Asaltantes acechan a usuarios de bancos
Infiltración delictiva al sistema financiero

OBSERVATORIO
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    La impunidad como regla delata la perfección criminal para cometer los despojos, que sin duda deben contar los perpetradores con la cooperación de delatores dentro de las sucursales bancarias que les avisan de la cuantía del botín que obtendrán porque los ataques se dirigen contra quienes realizan retiros monetarios cuantiosos para que los malandrines sepan que vale la pena el riesgo que corren y más cuando la fuerza pública les permite hacer, los deja ser.

    Prácticamente es un hecho en Sinaloa que cualquier persona común y corriente que acuda a la ventanilla de alguna institución financiera a realizar retiros en efectivo será despojada del dinero después de salir del banco, por delincuentes que cazan a las víctimas y tienen información exacta de las sumas de que disponen, tratándose en su mayoría los asaltados de gente que pierde los ahorros que con tantos sacrificios logró. Otra situación inequívoca es que el atracador continuará libre cometiendo otros despojos así haya en las calles miles de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal Preventiva.

    En una más de esas crónicas que son la reiteración de la ausencia de gobierno, la nota roja de algunos medios de comunicación dio a conocer que el lunes un ciudadano de Culiacán acudió al banco a retirar 50 mil pesos en efectivo y al trasladarse a su casa del sector Buenavista fue interceptado por dos sujetos que a bordo de una motocicleta le robaron el dinero mostrando pleno conocimiento del monto que portaba. La narrativa fría de la habitual condición vulnerable de la población y la dominación forzada del hampa.

    Y así sucesivamente. El 29 de noviembre de 2022 el golpe de este tipo de delincuencia le tocó a un joven que salía de una sucursal bancaria ubicada por la Avenida Ejército Mexicano, en la colonia Ferrocarrilera de Mazatlán, y fue seguido por individuos que a bordo de una motocicleta y un automóvil le cerraron el paso para quitarle 2.6 millones de pesos. El 16 de junio una jovencita acababa de retirar 50 mil pesos en el banco de una tienda departamental ubicada en el centro de Culiacán y un motociclista armado le arrebató el fruto de sus ahorros. El 30 de agosto una mujer de 64 años de edad acudió a un banco del sector Humaya en la capital del estado a retirar cien mil pesos y fue seguida por asaltantes hasta su domicilio de la colonia Agustina Ramírez donde le robaron el dinero y también el automóvil.

    La impunidad como regla delata la perfección criminal para cometer los despojos, que sin duda deben contar los perpetradores con la cooperación de delatores dentro de las sucursales bancarias que les avisan de la cuantía del botín que obtendrán porque los ataques se dirigen contra quienes realizan retiros monetarios cuantiosos para que los malandrines sepan que vale la pena el riesgo que corren y más cuando la fuerza pública les permite hacer, los deja ser.

    Sin especificar la incidencia de este tipo de ilícitos, la estadística de oficio que proporciona la Fiscalía General del Estado refiere que de enero a septiembre de 2023 se han reportado 572 robos violentos a particulares, contra 577 registrados en total durante 2023, lo cual hace suponer que en su mayoría se refieren a las personas desvalijadas de sumas económicas, aparte de aquellas que por no denunciar forman parte de la cifra negra de este delito.

    El modus operandi es el mismo: los ladrones esperan y siguen pacientemente a clientes de los bancos con la certeza total de la cantidad que éstos llevan consigo, información disponible que por elemental lógica ocasiona la hipótesis de que la delincuencia infiltró los sistemas de seguridad de del sistema financiero faltando por definir la fuente desde la cual ocurre la fuga de datos y expone la importancia de implementar la vigilancia encubierta para identificar y detener a quienes cometen los ilícitos, pero antes de que los concreten.

    Se han vuelto parte de la cotidianidad estatal tales sucesos sobre los cuales ni la Secretaría de Seguridad Pública o la correspondiente Policía Municipal parecen interesados en implementar acciones que vayan más allá de tomarles los reportes a los afectados y archivarlos en lo que ha de ser el enorme stock de asuntos intrascendentes. Inclusive para la Policía Investigadora pasan desapercibidas situaciones que en cualquier otra parte del mundo recibirían indagatorias que determinen cómo se filtra la información de cuentahabientes y montos retirados desde dentro de los bancos.

    La verdad es que la seguridad pública le concede en Sinaloa poco interés a las bandas de asaltantes que acechan en los bancos, que adquieren referencias precisas de las sumas a las que acceden los usuarios de las entidades financieras, potenciando dichas negligencias el desamparo y los peligros para los ahorradores que carecen de recursos para contar con seguridad privada, que incurren en descuidos al retirar y trasladar dinero en altas cantidades, y son presa fácil de maleantes que aparte reciben la colaboración, por omisión o contubernio, de la Policía.

    Así vivimos en la comarca cedida a ladrones que vigilan la disponibilidad del dinero y hacen gala de saber quién hizo el movimiento en las ventanillas bancarias y de cuánto recurso económico dispuso. El tamaño de esta forma de delincuencia organizada crece, mientras empequeñece la voluntad de las autoridades para hacerles frente.

    Reverso

    Quien les avisa esos morros,

    Desde las entrañas bancarias,

    Infórmenles de lo precarias,

    De nuestras cuentas de ahorro.

    Ajustes necesarios

    Aunque Sinaloa salió de la quinteta de estados con más robos de automóviles, delito que desde 2020 se estabilizó en un promedio de 3 mil 400 al año, nueve diarios, a ninguna institución o nivel del gobierno se le ha ocurrido cabildear con las agencias de seguros para que ajusten sus desproporcionadas primas a la realidad estatal. Siguen cobrando igual a cuando eran despojados cada día hasta 28 vehículos. Por ejemplo en 2017 fueron 7 mil 53 los carros robados y en 2011 los casos ascendieron a 10 mil 327. Eso sí, nuestro estado está en el primer lugar de uso de violencia en la comisión de este ilícito.

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