"Van por la rebanada en la construcción"

Marcela Guerrero

CULIACÁN._ Por años, la relación entre transportistas de las alianzas y constructoras ha sido tormentosa. Casi ocho mil transportistas pelean por una buena rebanada en el acarreo de materiales y obras que realizan 900 constructoras en el estado. 

Con acuerdo o sin él, los afiliados de las organizaciones priistas CTM y CNOP han buscado tener un porcentaje de los acarreos de materiales de las obras privadas que realizan las constructoras, aún cuando muchas de ellas tienen al menos un camión con el cual salir adelante en sus trabajos. 

Aunque es un problema de años, se ha reposicionado en la opinión pública por el tamaño de la inversión que realiza la compañía alemana Proman México, en la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, cuyas maniobras han sido bloqueadas por los aliancistas, que exigen un 80 por ciento de los acarreos. 

La ley no establece porcentaje alguno para cada una de las partes, se trata de acuerdos que han realizado para evitar conflictos. 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sostiene que actualmente no hay acuerdo firmado con los aliancistas en la zona centro y sur del estado, mientras que en la zona norte, hace dos años se acordó establecer un 64 y 36 por ciento, todo con el fin de llevar la fiesta en paz. 

Miguel Ángel Corrales Villaseñor indicó que cuando entró a su gestión, apenas el año pasado, se le acercaron para negociar un acuerdo que estableciera un porcentaje claro, pero lo rechazó. 

"A mí me lo propusieron pero no lo acepté. En el caso de la zona norte lo firmaron hace dos años... tanto en la zona centro como en la zona sur no existen acuerdos, pero igual, los transportistas actúan con esa arbitrariedad, como si lo tuvieran", criticó. 

La Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa establece que las empresas que transporten su propia carga no requieren de permiso, siempre que se trate de un activo fijo, es decir, que no sea para comercialización o que sean materiales que le sirvan para elaborar un producto que venda. 

Aunque el tema de liberar el transporte ha estado desde el sexenio pasado en la agenda de competitividad en el estado, actualmente sólo hay una iniciativa en la materia en el Congreso del Estado, y fue presentado por el Diputado del PAN, Adolfo Rojo Montoya.
En la anterior legislatura, se presentó una iniciativa en sentido similar, pero nunca fue ratificada.
 
 
El conflicto
 
 
La empresa alemana Proman México invierte mil millones de dólares en dos años para la construcción de la planta, para lo cual contrató a la constructora sinaloense Procasa.
Apenas iniciando, empezaron las manifestaciones pacíficas afuera de las instalaciones... después se convertirían en bloqueos.
El director general de Procasa destaca que hasta ahora no ha habido nada que compruebe la obligación de contratar a los aliancistas.
"Se está jugando con las palabras, no nos están obligando a compartir, están obligándonos a contratarlos, no nos han podido pasar la ley que diga que nosotros estamos obligados a contratarlos a una u otra compañía, sindicato, empresa privada, para llevar a cabo nuestro trabajo", estableció Octavio Vega Márquez.
Consideró que los usos y costumbres no pueden afectar el avance de una inversión tan fuerte, aunque ante la ley no debe haber chicos y grandes.
Añadió que ante la presión, consultaron a la empresa alemana sobre la situación, misma que se ha negado a que se contrate a los aliancistas ya que su forma de actuar no les da confianza ni garantía de que una vez contratados, no exijan algo más mediante chantajes.
En la autoridad, Procasa no ha encontrado mucho eco. La Dirección de Vialidad y Transportes parece estar de lado de los aliancistas y la Policía Municipal no ha intervenido en un solo bloqueo, aún cuando tienen daños por 60 mil dólares por cada día en conflicto.
Ante la situación, Procasa emprendió una lucha legal por tres vías: la penal por daños y perjuicios, la administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la detención de sus camiones por parte de agentes de Vialidad y Transportes por no contar con permiso y la más reciente, es una queja administrativa contra el director de Vialidad, Domingo Ramírez Armenta, por obstrucción empresarial.
De los tres recursos interpuestos por Procasa, únicamente se ha concluido el del Tribunal de lo Contencioso, que dio un fallo a favor de la empresa, pues establece que la autoridad no tiene por qué requerirle permiso o concesión para mover el material de la obra.
En el caso de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado no ha habido una postura clara, sin embargo seguramente tendrán que hacerlo, ante la denuncia de Procasa.
El titular de la Sedeco, Aarón Rivas Loaiza, aseguró que no pueden tomar partido por ninguna de las partes.
"Habré de ser coadyuvante, es un tema que depende de Secretaría General de Gobierno, de ahí depende Vialidad y Transportes, pero como representante de los empresarios, en el Gobierno del Estado, habré de hacer lo que me corresponde para que no se detenga ni esté causando malestar a dueños, al constructor, ojalá lleguen acuerdos, que le den oportunidad a los transportistas de trabajar", dijo.
 
