2.6 millones de casos sin concluir
¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir “para qué denuncio, si no va a pasar nada”? Esa frase, repetida hasta el cansancio en México, tiene ahora un respaldo numérico que debería sorprendernos. México Evalúa presentó este 10 de junio el estudio “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”, y sus hallazgos confirman lo que millones de mexicanos ya sospechaban: el sistema de justicia penal está atascado, y las víctimas son quienes pagan el costo de ese atasco.
Al cierre de 2024 existían más de 2.6 millones de casos sin concluir en las fiscalías del País. Más de 2 millones y medio de historias de personas que denunciaron un delito y siguen esperando una respuesta. Y eso sin contar los archivos temporales, ese mecanismo que debería usarse de manera excepcional pero que, según el estudio, muchas fiscalías han convertido en su forma habitual de administrar la carga de trabajo. Es decir, en lugar de resolver, se archiva. En lugar de investigar, se aparca el expediente y se espera que el tiempo lo entierre.
¿Por qué llegamos aquí? El sistema penal acusatorio debió consolidarse plenamente desde 2016. Estamos en 2026, una década después, y el informe es contundente: muchas fiscalías continúan operando con prácticas heredadas del antiguo sistema inquisitivo escrito. Estructuras verticales, procesos burocráticos, una lógica obsesionada con integrar expedientes en lugar de construir investigaciones estratégicas orientadas a resultados. Cambiamos las leyes, pero no necesariamente cambiamos la manera de trabajar.
El estudio identifica algo particularmente revelador: 26 fiscalías estatales ya cuentan con autonomía formal, es decir, en el papel ya no dependen políticamente del Gobernador de turno. Pero esa autonomía de papel no se ha traducido en autonomía real. Persisten problemas en los nombramientos, en la profesionalización del personal ministerial, en los sistemas de evaluación. Tener independencia escrita en la ley y tener independencia en la práctica son dos cosas completamente distintas, y la ciudadanía lo sabe.
¿Cómo lo sabe? Porque lo siente. El 62.9 por ciento de la población percibe corrupción en el Ministerio Público y las fiscalías estatales. Y de quienes sí logran identificar a estas instituciones, solamente el 33 por ciento les otorga confianza. Imagine eso: dos de cada tres personas creen que la institución encargada de hacer justicia está corrompida, y apenas una de cada tres confía en ella. Lo más preocupante no es sólo la cifra, sino su permanencia: estos niveles se han mantenido prácticamente sin cambios durante la última década. No es un mal momento pasajero. Es una crisis de confianza estructural y sostenida.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, lo planteó con claridad durante la presentación del estudio: “Más allá de reformas constitucionales, se requieren políticas públicas basadas en evidencia y diseñadas mediante procesos deliberativos con todas las fuerzas políticas, actores de la sociedad civil, academia, especialistas y organismos internacionales especializados en el tema. Si queremos mejorar la justicia en México no podemos olvidarnos de las fiscalías”. La frase importa porque desmonta una ilusión común: la idea de que basta con reformar la Constitución para arreglar el sistema. No basta. Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, fue todavía más directa: “La transformación de la justicia no depende únicamente de cambios normativos. Fortalecer las fiscalías requiere reconocer sus desafíos operativos y construir soluciones que combinen autonomía, profesionalización, tecnología, evaluación y coordinación institucional”.
¿Y qué propone concretamente México Evalúa? Cinco ejes que valen la pena enumerar porque son, en el fondo, sentido común convertido en política pública: diseñar planes de transición para abandonar las prácticas inquisitivas heredadas; fortalecer el servicio profesional de carrera y la evaluación del personal ministerial; crear sistemas digitales de gestión de casos con trazabilidad real; construir indicadores que midan resultados -casos resueltos, sentencias, soluciones reales- y no solamente el número de carpetas abiertas; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Hay un punto que merece destacarse: el estudio señala que mecanismos ya previstos en la ley, como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los criterios de oportunidad o los procedimientos abreviados, podrían reducir la saturación institucional si se usaran adecuadamente. No se trata siempre de inventar herramientas nuevas, sino de utilizar bien las que ya existen.
Al final, todo esto se reduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve denunciar si el expediente termina engrosando una pila de 2.6 millones de casos sin resolver? Mientras las fiscalías midan su éxito por el número de carpetas que abren y no por las que efectivamente resuelven, seguiremos teniendo víctimas que esperan, delitos que quedan impunes y una ciudadanía que, con razón, deja de creer.
