A las urnas: Morena, PAN, PRI... y CJNG

    El tema es más que preocupante porque igual sucedió con muchas otras áreas de la actividad económica y política: primero de manera excepcional y luego de forma sistemática, el crimen organizado comenzó a controlar aduanas, la piratería en alta mar, la extorsión en antros y comercios de las grandes urbes, las organizaciones de tianguis y mercados, el contrabando industrial de los combustibles y un largo etcétera.

    No es la primera vez que participa en las campañas el crimen organizado (y no me refiero a partidos políticos que desde siempre han organizado crímenes y delitos electorales). Recordemos el asesinato en Tamaulipas del priista Rodolfo Torre, quien seis días antes de la elección fue emboscado y acribillado junto a media docena de guardias y colaboradores, hace 11 años. Se asegura que fue sentenciado tras su rechazo al acuerdo que proponía en ese momento el cártel local. Entró en su reemplazo el hermano del ajusticiado, al parecer de talante más “conciliador”; el crimen quedó impune a falta de mayor ahínco en la investigación y los cárteles siguieron profundizando su control sobre la región.

    Quizá no ha habido desde entonces un atentado de esta magnitud por parte de los narcos en materia electoral, pero ha sucedido algo mucho más grave: lo que parecía una excepción se está convirtiendo en una práctica común en territorios cada vez más amplios. El tema es más que preocupante porque igual sucedió con muchas otras áreas de la actividad económica y política: primero de manera excepcional y luego de forma sistemática, el crimen organizado comenzó a controlar aduanas, la piratería en alta mar, la extorsión en antros y comercios de las grandes urbes, las organizaciones de tianguis y mercados, el contrabando industrial de los combustibles y un largo etcétera.

    La estadística confirma que este cáncer también está avanzando en los comicios locales. Una treintena de candidatos han sido asesinados en las últimas semanas y se estima que otros doscientos habrían sido víctimas de secuestros y presiones explícitas. Y si esa es la punta del iceberg, solo podemos suponer que cientos más de aspirantes a presidencias municipales habrían preferido aceptar en silencio y no denunciar las amenazas recibidas.

    ¿Qué buscan los narcos con esta creciente participación en los comicios? Lo mismo que antes, solo que ahora lo hacen con más vehemencia gracias a la impunidad: el control territorial en temas de seguridad pública local. Estar en condiciones de colocar a un personero como jefe de la policía municipal es la mejor manera de asegurar protección; no hace falta gastar tanto en sicarios si se cuenta con los propios policías para hacer el trabajo sucio. Y, en efecto, cada vez se conocen más casos en los que los gendarmes municipales detienen y entregan a las víctimas señaladas por los cárteles y operan como grupo de choque para evitar la entrada de rivales en la plaza. En ocasiones simplemente basta con que el director de Seguridad se haga de la vista gorda de la nómina paralela que corre entre los policías, por no hablar de los muchos casos en los que el propio jefe está en esa nómina. La fórmula plata o plomo nunca había sido tan efectiva porque ambas se ofrecen a granel. Lo único que pone en riesgo ese productivo arreglo es el arribo de alcaldes ajenos a estas negociaciones, sea por ingenuidad o por valor cívico. De allí las ejecuciones y amenazas.

    ¿Esto va en camino de convertir a México en un narco Estado? Sí, y no. Los municipios forman parte del andamiaje del Estado y en ese sentido no es cosa menor el hecho de que los cárteles locales se hagan del control del aparato de seguridad de los ayuntamientos. Ahora bien, no hay aún un diseño explícitamente político o una agenda más ambiciosa, más allá del control regional en temas puntuales. A diferencia del caso de Pablo Escobar en Colombia, quien pretendía modificar leyes (entre otras la de extradición), para lo cual financiaba campañas políticas y buscaba colocar incondicionales en el Congreso, los capos mexicanos tienen objetivos más pedestres. Lamentablemente podemos dar por asumido que, si consiguen controlar ayuntamientos, comenzarán a encontrar “áreas de oportunidad de negocios” en otros aspectos de la administración pública: contratos de obras, expropiación “legal” de ranchos y comercios, invasiones toleradas, manipulación de registro público de la propiedad, control de tesorería e incluso de impuestos locales. Una vez aprendido el modo de operación y abierto el apetito, la tentación de escalar será irrefrenable.

    Todo indica que aún no existe el caso de un Gobernador que puntualmente haya sido designado por los cárteles o responda incondicionalmente a ellos. Pero muchas circunstancias llevan a pensar que un buen número de mandatarios ha aceptado no meterse en su camino y dejarlos operar libremente, bajo el pretexto de que las actividades y delitos vinculados con el crimen organizado son de competencia federal. Lo cual solo en parte es cierto, toda vez que la nómina de crímenes abarca ya todo el código penal. El problema con este arreglo es que no es estático: ¿cuánto tiempo va a transcurrir antes de que los cárteles regionales pasen del interés de controlar gobiernos municipales a controlar gobiernos estatales?

    Más allá de la polémica sobre la creación de la Guardia Nacional, imposible de abordar en esta ocasión, había una idea atractiva en el objetivo de recuperar las regiones que se habían perdido a manos de este mosaico de cárteles en el que se fragmentó el crimen organizado. La creación de una fuerza permanente y significativa a través de la construcción de más de 200 cuarteles parecía un primer paso para la reconquista de esos territorios. Una propuesta interesante, tras el fracaso de la estrategia intentada durante 12 años con efímeras incursiones del ejército en regiones rurales de Michoacán, Guerrero o Chihuahua, que eran recuperadas por el narco en cuanto los militares se retiraban para ir a otro sitio.

    Sin embargo, a medio sexenio de la 4T no se observa algún cambio. Por el contrario, continúa la inercia de expansión de los criminales. El despliegue de la Guardia ha sido mucho más lento de lo que se había anunciado y, por otro lado, López Obrador parece decidido a no convertir en prioridad la disputa activa por el territorio. La timidez con la que opera el nuevo cuerpo de seguridad llevaría a pensar que, o se encontraron una resistencia que los supera o asumieron que la sola presencia física de los militares y cuarteles permanentes retraería a los criminales y se evitaría así un baño de sangre. Obviamente tal premisa está fallando.

    En suma, hay algo alarmante que no debemos perder de vista en las elecciones que vienen, pese a que la atención esté puesta en la confrontación de dos visiones de país en las urnas. Los actores políticos se disputan a gritos el poder desde las tarimas de la arena pública, sin darse cuenta de que algo siniestro y peligroso está cercenando los pilotes sobre los cuales están parados.