- ¿No sería mejor que quedara claro en la ley? Porque hay muchas interpretaciones.
 
Yo como titular no puedo irme a ninguno de los dos lados, porque son empresarios ambas partes, como es un tema legislativo, quisiera que la ley quedara bien clarita, a qué tienen derecho. Y los legisladores tendrán oportundiad de revisarla bien para que no quede ningún claroscuro.
Casi a la par del conflicto en Topolobampo, surgió otro en Culiacán, donde se edifica una tienda de la cadena Costco.
Con el mismo argumento que en el norte, los representantes de las alianzas exigen el 80 por ciento de los acarreos que Arrencosa, S.A. de C.V. realiza, y al cual accedió por no tener problemas.
Manuel Pun Contreras, representante de la empresa, explicó que desde un principio les dieron el acarreo, pero cuando ya no necesitaron más material y los aliancistas se quedaron sin trabajo, bloquearon el acceso por el bulevar Pedro Infante.
La empresa terminó cediendo la semana pasada.

'Exigimos lo de nosotros'
 
 
Pedro Sauceda Molinares, presidente de la Asociación Industrial de la Construcción y Autotransporte Conexos y Similares del Estado de Sinaloa, AC, recalcó que detrás de una concesión, está toda una familia que depende de ese sustento.
De los 383 socios de AICA, dijo, a lo largo del año han tenido un trabajo muy escaso, si acaso una vez por semana.
"Aunque las pongan a nombre de uno, no es una sola persona, es un interés familiar de dos o tres familias. El que tiene un solo permiso vive el permisionario y el chofer y sus familias", comentó.
El 80 por ciento del acarreo que exigen, dijo, no es un producto de la invención sino que surgió de un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
 
- ¿De dónde sale ese 80 por ciento que exigen? CMIC lo desconoce.
 
No me tocó a mí estar de dirigente, eso fue antes de que yo entrara, de que hay convenio lo hay.
 
- ¿Con este gobernador?
 
Con este, con este.
 
Manifestó que cuando realizan un paro, nunca lo hacen en contra de la ley.
"Lo menos que queremos es tener problemas y mucho menos afectar a la ciudadanía, cuando hacemos un movimiento es porque estamos exigiendo lo de nosotros, como lo marca la ley".
 
 
La iniciativa
 
 
En medio de la polémica entre Procasa y los aliancistas en Topolobampo, el 14 de octubre el Diputado panista, Adolfo Rojo Montoya, presentó una iniciativa para que se terminen las lagunas jurídicas e interpretaciones "leguleyas", que han dado pauta para que los transportistas exijan derechos que a su juicio no tienen.
El legislador propone la modificación de los artículos 224 y 270 de la Ley, y la derogación del artículo 225. Lo sustancial para la liberación está incluido en el 224 y en el 225.

 
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN
ARTÍCULO 224
 
 
COMO ESTÁ...
"Transporte vehicular es aquel que traslade, sin retribución, carga que pertenezca al propietario del vehículo, o transporte personas que tengan con aquél una relación de dependencia directa o inmediata de naturaleza económica, educativa o cultural, o bien relacionada con la prestación directa de un servicio en el que el transporte sea un mero accesorio...".
La propuesta consiste en cambiar el concepto de carga por bienes, y se modifica el criterio para considerar que es transporte de carga particular, cuando la relación directa e inmediata se derive de una actividad empresarial.
 
COMO QUEDARÍA...
"El transporte particular es aquel que traslade, sin retribución, cualquier tipo de bienes que pertenezca al propietario del vehículo o transporte personas que tengan con aquel una relación de dependencia directa o inmediata derivada de sus actividades empresariales...".

SE AGREGA
Para efectos de la fracción V del presente artículo, las unidades con registro vehicular en otra entidad federativa requerirán, para prestar dicho servicio, autorización de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado.
 
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 225
En el texto vigente se obliga al transportista a que la carga debe ser parte del activo fijo de la empresa, lo que significa que sólo puede transportar material que no esté destinado para su comercialización, le sirva al empresario para la elaboración del producto que vende o la realización del servicio que presta, situación que deja sin posibilidades a los particulares que no cuentan con concesión a trasladar materiales que no tenga esa calidad.
 
 
COMO ESTÁ
"A las empresas constructoras y a las de compra y venta de materiales para la construcción, se les podrá autorizar el transporte de sus elementos, maquinaria, personal, o demás equipo que sea de su propiedad y lo requieran para el desarrollo de su actividad, en tanto dichos elementos formen parte del activo fijo de la empresa".