Aliados bajo sospecha en la nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos

En mayo de 2026, la administración de Donald Trump publicó dos nuevas estrategias nacionales que complementan la llamada Doctrina Donroe: la Estrategia Nacional Contraterrorismo y la Estrategia Nacional de Control de Drogas. Dos documentos que, leídos en conjunto, confirman que América Latina ha dejado de ser una región aliada en materia de seguridad y política de drogas, para convertirse en un territorio de contención, vigilancia e intervención.

El elemento central de este nuevo paradigma de seguridad es la construcción de una narrativa en la que Estados Unidos se concibe a sí mismo como una nación asediada por amenazas que tienen su origen, principalmente, en América Latina. Bajo esta lógica, fenómenos de naturaleza distinta, como la migración, el crimen organizado y el terrorismo, son presentados como parte de un mismo problema de seguridad nacional, lo que diluye las diferencias conceptuales, jurídicas y políticas que existen entre ellos.

El narcotráfico pasa a concebirse como una amenaza existencial para la seguridad nacional. Estados Unidos afirma que actuará junto con gobiernos que estén dispuestos y sean capaces de colaborar, pero también señala que, si ciertos gobiernos “no pueden o no quieren hacerlo”, tomará igualmente “las medidas necesarias”.

La narrativa que señala a gobiernos latinoamericanos como incapaces, permisivos o cómplices de organizaciones criminales abre la puerta a justificar presiones diplomáticas, sanciones económicas, operaciones de inteligencia e incluso acciones extraterritoriales bajo argumentos de legítima defensa o protección de la seguridad nacional estadounidense.

En este panorama en el que América Latina vuelve a convertirse en una geografía de riesgo, se impone una relación profundamente asimétrica. Mientras Washington se reserva la facultad de definir cuáles son las amenazas, cómo deben enfrentarse y qué resultados son aceptables, México y Colombia quedan sujetos a mecanismos de evaluación y presión sobre los que tienen escasa capacidad de incidencia.

México y Colombia enfrentan presiones distintas, pero que responden a la misma lógica de demostrar resultados medibles en la guerra contra las drogas o asumir las consecuencias de no hacerlo. La valoración de dichos resultados no responde necesariamente a criterios objetivos o consensuados, sino que queda en buena medida sujeta a la discrecionalidad de las autoridades estadounidenses y de Donald Trump, quienes conservan la facultad de definir unilateralmente qué constituye un desempeño satisfactorio. La cooperación deja de ser una relación entre socios para convertirse en un esquema de condicionamiento político.

En el caso de México, la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras habilita operaciones de inteligencia, vigilancia, sanciones financieras y acciones extraterritoriales. Trump ha amenazado públicamente con bombardear objetivos en territorio mexicano, agencias de inteligencia estadounidenses operan en suelo mexicano sin autorización del Estado, las extradiciones se han acelerado y en varios casos se han realizado entrega de personas sin ningún sustento legal. Todo esto sucede mientras se aproxima la revisión del T-MEC, lo que convierte la cooperación antidrogas en moneda de cambio comercial. México es presentado como socio necesario, pero tratado como Estado cuya lealtad se pone a prueba a base de condicionamientos y no de una alianza entre pares.

Colombia tampoco escapa a esa lógica. Como mayor cultivador de hoja de coca y productor de cocaína del mundo, es objetivo prioritario dentro de este paradigma. En zonas fronterizas como Nariño y Putumayo, la posibilidad de que países aliados de Washington participen en operaciones militares sin autorización del Estado colombiano ya dejó de ser hipotética. Las explosiones en laboratorios artesanales en Tumaco generan preguntas que nadie ha respondido sobre la participación de actores externos. Los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, ejecutados sin identificación previa de los tripulantes y sin posibilidad de rendición, son ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. El temor frente a la injerencia de poderes estadounidenses se vuelve más palpable ante el evidente ascenso de la ultraderecha al poder en la región.

Estados Unidos conoce los límites de la prohibición y aun así insiste en perpetuarla

No obstante, esta dinámica no puede entenderse únicamente como una imposición externa. En la región, incluidos nuestros países, las presiones estadounidenses han funcionado también como incentivos para reforzar narrativas de amenaza, pues estas facilitan la justificación de despliegues militares y la continuidad de políticas asociadas al sistema de prohibición, aun cuando sus objetivos no coinciden plenamente con la lógica estadounidense.

La asimetría también se refleja en la forma en que Estados Unidos distribuye responsabilidades y soluciones. Las mismas estrategias reconocen que armas fabricadas en Estados Unidos alimentan la violencia de los cárteles en México, pero proyectan decomisar apenas 4,200 en 2026, mientras cada año ingresan ilegalmente entre 200,000 y 1 millón.

Del mismo modo, mientras dentro de sus propias fronteras el consumo problemático de drogas es abordado como una crisis de salud pública, ampliando el acceso a naloxona y a tratamientos con metadona y buprenorfina, hacia América Latina se sigue exportando y exigiendo una doctrina centrada en la coerción y el castigo. La relación en la región con el país del norte se establece midiendo arrestos, decomisos y extradiciones, y no en la reducción de la violencia, la protección de derechos o la preservación de vidas.

Parece que Estados Unidos conoce los límites de la prohibición y aun así insiste en perpetuarla. Y no porque funcione, sino porque sirve para presionar, para condicionar, para mantener a los gobiernos de la región en una posición donde la única salida visible es plegarse. Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, ya eligieron ese camino.

Llevamos meses viviendo la materialización de una paradoja en la que, mientras la región es presentada cada vez más como una fuente de amenazas, Estados Unidos difícilmente puede alcanzar sus objetivos sin la colaboración de los mismos países a los que busca presionar. La pregunta más difícil es cómo protegernos cuando la presión por resultados se impone sobre cualquier consideración de derechos. Cuando extraditar vale más que garantizar la verdad, cuando erradicar cuenta más que consultar.

Los autores: María Alejandra Saavedra es economista y abogada de la Universidad de los Andes e investigadora en Elementa DDHH Colombia. E Isaías Pablo Tolentino es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en Elementa DDHH México. Redes: @ElementaDDHH