"Trasparencia 'tachada'"

La primera "señal" fue enviada por el Diputado priista Jesús Aguilar Padilla, aquel 2 de abril de 2003. Faltaban 25 días para que entrara en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, cuya aprobación por la vía "fast track", en 22 días, correspondió cabildear al entonces presidente del Congreso local, por órdenes de su jefe político Juan Millán. La estrategia del ex Gobernador, que continuó luego su sucesor, consistió en simular en el exterior, con el apoyo de aliados (benefi ciarios de recursos públicos), que Sinaloa era un estado con vocación por la transparencia.

Pero "blindándose" al interior, para evitar cualquier riesgo que implicara a los ciudadanos hurgar en posibles usos irregulares y discrecionales de los recursos y asuntos públicos, y detectar actos de corrupción. Desde hace 6 años para impedir la entrega de documentos e información sobre el gasto público, se ha recurrido a todos los "candados" posibles, utilizados por todas las entidades, incluyendo al órgano garante de este derecho. Así el 2 de abril de 2003, la 57 Legislatura, que encabezaba el actual Gobernador, reservó por 8 años todos los documentos de las cuentas públicas. Para ello se basó en la fracción VI del artículo 20 de la Ley, que establece: "(Será información restringida) la que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada".

Como "anillo al dedo" les cayó a Millán y Aguilar Padilla el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano fi scalizador del Congreso del Estado, para establecer el primer "blindaje" contra la real apertura, en una trama de opacidad, que aún no llega a su fin.

Gobierno "blindado"
A 6 años que entró en vigor la ley, y a 7 de su aprobación, en la entidad persisten contrastes y claroscuros en materia de acceso a la información pública. Al tiempo que obstáculos "caen", surgen otros. Durante más de 5 años el Gobernador actual y el anterior se resistieron a reformar la ley, pese a las reiteradas demandas e iniciativas de diversos actores políticos y sociales.

En los hechos documentados, la aplicación de esta norma jurídica ha evidenciado la cultura autoritaria de la clase gobernante local, y su visión patrimonialista en el ejercicio del poder. La confección de la propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el "guardián" del cumplimiento de la ley, y el nombramiento delos comisionados mediante un procedimiento opaco y cerrado, bajo el control del Gobernador, son muestra de ello.

Desde un inicio la actuación de la CEAIPES se enmarcó en la misma sintonía de los poderes Ejecutivo y Legislativo: ocultar todo lo que se pueda. El 5 de septiembre 2003 tomó un acuerdo de reserva hasta por 12 años de sus facturas, pólizas de cheques, recibos de honorarios y cualquier comprobante del gasto, basándose también en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Al mismo tiempo el Gobierno del Estado clasifi có como "confidenciales" y "reservados" todo el soporte documental relacionado con el uso del dinero público. La polémica medida de la CEAIPES, mermó la confi anza social hacia ésta y fortaleció entre la opinión pública su subordinación al Ejecutivo, lo que a su vez le permitió ocultar durante 6 años los detalles de sus propios manejos fi nancieros por 77 millones de pesos, desde formación el 20 de agosto de 2002 hasta fi - nes de 2008. 

En este lapso cientos de solicitudes quedaron sin respuesta, las principales resoluciones legitimaron la cerrazón ofi cial, por parte del órgano garante, inmerso éste a la vez en inefi ciencia, simulación, escándalos, y confl ictos internos entre comisionados.

Obligados y forzados
Un mandato federal, la reforma al artículo sexto constitucional, del 20 de julio de 2007, forzó a entidades resistentes a la apertura como Sinaloa, a adecuar su legislación local conforme a estándares mínimos en acceso a la información pública.

A Aguilar Padilla y su bancada priista no les quedó otra alternativa más que aceptar, a regañadientes, las modifi caciones "obligadas" por el Congreso federal, 3 días antes de que venciera el plazo para hacerlo, el 18 de julio de 2008.

En la reforma local se incorporó la vía electrónica para solicitar información, lo cual aún no se concreta; se eliminaron trabas inhibitorias del ejercicio de este derecho, como la presentación de una identifi cación ofi cial, y se simplifi caron los recursos legales para impugnar negativas de las entidades públicas. 

