cambio de lo rural a lo urbano
Cierto es que todo cambio de un ritmo vital ocasiona trastornos; pero si ese cambio se presenta de manera radical, como convertir la aldea rural de servicios individuales en comunidad urbana de asistencia colectiva, es obvio que las resistencias aumentan y que las reacciones se multiplican, aunque sea en contra de sus propios beneficiarios.
Es aquí donde la autoridad responsable tiene que hacer acopio de sus oficios de convencimiento, que pueden tener o no efectos políticos, para que el cambio sea aceptado y asimilado en el menor tiempo posible y en el empleo de los nuevos recursos de vida. La proporción en que esta autoridad debe aceptar su papel de convencimiento, tiene, sin duda, dos aspectos fundamentales: uno, que el cambio sea tangible en instrumentos para adaptarse a la nueva vida; y dos: que adopte una actitud misional, como lo hicieron los padres jesuitas en la conformación del nuevo estado que es hoy Sinaloa.
Estos dos aspectos del convencimiento no se hicieron, sea porque el estado no tiene capacidad para ello, o porque sus "mensajeros" nunca fueron preparados para ese objeto. Lo que no se vale, y ello queda para el registro histórico, es que para el beneficio de una gran región, como el sur del estado, se tenga que recurrir al sacrificios de quienes debieran ser los primeros beneficiarios; y es aquí donde los planes y los programas fallaron.
El federalismo va por la infraestructura
Por primera vez, en un esfuerzo por cumplir la evolución del Estado Mexicano como República Federada, se ha ensayado, precisamente, en Sinaloa, la participación de los gobiernos locales en la realización de su propia infraestructura, otorgándoles la facultad de usar, incluso, fondos federales para la realización de ésta.
Para el efecto, el 8 de junio de 2001, el Gobierno estatal firmó acuerdo de Coordinación para realizar el proyecto Baluarte-Presidio, que en primera etapa comprendía: "el diseño, financiamiento, construcción, desarrollo, explotación y operación de la presa de almacenamiento Picachos sobre el río Presidio, incluyendo la zona de riego".
Participaron en el acuerdo la Semarnaty (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) por conducto de Conagua (Comisión Nacional del Agua), el propio Gobierno del Estado de Sinaloa y los municipios de Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Concordia.
Compromisos del Estado con los órganos federales
Los compromisos adquiridos entre Conagua y Gobierno del Estado, fueron:
--Conagua realizaría las aportaciones para el desarrollo del proyecto.
--Conagua apoyaría al Estado en la construcción de las obras de la presa y del distrito de riego, y posteriormente otorgaría a los usuarios las concesiones de uso de agua e infraestructura.
--Otorgaría asesoría técnica al fideicomiso responsable (Fideicomiso de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa) de la construcción de la cortina de la presa y sus obras complementarias.
--El Gobierno del Estado constituiría un fideicomiso de administración, garantía y pago (FIHSIN) que construya el proyecto.
--Los municipios de Mazatlán, Escuinapa, El Rosario y Concordia, coadyuvarían en la solución de los problemas de tenencia de la tierra, y concertarían con los usuarios las acciones que agilizaran la realización del proyecto.
De esta manera, específicamente el Gobierno del Estado se haría cargo, desde el origen del proyecto, de:
--Cubrir la indeminzación de parcelas por el tipo de tierra.
--Indemnizar las viviendas y demás accesorios, conforme al avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
--Proporcionar a los afectados, terrenos urbanizados para que con el monto del pago por indemnización de su vivienda, ello mismos (los recipiendarios) construyeran a su criterio.
Desde 2005 hubo juntas con los comuneros
Según documentos oficiales, en el inicio hubo reuniones con las comunidades y ejidos que serían afectados por el embalse y construcción de la presa. Esto ocurrió en junio de 2005. Los pueblos afectados serían seis: Puerta de San Marcos, El Placer, San Marcos, Casas Viejas, Las Iguanas y los Copales, para lo cual se pagaron indemnizaciones por casas cerca de 179 millones de pesos y por tierras, más de 43 millones en 2008; para 2009 se pagarían 37 millones por casas y más de 89 millones por tierras.
Pero algo pasó que no le funcionó de todo al proyecto, sobre todo a la coordinación del Gobierno del Estado con las dependencias federales y dentro de sus propias instancias operativas. Para empezar, el reacomodo de los pueblos se hizo de manera grupal, es decir, pueblo por pueblo, o sea seis desplazados, seis reubicados, lo cual obviamente encarecía los diseños y urbanizaciones, así como la disposición de las casas.
