"Violan la 'Ley Malova'"
Eduardo Valdez
Acaba de entrar en vigor el 10 de abril y ya es violada por los concesionarios de telefonía móvil en Sinaloa.
Se trata de la llamada "Ley Malova", promovida por el Senador sinaloense Mario López Valdez, cuyo objetivo es llevar un registro de los teléfonos celulares que son vendidos en el país para saber quiénes son los propietarios y evitar que los usen para actividades ilícitas.
En Culiacán, los puntos de venta de Telcel, Movistar, Iusacel y Nextel, siguen expidiendo aparatos sin solicitar al cliente identificación oficial, comprobante de domicilio, firma, CURP y huella digital, como lo estipula la reforma de registro telefónico aprobada en 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero.
Durante un recorrido realizado por Noroeste en supermercados, tiendas departamentales y puntos de venta ubicados en esta ciudad, se comprobó que quienes ofrecen aparatos de telefonía móvil desconocen las nuevas disposiciones.
Además de que no solicitan documento alguno a los compradores, tampoco existen en los puntos de venta letreros que ilustren sobre los requisitos que se requieren para adquirir estos aparatos.
"Pues ni nos han dicho nada, ni sabemos de qué se trata esa ley. Si me piden el celular yo lo vendo y no ando averiguando", admite Manuel Ortega Inzunza, quien atiende un punto de venta de celulares por la calle Domingo Rubí, en el Centro.
Respuestas similares ofrecen los y las cajeras de diversas tiendas de la ciudad donde se venden celulares.
Es tal la desinformación en torno a la entrada en vigor de esta reforma, que hasta hoy solamente Telcel es la compañía que explica cómo darse de alta en su registro a través su página de Internet, en tanto que Movistar, Iusacell y Nextel no han publicado ninguna información en sus respectivos sitios web.
Llamadas controladas
En las reformas a la Ley de Telecomunicaciones se establece:
** Los concesionarios están obligados a contar con un registro de usuarios, para que las autoridades judiciales puedan identificar a quien incurra en un delito.
** En los casos de contratación de telefonía móvil, los concesionarios deberán solicitar la credencial del IFE, la CURP y el pasaporte, y acompañarlo con constancia de domicilio oficial con recibo del agua, luz o teléfono, además de la impresión de la huella dactilar.
** En caso de que los concesionarios no cuenten con este registro, no lo conserven o no lo faciliten a las autoridades, serán sancionados con una multa de 500 mil hasta 5 millones de pesos.
** Quienes tienen hoy un teléfono de prepago, tendrán dos años para que acudan a la compañía donde compraron su equipo para regularizar su registro, en caso de no hacerlo, se cancelará la línea.
** La reforma también establece penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 200 a 500 días de salario mínimo para quienes cometan extorsión telefónica.
