Por más que le buscamos, no entendemos el empecinamiento de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en dañar los salarios de los trabajadores jubilados y activos, con el fin de resarcir el déficit financiero por el que atraviesan las finanzas de esta institución de educación superior en el estado. Y, menos, cuando la opinión pública conoce el origen de ese descomunal déficit; con mucha razón señalan reiteradamente los trabajadores que no es justo que paguen justos por pecadores.
Es un caso atípico por donde se analice, por no decirlo más plásticamente: una aberración. Nos preguntamos por qué no se han pronunciado los órganos de justicia social y de derechos humanos, porque se trata, a todas luces, de un atentado laboral, una medida autoritaria, disfrazada con la pomposa palabra de “reingeniería”. Que aún haya quien le otorgue cierta “viabilidad” a esa arbitrariedad es una contradicción, aun más notable en un estado gobernado por la cuarta transformación. ¿Dónde quedan los principios de justicia social que el partido Morena ha postulado? ¿Por qué no se retoman las palabras del glorioso fundador de este partido?, palabras que son el eje rector de gobernanza: ¡por el bien de todos, primero los pobres! ¿Qué es lo que está pasando en este estado? ¿De ese tamaño es la incongruencia política?
Aquí en Sinaloa lo que la Rectoría de la UAS pretende llevar a cabo es un caso típico de neoliberalismo, que durante el periodo de 36 años sumió en la pobreza a millones de mexicanos. Ese modelo se impuso en el país durante el negro periodo de Salinas de Gortari, donde se volvió una regla atentar contra los derechos laborales, recortar salarios y prestaciones ganadas en los contratos colectivos de trabajo.
La pretensión del Rector de la UAS de bajar el sueldo a los trabajadores, jubilados y activos, mediante el descuento de sus salarios es, por decir lo menos, un atropello a los derechos laborales. Queremos creer que esa medida anacrónica, atentatoria de los derechos laborales e incluso políticos, no pasará. No olvidemos que Sinaloa está gobernado por un gobierno de la cuarta transformación, no puede ser posible que en un gobierno emanado del partido Morena se permita atentar de esa manera contra los salarios de los trabajadores universitarios, sería una inconsecuencia con la política que postula este partido, el cual gobierna a la mayoría de los ciudadanos de este país.
Esperamos ver, por parte de los órganos de gobierno y de justicia, una postura congruente con lo que se pregona en el discurso, debe demostrarse en la realidad que se cuenta con un gobierno que protege a los trabajadores sin ninguna duda, los postulados progresistas tienen que quedar de manifiesto en una solución favorable a los trabajadores en el actual conflicto iniciado por Rectoría. Y, sobre todo que, en lo sucesivo, jamás se vuelva a presentar una situación similar.
Rectoría no puede presentase al final de cada año con la cantaleta de que no tiene con qué pagar las prestaciones que, por Ley, la Universidad está obligada a pagar a sus trabajadores, y menos que esto sirva como chantaje, sino como prueba de sus malos manejos. Debe establecerse una rigurosa transparencia en el manejo de los millonarios recursos que puntualmente recibe la UAS, por concepto de subsidio del Gobierno federal y del Estado; nada justifica que al final de año falten recursos para pagar las prestaciones de los trabajadores.
Tiene la administración de la UAS que establecer un estricto control de los recursos públicos que maneja y mostrar un uso transparente de sus finanzas mediante auditorias verdaderas, hechas por la Auditoría Superior de la Federación, de tal manera que no quepan dudas en el manejo de los recursos que entran y salen de las arcas de la Tesorería de la Universidad; allí está la raíz del problema que recurrentemente viene suscitándose.
El caso es sencillo: cuestión que Rectoría establezca un nítido método contable y rinda cuentas a la sociedad del destino del subsidio que administra. Con la debida transparencia y el control vigilante de la sociedad se acaba el problema, todo debe marchar sobre ruedas, así como funcionan todas las instituciones del estado de la Unión, con transparencia, con rendición de cuentas en el manejo de las finanzas públicas.
La transparencia en el manejo de los dineros públicos es esencial, no se puede permitir suspicacias ni manoteo en los recursos que entrega el gobierno sin ningún retraso; como dice el pueblo: cuentas claras y amistadas largas.