Adicionalmente el Gobierno del Estado se comprometió a construir desarrollos de lotes con servicios básicos para cada uno de los pueblos; otorgar una vivienda progresiva de 40 metros cuadrados para ser asignada a cada una de las familias afectadas, con lote de 800 metros cuadrados, así como escuelas, clínicas, iglesias, plazuelas, plantas de tratamiento de agua residual, cementerios con traslado de restos exhumados de los familiares afectados para ser depositados en nuevos panteones, y traslado de sus pertenencias a los nuevos pueblos.
El mucho prometer cuesta y todo lo descoordina
Con tantas promesas, las autoridades no midieron tiempos ni costos, ni tampoco la descoordinación que ello ocasionó, por lo que los comuneros, desesperados por el incumplimiento de ellas, y ante el asedio de las aguas que inundarían sus pueblos, se organizaron en grupos de choque para exigir lo que tanto les habían prometido.
El desalojo se convirtió en una experiencia traumática, porque al paso de los días, los comuneros vieron que sus viejas casas, aunque de muros de adobe anchos, techos de vara blanca, lodo y teja, materiales del medio ambiente, que ayudan a mitigar las altas temperaturas, la disposición de sus espacios (200 m2) promedio, amplios portales libre circulación de aire, donde se desarrolla la convivencia social, la sombra de los árboles, iba a desparecer a cambio ¿de qué?
Fue así que durante 40 días hicieron plantón frente a las oficinas del Fideicomiso, en plena zona turística, hasta que el Gobernador los atendiera personalmente para reclamarle "sus promesas". Finalmente el titular del Gobierno del Estado visitó la nueva comunidad de Puerta de San Marcos, para reparar inconformidades, poner en marcha los trabajos de la carretera a San Marcos, entregar cartas de asignación de viviendas que faltaban, otorgar cheques para el mejoramiento de las casas ya habitadas, y adquirir lanchas con motores marinos incluidos, para la explotación del vaso de la presa, entre otras acciones de beneficio social para las 800 familias de los seis pueblos.
Doce promesas para cumplirse al irse
En doce rubros (véase recuadro) el Gobernador se volvió a comprometer a darle flujo a las demandas planteadas, mismos que indican la magnitud del problema por el que los comuneros lucharon y que cada uno, por sí, merece una descripción más explícita, más allá de sus propios enunciados.
Finalmente, vale decir que la inversión estimada para el Proyecto Baluarte-Presidio en primera etapa es de 968.2 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, de los cuales 532.2 millones se han destinado a indemnizaciones y a obra social. El costo global alcanza los 2,571 millones 700 mil pesos, de los que Conagua ha aportado el 49 por ciento, o sean mil 260 millones 200 mil pesos. Para el Ggobierno del Estado se habían destinado 617 millones 200 mil pesos y los productores 540 millones 100 mil; el resto para Jumapam y el municipio de Mazatlán.
Lo que falta es que tales compromisos se cumplan en tiempo y forma, lo cual pudiera ya no ser posible en el tiempo que le resta a la actual administración. Pero lo que queda es la experiencia que, ojalá, los nuevos titulares de proyectos semejantes, se preparen a realizarlos en la plenitud de sus contenidos, sobre todo, en la valoración humana de los primeros afectados, que hasta ahora no se habían considerado como costo y reto político.
LOS ACUERDOS
El Gobierno del Estado pactó con los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos los compromisos siguientes:
1. Construir entre 50 y 60 viviendas más.
2. Destinar 25 millones de pesos para ampliación de casas.
3. Hacer la urbanización de los nuevos pueblos organizando un programa de empleo temporal para los comuneros.
4. Pedir un estudio a la UAS para determinar si los techos con asbesto son un riesgo para la salud.
5. Concluir los trabajos pendientes en los panteones.
6. Pavimentar el tramo comprendido del Nuevo San Marcos al Nuevo Puerta de San Marcos.
7. Gestionar el servicio telefónico.
8. Hacer nuevos estudios y avalúos para definir el proceso de indemnizaciones.
9. Gestionar que la concesión de las aguas, el transporte, actividades turísticas y pesca sean de explotación exclusiva de las cooperativas formadas por los afectados.
10. Entregar como anticipación cinco lanchas equipadas con motor a los pueblos afectados.
11. Restituir a la comunidad de San Marcos sus calles pavimentadas, la cancha, el quiosco y el cobertizo.
12. Iniciar un programa de plantación de árboles frutales que serán plantados por los mismos beneficiarios.
Todas las acciones estarán supervisadas por una Comisión de Administración y Transparencia integrada por representantes de los pueblos y del Gobierno del Estado.
