25N: enfoque de género en estrategias anticorrupción para erradicar violencias contra las mujeres
En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer es importante reconocer que los actos de corrupción y sus efectos generan violencias hacia las mujeres que es necesario visibilizar, prevenir, atender y erradicar. Para muestra la red de corrupción que evidenció la reciente Operación Caudal.
El mes pasado distintas instituciones y cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas federales y estatales llevaron a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en la que se aseguraron 189 inmuebles, 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas, y 250 pipas de agua que pertenecían a distintas redes del crimen organizado.
Estas redes extraían agua en tomas ilegales y la vendían a casi el doble de precio a la población, sin siquiera potabilizarla, poniendo en riesgo la salud de las personas.
Además de dedicarse a comercializar ilegalmente el agua, muchas de las redes son conocidas también por extorsionar a los pequeños y medianos negocios de estos municipios exigiendo el “derecho de piso” y agrediendo e incluso privando de la vida a quienes se han negado a pagarlo.
Estas redes de distribución ilegal de agua contaron con la protección de personas funcionarias públicas. Al amparo de la corrupción, diariamente, cientos de pipas circulaban por los municipios vendiendo el agua extraída ilegalmente.
Por varios años, esta venta ilegal de agua por redes criminales afectó de manera diferenciada a las mujeres pertenecientes a los 48 municipios, ya que son las mujeres quienes principalmente necesitan agua para realizar labores de cuidado del hogar y la familia, y por lo tanto quienes mayormente estuvieron expuestas a pagar sobreprecios e interactuar con estas redes criminales.
En distintos reportajes, mujeres entrevistadas señalan que recurrían a estrategias como organizarse entre varias para poder pagar el precio exorbitante de las pipas, aun cuando sabían que eran las autoridades municipales las que debían proveer el agua.
La Operación Caudal muestra claramente cómo los efectos diferenciados de la corrupción constituyen formas específicas de violencia contra las mujeres.
Actualmente, el gobierno se encuentra investigando a las personas funcionarias públicas que fueron cómplices de las redes. Y, en este caso, como lo ha sido siempre en nuestro país, ha dominado un enfoque de acción limitado y punitivista, donde se privilegia sancionar a las personas responsables, sin atender realmente las causas que facilitaron los actos y sin poner énfasis en visibilizar ni reparar las afectaciones que tuvieron en los distintos grupos de personas, incluidas las mujeres.
La corrupción es un fenómeno complejo y multifactorial y, en consecuencia, las estrategias para frenarla deben ser integrales.
Para contribuir a fortalecer las políticas anticorrupción, en Fundar construimos Redefinir la Corrupción: miradas desde el enfoque de género, una guía que propone una serie de principios para analizar la corrupción de manera integral, reconociendo y visibilizando sus afectaciones diferenciadas en los derechos de las mujeres, como una base para poder trazar estrategias de no repetición y reparación.
Uno de los principios más importantes se refiere a poner a las mujeres víctimas de la corrupción en el centro del análisis e involucrarlas en la construcción de estrategias que permitan acabar con las violencias y afectaciones que causa la corrupción.
De acuerdo con los principios que proponemos, en la Operación Caudal un abordaje integral anticorrupción, con enfoque de género, debería:
Buscar conocer y visibilizar las afectaciones y violencias que los distintos grupos –incluidas las mujeres– sufrieron e involucrarlos en el diseño de las medidas de prevención y/o reparación que se implementen.
Identificar cuáles fueron las causas institucionales, políticas y sociales que permitieron que esta red de extracción y venta ilegal de agua surgiera y operara, para poder abordar el problema de forma estructural.
Ampliar y mejorar la distribución de agua potable por parte del gobierno municipal y estatal, de manera que las personas tengan un suministro fijo y se garantice el derecho al agua, para evitar que tengan que adquirirla con redes criminales.
Acercar a la ciudadanía, y sobre todo a las mujeres, mecanismos de denuncia accesibles para que, en caso de que no reciban agua por parte del municipio, puedan denunciar y sean escuchadas.
Si seguimos analizando a la corrupción de manera aislada y sin visibilizar sus afectaciones, ésta seguirá generando violencias contra las mujeres.
Por ello, en el marco de este 25N llamamos a las distintas instituciones anticorrupción a dialogar con grupos de mujeres y trabajar para fortalecer sus estrategias desde un enfoque de derechos humanos y de género, que permita prevenir, atender y erradicar las violencias.
