A demandar al Estado y municipios
La semana pasada entró en vigor la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Sinaloa.
Dicha ley es una copia de la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado y regula la forma en cómo los ciudadanos podemos demandar al estado y municipios de Sinaloa, incluyendo organismos descentralizados, para que paguen los daños causados por actividad irregular del estado.
La responsabilidad patrimonial del estado y municipios no es poca cosa, el famoso caso NAFTA consistió precisamente en una reclamación de este tipo y le costó al Ayuntamiento local varios millones de pesos.
En términos muy generales, el procedimiento para reclamar la responsabilidad patrimonial del estado y municipios consiste en presentar la reclamación correspondiente ante el órgano de Gobierno que se estima causó el daño y si la respuesta es negativa, presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
De esta manera, si usted estima que alguna actividad irregular del estado, como por ejemplo no atender baches en las calles y avenidas, le causan un daño a su vehículo, puede usted reclamar que se lo paguen y no quedarse solo haciendo corajes.
Otro ejemplo pueden ser los daños que se le causen por fugas de drenaje, cuando tales fugas afectan su salud o bienes.
Incluso puede demandar responsabilidad patrimonial del Estado cuando es injusta e ilegalmente molestado por el Ministerio Público o Fiscalía, involucrándolo sin causa justificada en alguna carpeta de investigación.
Otro ejemplo en donde usted puede reclamar responsabilidad patrimonial del Estado es cuando, aun contando con un permiso o licencia en regla, ilegalmente clausuran su negocio o construcción.
Los daños y perjuicios derivados de la actividad irregular del Estado que pueden ser reclamados mediante la ley que le platico, pueden llegar a ser millonarios, así que vale la pena tener en mente este camino legal por si se llega a necesitar.
La ley no es perfecta (ninguna ley lo es) y aunque es una copia de la ley general, establece expresamente la posibilidad de demandar al Estado y municipios así que, si se da el caso, tiene una herramienta legal a su alcance que debe aprovechar.
