A 16 años, ¿quién asesinó a Óscar Rivera?
El silencio cómplice de Ejército y Gobierno

Ayer se cumplieron 16 años desde que ocurrió el asesinato del periodista Óscar Rivera Inzunza mientras se desempeñaba como vocero del operativo México Seguro que realizaban militares y policías estatales. Más de tres lustros de silencios, complicidades y secrecías que han tendido la enorme cortina de impunidad que evita saber quiénes y por qué cometieron el crimen, dándole vuelo a la sospecha de que tal vez Ejército y fuerza pública estatal estuvieron implicados en aquel acto violento de 2007, al menos por omisión.

Llama la atención que nadie, ni el gobierno de Jesús Aguilar Padilla o los mandos regionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, movieron un solo dedo para que se le hiciera justicia a quien les sirvió con empeño y la discreción propia de la naturaleza de la función informativa. El que también fuera reportero de Noroeste y presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio fue llevado al paredón, así literalmente, como pago a los servicios profesionales prestados, por ello la duda del posible atentado perpetrado desde las instituciones a las que Rivera servía, vaticinio que se descartará si la carpeta de investigación es reabierta y emerge la verdad.

El tiempo transcurrido y la inacción legal dan cuenta de la situación de alto riesgo para el periodismo sinaloense, igual ayer como hoy. Los trabajadores del sector prensa recibimos año con año del caso Óscar Rivera el aviso de que falta ir más lejos en los medios de protección, fortaleciendo lo logrado y no queriendo derribar lo poco, endeble aún, construido por nosotros mismos. La víctima, sus hijos, esposa, padres y hermanos representan el recordatorio terrible de la fragilidad de un oficio, un gremio y la sociedad entera porque los diferentes modos de delincuencia se envalentonan cuando la ley se ausenta.

La labor del periodismo sinaloense lleva varias décadas realizándose bajo amenazas, variando únicamente el tipo de armas con que es encañonada, desde el plomo fulminante hasta la agresión cobarde que con maledicencias pretende devastar la dignidad y credibilidad de periodistas y medios para que el criminal los vea vulnerables y se anime a atacarlos. De la maligna regla de “calumnia, que algo queda” pasamos a la incitación de “tú haz la injuria y otro entenderá el llamado a la aniquilación”.

Como muestra del tamaño de la nueva forma de acometida, ahí está la extensa y onerosa red de la detracción con que cuentan la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Partido Sinaloense, evidenciada en la investigación realizada por Noroeste con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency. Se trata de al menos ocho portales o páginas de Facebook, diez comunicadores y dos operadores de publicidad, que reciben todos recursos de la UAS.

O si a alguien le hacen falta pruebas de los ataques al periodismo, los hallará en el informe que el viernes 1 de septiembre rindió la directora del Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, registrando 214 medidas de protección en un año, de las cuales 56 por ciento son en amparo a miembros de la prensa y 44 por ciento de personas defensoras, así como 117 acciones de acompañamiento, 52 capacitaciones en materia de prevención 7 convenios de colaboración con instituciones afines.

En medio del balance amargo de la situación del periodismo en Sinaloa, destaca la enorme faena que viene para el IPPPDDHyP en salvaguarda a activistas y comunicadores. Es la evidencia de lo que debemos avanzar, reconociendo que hace un año partíamos de cero y en la actualidad hemos dado pasos hacia la meta ansiada, lejana pero posible. Sobresale además el pliego de aportaciones que le falta cristalizar al Congreso del Estado cuyo presidente de la Mesa Directiva, Diputado Ricardo Madrid, ofreció seguir legislando para generar herramientas que mejoren el estado de cosas a favor de los periodistas y defensores de derechos humanos.

No olvidemos que el Instituto y la Ley de Protección emergieron debido a la persistencia de los dos gremios cuya vulnerabilidad es terrible y no abarca solamente a los que hoy son atendidos o solicitan atención sino a muchos integrantes del ombudsman y periodismo que forman parte de la cifra negra de agredidos. Nadie ha dicho que ya estamos donde queremos estar; la actualidad y autenticidad nomás referencian la lucha que falta por librar.

Y esto, avance y retos, hay que sacarlo a relucir cada vez que tengamos que honrar la memoria de los periodistas y activistas caídos en el cumplimiento del deber y que enseguida volvieron a morir por los cañonazos de impunidad disparados por la anti justicia. Óscar Rivera era el vocero de los soldados y policías cuya misión era la de combatir al crimen, pero que de alguna manera, por intereses aviesos, pudieron haber disparado también contra él, mal presentimiento que se sostendrá hasta que sepamos la verdad.

La eterna súplica postrera,

De los que andamos en la brega,

Es justicia a Óscar Rivera,

Y no más ataques al colega.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, que preside Lidia Oralia Sarabia, se pronunció ayer en el caso Óscar Rivera al deplorar la lastimosa impunidad en que vivimos. “Esa es la justicia que reciben periodistas, ciudadanos y todo aquel que sufre un hecho lamentable. Ni los anteriores, ni los actuales encargados de la procuración de justicia ofrecen un resultado diferente. Nos duele aceptarlo, nos duele que esto no cambie. Nadie merece morir así, todos merecen y reclaman justicia”.