A defender un estado santuario

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    omar_lizarraga@uas.edu.mx
    La inmigración mexicana en el estado de Florida, se podría decir que es reciente, fue en el año 2000 cuando esta se disparó, pasando de 55 mil mexicanos en el año 1990, a 280 mil en el año 2015. Y se calcula que hasta la fecha radican ahí cerca de 700 mil mexicanos, la mayoría de ellos (65 por ciento) son indocumentados que trabajan en la construcción, en el sector servicios y en la agricultura.

    Los estados (ciudades o condados) santuario en Estados Unidos son sociedades que tienen políticas públicas diseñadas para limitar el involucramiento de la autoridad migratoria federal en instituciones educativas, sanitarias y/o laborales, protegiendo de esta manera, a los inmigrantes indocumentados de una posible deportación o detención.

    Ciudades como Seattle, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Denver, Chicago o San Francisco, son algunos de estos santuarios. En ellas, las autoridades locales no tienen permitido solicitar documentos de status migratorio en las instituciones públicas o privadas. Cualquier individuo, sin importar su status migratorio, debe ser atendido médicamente en los hospitales; los jóvenes pueden ser inscritos en las escuelas como cualquier otro ciudadano y sus padres emplearse sin la estricta obligación de mostrar una visa de trabajo.

    Estas ciudades son un “imán” para inmigrantes irregulares, pues aquí pueden acceder a todos los servicios públicos sin necesidad de esconderse de la policía o de la migra. Por lo general son ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, aunque han existido excepciones.

    El estado de Florida, era hasta el día de antier, primero de julio, un estado Santuario. Ahora dejó de serlo al entrar en vigor la nueva Ley SB1718, también llamada Ley Antiinmigrante, promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

    Esta medida consiste entre otras cosas, en una pena de hasta quince años de prisión, si una persona transporta en su automóvil a una persona indocumentada, sin importar si se trata de una esposa, un hijo o un amigo.

    También consiste en multas y penalizaciones a toda compañía que contrate a inmigrantes indocumentados. Y a las empresas con más de veinticinco empleados se les obliga a verificar electrónicamente (e-verify) a todos sus trabajadores, con el objetivo de revisar su status migratorio.

    Las licencias de conducir de otros estados para personas indocumentadas ya no son válidas en Florida, y quienes conduzcan con ellas pueden ser multados, detenidos y deportados. Pero tal vez lo más grave es que los hospitales y escuelas requerirán ahora, que todos los pacientes y alumnos comprueben su estancia legal para ser atendidos.

    Esta medida es sumamente preocupante para la población latina, ya que en ese estado cerca de la mitad de su población se considera hispana. En Miami, es aún más la población de este origen, con cerca del setenta por ciento. La mayoría son cubanos, seguidos de haitianos, mexicanos, colombianos y jamaiquinos.

    La inmigración mexicana en el estado de Florida, se podría decir que es reciente, fue en el año 2000 cuando esta se disparó, pasando de 55 mil mexicanos en el año 1990, a 280 mil en el año 2015. Y se calcula que hasta la fecha radican ahí cerca de 700 mil mexicanos, la mayoría de ellos (65 por ciento) son indocumentados que trabajan en la construcción, en el sector servicios y en la agricultura.

    En las próximas semanas o meses veremos qué estrategias emplean nuestros paisanos que viven y trabajan en Florida. La experiencia en otras ciudades con gobiernos antiinmigrantes es que toman una de estas tres decisiones: 1. Migran a otros estados más progresistas y amigables con la población migrante; 2. Permanecen ahí, viviendo en las sombras y con el temor permanente de ser deportados en cualquier momento; o 3; Salen a las calles, dejando el miedo atrás, a exigir y defender las libertades y derechos civiles que proclama históricamente un país meritocrático y altamente democrático. Esperemos que prevalezca ésta última.

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