En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como cada año, nos sumamos a las exigencias para reconocer los amplios retos y pendientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes.
Las violencias contra las mujeres en México son multidimensionales e interseccionales, también cotidianas; las observamos en el día a día -por ejemplo, en eventos de acoso deleznables y condenables como a los que fue sujeta la propia Presidenta de la República- y en diversos espacios.
También las vemos de manera recurrente y generalizada en el actuar de las instituciones que replican estereotipos de género, discriminan, violentan de manera diferenciada y obstaculizan los esfuerzos de esas mujeres que exigen verdad y justicia: por ejemplo, en las familias de las mujeres y niñas asesinadas, las mujeres buscadoras, las sobrevivientes de tortura, las mujeres privadas de su libertad de manera injusta, todas ellas que han sufrido en carne propia la violencia institucional y muchas otras. Lamentablemente, en la mayoría de los discursos oficiales no se encuentran presentes estos tipos de violencia y como se ha reiterado en múltiples ocasiones “lo que no se nombra, no existe”. Por ello, este 25N, en el Centro Prodh las nombramos, destacando a las mujeres que han enfrentado diversas violencias institucionales y las han enfrentado exigiendo justicia.
Por ejemplo, recientemente se cumplieron seis meses de la ejecución arbitraria de las niñas Leidy y Alexa de 11 y 7 años en Sinaloa, por parte del Ejército, en lo que inicialmente, de manera falsa, se dijo que fue un enfrentamiento. Un caso sumamente doloroso, que evidencia no sólo lo que viven cientos de niñas y niños en diversas zonas del país donde la macrocriminalidad ha tomado el control político, económico y social; sino también materializa el costo humano de la falta de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. El uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal, la manipulación de escenas y la falta de investigaciones diligentes, son patrones que se repiten en eventos similares de graves violaciones a derechos humanos, que afectan de manera diferenciada a mujeres, adolescentes y niñas. Al respecto, el Estado no sólo ha mostrado nulo interés por buscar medidas para evitar que eventos como estos se repitan, sino que incluso ha negado la existencia de la militarización y sus impactos diferenciados, como sucedió durante el examen del Estado frente a la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación de la Mujer Comité de Naciones Unidas (ONU).
Otro grupo especialmente vulnerable es el de mujeres buscadoras que se enfrentan día con día a múltiples riesgos ante la indolencia del Estado. Desde 2010 han sido asesinadas, al menos, 32 personas buscadoras, 19 mujeres y se han registrado casos de desapariciones como el de Lorenza Cano Flores, desaparecida en enero de 2024 y María de los Ángeles Valenzuela, en octubre de este año. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como otros organismos internacionales, ha alertado de condiciones extremadamente peligrosas para realizar la labor de búsqueda, los impactos diferenciados de esta en las mujeres y la falta de protección del Estado.
Un caso similar es el de Keren Selsy Ordoñez Hernández, mujer sobreviviente de tortura y quien, tras ser detenida con su bebé en brazos, estuvo privada de su libertad de manera injusta por más de nueve años. Sobre este caso, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de las Naciones Unidas recientemente emitió la opinión 41/2025, en la cual determinó que Keren, al igual que muchas otras mujeres, sufrió discriminación basada en género durante la detención, fue separada de su hija –de menos de un mes de nacida– sin tomar en cuenta su derecho a la familia y fue juzgada sin una perspectiva de género.
El GTDA también enfatizó otra arbitrariedad a la que muchas mujeres se encuentran expuestas: la aplicación de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) de manera desproporcionada en contra de ellas. El 56.4 por ciento de las mujeres privadas de la libertad que no cuentan con sentencia se encuentran bajo esta medida, en contraste con el 46.2 por ciento de los hombres en la misma situación. Ya desde el 2023, el GTDA había identificado a la PPO como una violación del derecho a la libertad personal que puede potencialmente socavar otros derechos como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley, recomendando que se derogue la figura; como también lo estableció la sentencia por el caso Mujeres de Atenco contra México.
Es necesario nombrar también a todas las mujeres indígenas que se enfrentan a múltiples violencias institucionales. Como Florencia Feliciano, mujer me’phaa de Guerrero, quien fue separada de su hijo por dos años por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con base en estereotipos discriminatorios. Florencia pudo recuperarlo dos años después de enfrentar discriminación, con el invaluable apoyo de las mujeres indígenas de la Casa de los Saberes, de Guerrero -quienes han sido sujetas a violencias similares-, y el acompañamiento del Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
A estos rostros e historias, se les suman las de las defensoras de derechos humanos en territorio, junto a las madres de víctimas de feminicidio, las sobrevivientes de violencia sexual y muchas más. A ellas hay que nombrarlas, reconocerlas en su resiliencia y por sus exigencias por acceder a la justicia y acompañarlas para que, con ello, existan en las acciones del Estado para abordar todas las violencias que debemos buscar erradicar en el país.
