El 19 de marzo de 2010, en el exterior del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en Nuevo León, miembros del Ejército asesinaron a los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Fue un hecho que conmocionó al país.
Los militares en un primer momento intentaron hacerlos pasar como criminales que habían caído en “fuego cruzado”. Después se hizo evidente que los mataron, manipularon sus cuerpos y les sembraron armas. Impidieron que la Fiscalía accediera a la escena del crimen.
Las pruebas muestran que en el caso de Javier Francisco su asesinato pudo ser un error, pero el de Jorge Antonio es un crimen intencional. Él dice a los militares que son estudiantes, pero lo tiran al suelo, lo arrastran, le disparan, y le dan un tiro de gracia. Esto para que no hubiera testigo del asesinato de Javier Francisco.
Después de 13 años la justicia se hizo valer y el 13 de octubre pasado, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, el juez José Reynoso Castillo dicta la sentencia condenatoria a cinco militares por 90 años de prisión, por el delito de homicidio calificado con el agravante de ventaja.
Dos de estos desertaron del Ejército y permanecen en la cárcel de Monterrey, los otros tres implicados han estado internados en una prisión militar. La pena máxima de cárcel en México es de 60 años, pero el juez determinó que la sentencia fuera de 90 años. Ésta marca un precedente para la resolución de otros casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de las autoridades.
Los padres de Javier Francisco han muerto antes de que se diera esta sentencia, pero los padres de Jorge Antonio han podido ser testigos de la misma. Para ellos a esta se llega después de que la autoridad, a base de pruebas, pudo “determinar que los militares asesinaron a sangre fría a los muchachos, y así fue”.
Javier Francisco y Jorge Antonio eran dos estudiantes de excelencia, becados por el ITESM, que en la noche de su asesinato se habían quedado ya tarde en la biblioteca para estudiar. En la página de la institución está su semblanza: (...) fueron estudiantes ejemplares que se preparaban para transformar el País (...)”.
Sobre este caso existen todavía cinco carpetas que siguen abiertas: robo de identidad, abuso de autoridad, exceso de fuerza, entre otras, hechos que son atribuidos como “delitos administrativos” no solo a los militares implicados, sino a toda la cadena de mando.
Los padres de Jorge Antonio dicen que para ellos la sentencia “significa muchísimo, estuvimos esperando esto desde hace 13 años, cuando sucedieron los hechos”, y añaden que para ellos es una victoria que “un juez determine que los militares mataron a Jorge y Javier”.
En marzo de 2019, el Estado mexicano se disculpó por las múltiples violaciones cometidas en el caso de estos crímenes y aceptó las irregularidades que hubo desde el principio por parte de las autoridades. La resolución del juez debe celebrarse. Hay todavía muchos casos de ejecuciones extrajudiciales por resolver.
El primer interesado en que se resuelva debe ser el mismo Ejército. En sus filas no debe haber lugar a la impunidad. Y casos como este le muestran la necesidad de una más sólida formación entre sus integrantes, de mejorar sus protocolos de actuación y de elevar sus niveles de profesionalización.
Sobre el caso existe el documental Hasta los dientes, del director Alberto Arnaut, que fue amigo de Jorge Antonio.
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