Pero no aceptaron ir "más allá", como exigieron sectores y actores sociales, que demandaron la autonomía real de la CEAIPES, que el Gobernador no tuviera ninguna injerencia en éste, y que el nombramiento de los comisionados fuera por mayoría califi cada del Congreso. 

De esta forma se opusieron a ciudadanizar al órgano garante, manteniendo un procedimiento cerrado, que no obliga al Ejecutivo consultar a la sociedad ni emitir convocatoria pública para ello. Tampoco aceptaron dar mayores facultades a la CEAIPES. El Congreso local, de mayoría priista y con débil presión opositora, se negó también a legislar en el rubro de sanciones a funcionarios que incumplan con la ley, así como eliminar los altos costos por materiales.

También durante la discusión de la reforma en el Pleno, el PRI dio revés a la propuesta de incluir a los sindicatos como sujetos obligados, a petición del Diputado priista Sergio Torres, ex dirigente de los trabajadores municipales de Culiacán.

'Versiones públicas', altos cobros y nuevos obstáculos Pero lo que desnudó a Aguilar Padilla y su Gobierno fue la disposición --única en el país-- de que se elaboren "versiones públicas" de facturas, recibos de pago y todo tipo de comprobantes del gasto, de las personas físicas que reciben recursos públicos. Con esta restricción, a la que cedió incluso la fracción del PAN, se dio manga ancha para la discrecionalidad en el ocultamiento de datos de carácter público.

Así a pesar de las reformas constitucional, y de la ley de acceso local, y los "cambios" en la CEAIPES, al designar un nuevo comisionado con el sello del Ejecutivo, y el relevo en la presidencia, las resistencias del poder público por "abrirse" continúan.

De los "acuerdos de reserva" por uno, 8 y hasta 12 años de comprobantes, por ejemplo, se ha pasado a nuevas estrategias que inhiben el escrutinio ciudadano y que Noroeste ha documentado a partir del 21 de agosto de 2008,cuando entraron en vigor las reformas. Entre otras, la entrega de "versiones públicas" de recibos de nómina del Gobernador, sus funcionarios, hasta del presidente del Poder Judicial, en las cuales se tachan los detalles de los ingresos públicos que éstos reciben.

En la misma tónica se encuentran las nóminas de funcionarios, la entrega de información incompleta, "rasurada" o la declaratoria de "inexistente", sin nada que certifi que sea real la posición ofi cial. A ello se suma la utilización de prórrogas, que duran más de un año, como es el caso del Poder Legislativo, o el abierto incumplimiento a la Ley por parte de éste.

La CEAIPES, ahora encabezada por Alfonso Páez, si bien ha "liberado" información que mantuvo oculta por 6 años, aún sin el detalle requerido y ha montado en su página web sus facturas (sólo de los últimos 4 meses de 2008), ha prendido de nueva cuenta "focos rojos", que siguen impidiendo conocer a fondo el ejercicio del gasto. Con sus nuevas resoluciones, ha impuesto altos cobros por la reproducción del material, y ha impedido a Noroeste la consulta directa de estos documentos.

Al requerírsele, por ejemplo, las copias simples de las facturas y documentos que negó durante casi 6 años, pretende cobrar nueve veces más del costo del material.Para ello alega, de nueva cuenta, una disposición secundaria: La Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en su artículo 78 bis-3, obliga a cobrar 2 pesos 48 centavos por copia, cuando el precio promedio del mercado es de 25 centavos.

Para sortear este obstáculo, se le ha pedido una revisión física, en las propias ofi cinas del órgano, de los documentos, como ocurre en la esfera federal y en otras entidades.

Pero ha concluido que la petición "no enmarca" en la ley y "no procede autorizar lo solicitado". Si bien el órgano cada vez adadmite más recursos y las resolucioneshan salido a favor de los demandantes de información, ninguna ha tenido gran resonancia entre la opinión pública. Actualmente una Diputada local, Catalina Frank, se prepara el primer amparo contra el órgano garante, al considerar que éste fue "tibio" para obligar al Legislativo a entregarle información, y sobre todo, no poner plazos para que éste cumpla.

