A Sinaloa le urge legislar para separar (la basura)
En Sinaloa somos expertos en producir: producimos tomates, granos, mariscos y, lamentablemente, también producimos una cantidad bárbara de desechos. Cada día, entre los que vivimos en Culiacán, Mazatlán y el resto de los municipios, mandamos unas 3,000 toneladas diarias de “algo” a los basurones. Y digo “algo” porque, científicamente hablando, la basura no existe; lo que tenemos es un desorden de materiales valiosos que, al mezclarlos, se vuelven un problema ambiental de primer nivel.
Cada día, el estado genera cerca de 3,000 toneladas de desechos, y la ciencia es tajante al respecto: si seguimos revolviendo todo, estamos convirtiendo recursos valiosos en una bomba de tiempo ambiental. Separar la basura no es un capricho ecológico o una simple sugerencia ética, sino un imperativo biológico y técnico para que nuestro estado no colapse bajo el peso de su propia huella, transformando el modelo actual de “enterrar dinero” en un sistema de economía circular.
El problema fundamental de mezclar la basura radica en una reacción química descontrolada que ocurre en nuestros basurones. Cuando los residuos orgánicos (que representan casi la mitad de lo que tiramos) se juntan con plásticos, metales y químicos, se generan lixiviados. Éstos son líquidos altamente tóxicos que, por gravedad, se filtran al subsuelo. En un estado como el nuestro, donde la agricultura depende de la pureza de nuestros mantos freáticos, permitir que el plomo o el cadmio de una pila vieja contamine el agua que regará nuestros tomates es un riesgo inaceptable para la salud pública. Además, esta mezcla en descomposición produce gas metano (CH4), un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el CO2. Al separar lo orgánico para generar composta o biogás, no solo reducimos el riesgo de incendios espontáneos en rellenos sanitarios como los de Culiacán y Mazatlán, sino que frenamos la emisión de partículas suspendidas (PM2.5 y PM10) que dañan directamente nuestros pulmones, reduciendo enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Legalmente, el camino ya está trazado, aunque poco transitado. La Ley de Residuos del Estado de Sinaloa y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable establecen que la gestión integral es una prioridad de interés público. A nivel federal, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) obliga a los municipios a transitar hacia la valorización. Tenemos el ejemplo claro de la Ciudad de México, donde la norma NADF-024-AMBT-2013 institucionalizó la separación en cuatro categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables, no reciclables y de manejo especial. En la capital, esto permitió crear plantas de selección masiva que rescatan materiales para reinsertarlos en la industria; en Sinaloa, aplicar un rigor similar evitaría tragedias ambientales como la contaminación de nuestros esteros y extendería la vida útil de nuestros saturados sitios de disposición final.
Para que este sistema sea realmente eficiente en el contexto sinaloense, no basta con la buena voluntad; se requiere una metodología técnica rigurosa que empiece en la cocina. El sistema ideal divide la materia en flujos limpios: los orgánicos deben ir por separado para convertirse en abono que devuelva nutrientes a nuestros suelos erosionados; los inorgánicos como el PET, aluminio y cartón deben entregarse limpios y secos para no perder su valor termodinámico; y los de manejo especial, como electrónicos, deben seguir rutas críticas para evitar que el litio de sus baterías reaccione con el ambiente. Un sistema eficiente requiere que el gobierno estatal y los municipios inviertan en recolección diferenciada (días específicos para cada tipo de residuo), asegurando que el esfuerzo ciudadano de separar no se pierda al llegar al camión recolector.
En última instancia, separar la basura en Sinaloa es pasar de un modelo lineal de “extraer, usar y tirar” a uno circular donde el residuo de un proceso es el insumo del siguiente. La ciencia nos advierte que el modelo de “basurón” es insostenible y la ley ya nos da las facultades para cambiarlo. Al adoptar esta disciplina, protegemos la calidad del aire que respiramos en el malecón y la pureza del agua de nuestros valles. Es, en esencia, un acto de inteligencia colectiva: dejar de fabricar basura para empezar a gestionar recursos, garantizando que la riqueza de Sinaloa no termine enterrada, sino reintegrada en un ciclo de vida que sostenga a las futuras generaciones de sinaloenses.
