Apuntes sobre las anomalías en las cifras de delitos

La seguridad en México sigue siendo uno de los temas más preocupantes para la población. Según el informe “Incidencia 2018-2024... y algunas anomalías“, elaborado por Causa en Común (1), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha profundizado la militarización de la seguridad pública, debilitado a las corporaciones policiales y reducido la transparencia en los datos oficiales sobre criminalidad. Estas acciones han resultado en una percepción de inseguridad elevada y en la distorsión de la información sobre la incidencia delictiva.

El subregistro de los delitos es grave e impacta en la certidumbre de los datos oficiales. De acuerdo con el Inegi, el 93 por ciento de los delitos en México no se denuncian o no generan una investigación oficial, lo que significa que sólo el 7 por ciento de los delitos son conocidos y reportados por las autoridades. Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha sido señalado por el uso de subcategorías ambiguas para reclasificar y diluir el impacto de algunos delitos de alto impacto, reduciendo artificialmente las cifras oficiales de violencia en el País.

Finalmente, el Gobierno federal ha recurrido a comparaciones con máximos históricos para mostrar aparentes reducciones en homicidios, además de mezclar cifras del Inegi y del SESNSP para presentar una disminución engañosa del 7 por ciento en los asesinatos de 2024 respecto a 2023. Sin embargo, los mismos datos oficiales indican que la violencia homicida no ha disminuido realmente. De acuerdo con el SESNSP, en 2024 se reportaron 30 mil 057 víctimas de homicidio doloso, un 1 por ciento más que las reportadas en 2023.

Los cinco estados con más homicidios dolosos en 2024, de acuerdo con el SESNSP, fueron:

- Guanajuato: 3,151 víctimas

- Baja California: 2,368 víctimas

- Estado de México: 2,258 víctimas

- Chihuahua: 2,004 víctimas

- Jalisco: 1,804 víctimas

Además, se han identificado anomalías que apuntan hacia la probable reclasificación de los homicidios dolosos hacia otros delitos. Por ejemplo, en 2024 en Zacatecas, los homicidios dolosos disminuyeron un 49 por ciento, mientras que los homicidios culposos (no intencionales) aumentaron un 30 por ciento, con respecto a 2023. En el mismo periodo Puebla reportó que los homicidios culposos aumentaron un 136 por ciento, lo que sugiere una posible manipulación de cifras.

La categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad” también reporta incrementos anómalos con respecto a los homicidios dolosos. Entre 2018 y 2024, al tiempo que las víctimas de homicidio doloso han disminuido 11 por ciento, las de “otros delitos contra la vida y la integridad” han aumentado 102 por ciento. En 2024, hay entidades en las que el número de víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad” es superior a las de homicidio doloso. Por ejemplo: Baja California Sur y Ciudad de México reportaron, respectivamente 69 y 918 víctimas de homicidio doloso, en contraste con 345 y mil 127 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad”.

El feminicidio es otro delito con un alto grado de subregistro. En 2024 se reportaron 829 víctimas, un 3 por ciento menos que en 2023. Sin embargo, la falta de homologación en los códigos penales estatales genera variaciones extremas en la clasificación de los asesinatos de mujeres. Mientras que en estados como Yucatán y Coahuila el 70 por ciento de los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidios, en Guanajuato solo el 4 por ciento recibe esta clasificación.

Las desapariciones también han aumentado de manera alarmante. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2024 se reportaron 13,449 personas desaparecidas, un 30 por ciento más que en 2023. A pesar de ello, el gobierno de López Obrador intentó reducir artificialmente estas cifras mediante un “censo” que rebajó la cifra oficial a 12 mil 377 desapariciones, violando la ley en materia de desaparición forzada.

- Estado de México: 2,226 personas desaparecidas

- Ciudad de México: 1,697 personas desaparecidas

- Michoacán: 839 personas desaparecidas

- Sinaloa: 740 personas desaparecidas

- Sonora: 729 personas desaparecidas

Dada la dinámica actual que ha adquirido la desaparición de personas, en el cruce de las disputas entre organizaciones criminales, un indeterminado número de personas ya fallecidas pudieran estar incluidas en el RNPDNO. En ese sentido, llaman la atención casos de entidades en las que la disminución de los homicidios dolosos está emparejada con un aumento en las desapariciones. Por ejemplo, en 2024, Durango y el Estado de México reportaron disminuciones del 24 y 13 por ciento en el número de víctimas de homicidio, en contraste con aumento del 75 y 28 por ciento en el número de personas desaparecidas.

El informe también señala la manipulación en otros delitos graves:

- Secuestro: Se reportaron 894 víctimas en 2024, un 6 por ciento más que en 2023, pero muchas de estos registros podrían estar siendo reclasificadas como “otros delitos contra la libertad”.

- Trata de personas: Se registraron 807 víctimas, pero hay estados como Querétaro, Morelos y Nayarit que solo reportaron una víctima en todo el año, mientras que Quintana Roo concentró el 25 por ciento del total nacional.

- Extorsión: El delito aumentó significativamente en estados como Sinaloa (+88 por ciento), Coahuila (+70 por ciento) y Chihuahua (+60 por ciento).

- Narcomenudeo: A pesar de una tendencia ascendente a lo largo del sexenio, algunos estados como Chiapas (-34 por ciento) y Colima (-31 por ciento) reportaron reducciones sospechosas.

- Violencia familiar: Este delito ha alcanzado cifras récord, con la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León encabezando la lista de estados con mayor incidencia.

Los signos de probable manipulación detectados en las cifras de incidencia delictiva, sumado a los problemas de subregistro de los delitos, generan incertidumbre sobre la exactitud y veracidad de los reportes oficiales. Queda claro que estos últimos no reflejan la realidad delictiva que vive el país, sino que -por el contrario- parecen hechos con el propósito de legitimar una narrativa oficial que niega la persistencia de niveles de violencia y criminalidad inadmisibles.

1. Incentivar la denuncia ciudadana a través de plataformas digitales y mesas de trabajo vecinales.

2. Auditar los registros estatales de incidencia delictiva para detectar anomalías y manipulaciones.

3. Fortalecer las fiscalías y corporaciones policiales con mayores recursos y capacitación.

4. Promover criterios homogéneos para la recopilación de datos en materia de seguridad pública.

5. Sancionar a los funcionarios que proporcionen datos falsos o incompletos.

Mientras la opacidad y la manipulación de cifras continúen, la violencia en México seguirá siendo un problema sin una solución real. Es necesario exigir transparencia y rendición de cuentas para que las políticas de seguridad realmente atiendan la crisis que enfrenta el país.

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1. Todos los datos mencionados en este texto se sustentan en bases de datos oficiales, consultadas para la elaboración del informe previamente mencionado. Dicho informe puede consultarse completo a través de la página web de Causa en Común.

El autor es Fernando Escobar Ayala, politólogo por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.