Mientras Alfonso Páez, el nuevo presidente, ha reconocido los "errores" del pasado y manifestado su intención de "cambiarle la imagen a la CEAIPES" y velar por el cumplimiento de la ley. Aunque esa, su primera señal, aún no aparece...

LA TRANSPARENCIA EN LA 'ERA JAP'
La siguiente es una "muestra" de la calidad de las respuestas a Noroeste de dos de los principales sujetos
obligados de la Ley, después de la reforma del 18 de julio de 2008: el Gobernador y la CEAIPES.
ENTIDAD SOLICITUD ANTES DE REFORMA DESPUÉS DE REFORMA
Ejecutivo Recibos de pago del Gobernador "Son confidenciales" Se entregan recibos tachados
Ejecutivo Nóminas "Son confidenciales" "Son confidenciales" (Se da listado
general)
Ejecutivo Comprobantes de viáticos
funcionarios de CGAIP "Son confidenciales" Se condiciona a pago de 814 pesos
Ejecutivo Viajes de funcionarios de CGAIP * Se da relación incompleta
Ejecutivo Facturas de gastos
en residencia oficial "Son confidenciales" Se condiciona a pago de 3 mil 50 pesos
Ejecutivo Versión digital de facturas * No procede solicitud
CEAIPES Relación beneficiarios
de recursos públicos Se niega información Se entregan listados (generales)
CEAIPES Recibos de honorarios "Son confidenciales" Se condiciona a pago de 500 pesos
CEAIPES Facturas de gastos en comidas "Son confidenciales" Se condiciona a pago de 6 mil 200 pesos
CEAIPES Facturas de gastos en medios "Son confidenciales" Se condiciona a pago de 700 pesos
CEAIPES Viajes de funcionarios Se niega información Se entregan listados
CEAIPES Consulta directa de
recibos de honorarios * No procede petición
*No aplica

7 AÑOS DE CLAROSCUROS

2002
■ El 23 de abril la 57 Legislatura
aprueba la Ley
■ Se da amplia difusión en foros
nacionales e internacionales
2003
■ El 27 de abril entra en vigor y "aparecen"
primeros obstáculos
■ Legislativo reserva por 8 años documentos
del gasto público
■ Ejecutivo declara "confidenciales" y
"reservadas" las facturas
■ CEAIPES avala cerrazón: restringe
documentos por 12 años
2004
■ Ciudadanos y periodistas documentan
experiencias de opacidad
■ Cientos de solicitudes quedan sin
responder
■ Juan Millán termina su sexenio, sin
"abrir" información
2005
■ Jesús Aguilar designa como funcionaria
de acceso a ex vocera de Juan
Millán
■ Se presentan primeras iniciativas de
reformas
■ CEAIPES "siembra" solicitudes, para
simular "éxito" de la Ley
2006
■ Gobernador y PRI "congelan" cuatro
iniciativas de reformas del PAN, PRD y
ciudadanos
■ Conflictos entre comisionados seagudizan
2007
■ 20 de julio se reforma Constitución,
que obliga a estados a reformar sus
leyes
■ PRI propone Ley de Archivos, con
"candado" adicional: reservar por 30
años todos los documentos del gasto.
■ Reelección del comisionado Alfonso
Páez (actual presidente)
2008
■ Se reformulan iniciativas del PAN,
PRD y ciudadanos
■ Obligados por reforma constitucional,
Gobernador y CEAIPES muestran
sus "cartas"
■ Se reforma ley, pero Congreso
se resiste a eliminar otros obstáculos,
como altos cobros y sanciones
"débiles" a funcionarios
■ Cambios en CEAIPES: se nombra
nuevo comisionado y se renueva presidencia
2009
■ Surgen nuevos obstáculos a la
apertura
■ Se imponen altos costos por facturas
y comprobantes
■ Se impide consulta directa de documentos
■ Se entregan "versiones públicas"
del gasto, con datos tachados
■ Poderes como el Legislativo burlan
la ley